Por Gabriela Calderón de Burgos
El legado más nefasto de la Revolución Ciudadana es un sistema de gobierno sometido a un partido único. ¿Cómo salir de esto? Hay que empezar por restarle poder al Ejecutivo y distribuirlo entre los otros organismos del Estado y la sociedad civil. Solo así se podría restaurar gradualmente el Estado de derecho, la separación de poderes, el gobierno representativo, un sistema de competencia entre distintos partidos políticos, es decir, una democracia liberal.
Sin desestimar la importancia que puedan o no tener diversas causas, no podemos desviar el foco de la discusión de un problema que nos afecta a todos: el sometimiento de las instituciones del Estado a un solo partido político. Tampoco caben propuestas tan superficiales como aquella de eliminar la figura de la Vicepresidencia, pues la calentura no está en las sábanas.
El correísmo es la continuación y profundización de un pesado legado histórico, que a pesar de los loables esfuerzos de los próceres Vicente Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo, todavía no hemos logrado superar. Rocafuerte combatió firmemente las pretensiones de perpetuarse en el poder de Juan José Flores: “...es sabido que nadie hace falta en este mundo, y que la existencia de las naciones no depende de la de un hombre, por grande que sea”. Refiriéndose a Flores y sus partidarios, agregó: “El Ecuador quiere libertad para producir y adquirir seguridad para recoger y conservar, igualdad ante la ley, porque ella es la razón soberana, la que reúne todos los intereses, los combina y amolda al bienestar general, y aun el de los partidos más opuestos. La expresión de la voluntad nacional no puede ser reemplazada por la de un club”.
Olmedo, al igual que Rocafuerte, estaba en línea con la tradición occidental, donde las constituciones lejos de ser un reflejo del poder sirven para limitarlo: “No hay peste más ominosa para los gobiernos despóticos que las constituciones, aunque no sean del todo liberales”. Así vemos hoy, que incluso con una Constitución hecha a la medida, esta le resultó incómoda a Alianza PAIS y por eso la reformaron mediante la Asamblea en diciembre de 2015.
A lo largo de la historia de Occidente, documentos como la Carta Magna y el Fuero de León sirvieron para limitar el poder. Estos documentos sentaron las bases del gobierno representativo y, puntualmente, fueron motivados por el deseo de esas sociedades de limitar el derecho del Rey sobre la propiedad de otros.
Con esto en mente, aprovechemos la consulta popular para lograr restaurar límites al poder. Considero que las preguntas propuestas por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) son las que más se acercan a esta saludable tradición occidental. Sus propuestas podrían reducirse a dos preguntas, modificando ligeramente la segunda para evitar favorecer al actual Ejecutivo: (1) Si se deben eliminar las enmiendas constitucionales aprobadas en 2015 –incluyendo la reelección presidencial–; y, (2) si se debe cesar el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, dejar sin efecto todas las designaciones realizadas por este cuerpo (evidentemente verde) y proceder a nombrar las nuevas autoridades de control mediante una terna enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, que luego las designe con un voto de las dos terceras partes.
