Por Luis Pazos
El Sistema Nacional Anticorrupción se puede volver un instrumento que garantice la impunidad de todos los altos funcionarios del actual sexenio, si el PRI logra su objetivo de imponer un fiscal “a modo”, que sea teóricamente el responsable de combatir la corrupción en los próximos nueve años. Tiempo suficiente para que prescriban los actuales delitos relacionados con la corrupción.
La presión para que el Procurador General de la República, propuesto por el Presidente y miembro del PRI, ocupe el cargo de fiscal anticorrupción es una de las causas que atrasa su nombramiento.
Desde hace años la PGR es un obstáculo para investigar la corrupción. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que la PGR ha desperdiciado los datos puestos a su disposición para investigar a funcionarios corruptos. De cada 100 expedientes turnados a la PGR, en los que se aportan datos para tipificar delitos de corrupción de funcionarios públicos, solo el 3% son consignados a jueces. El 97% duerme en los archivos de la PGR. Ver gráfico en pág. 85 del libro EPN: El Retroceso.
Solo en las investigaciones al exgobernador panista de Sonora la PGR y el SAT brindaron toda su pronta ayuda para tipificar y consignar a ese gobernador. En el caso de los gobernadores corruptos priistas son las autoridades estatales, que pertenecen a otro partido, las que acusaron inicialmente a los “gobers” corruptos, más la presión de medios de comunicación e investigaciones en otros países, las que obligaron a medio actuar a la PGR. La pasiva y tardía participación de la PGR para investigar actos corruptos de funcionarios priistas, son ejemplos de lo que pasaría si el PRI-gobierno designa un fiscal tapadera de la corrupción a su conveniencia.
La mejor alternativa es nombrar el fiscal anticorrupción hasta que entre en funciones el próximo ejecutivo y legislativo federal. Así hay mayores posibilidades de que nombren a un fiscal verdaderamente independiente para encabezar la lucha contra la corrupción. Sino tendremos un fiscal que encripte y reserve las investigaciones contra los corruptos los próximos nueve años, como pasa actualmente.
