Por Alberto Benegas Lynch (h)
Cuando Jefferson recibió la flamante Constitución estadounidense en París, escribió que si hubiera podido introducir una reforma la hubiera concretado en la prohibición al gobierno de contraer deuda pública. Esta manifestación jeffersionana se basaba en su idea que la deuda gubernamental compromete los patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en las elecciones que entronizan al aparato estatal que contrajo la deuda.
Mucho más adelante, el premio Nobel en Economía, James M. Buchanan expresó algo similar referido a la vinculación de la deuda pública con la democracia.
En estos momentos, hay reuniones en Washington para negociar otro corrimiento del techo legal a la deuda que ahora alcanza a los veinte billones de dólares (trillones en el léxico norteamericano: veinte seguido de doce ceros). Esto significa unos setenta mil dólares por habitante y representa más del cien por cien del producto bruto.
La negociación de referencia se basa en el empecinamiento del presidente Donald Trump en construir un muro al sur del país en el límite con México al efecto de dar rienda suelta a sus veleidades xenófobas ya que el gobierno de ese país se niega a financiarlo, al contrario de lo que Trump había anunciado pomposamente en su campaña.
Estas conversaciones algunas cordiales y otras no tanto se desarrollan en el contexto de pretendidas reducciones impositivas, al tiempo que el presidente de marras apunta a elevar el gasto público con lo cual la situación fiscal empeoraría sensiblemente.
En realidad el tema de la deuda estatal se vincula a la mal llamada inversión pública que es en verdad una contradicción en términos. Como es sabido, una inversión se realiza en el contexto de evaluaciones subjetivas por parte de quienes estiman que el valor futuro será mayor que el del presente. El desatino de la denominada inversión pública nos recuerda la disposición del Dr. Alfonsín sobre el ahorro forzoso. No hay tal, se trataba de una exacción adicional.
En las cuentas nacionales debieran contabilizarse estas operaciones como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes. Seguramente no se aceptará la patraña si le arrancáramos la billetera a un transeúnte con la promesa que destinaremos el botín para invertirle el dinero. Del mismo modo ocurre con el Leviatán.
El uso de la fuerza es incompatible con la noción de invertir, es por definición un proceso voluntario.
En Estados Unidos, el otrora baluarte del mundo libre, no puede seguir ilimitadamente con la parodia de elevar el techo de la deuda y seguir gastando alegremente. No sería raro que ciertos acreedores pretendieran en algún momento recuperar el principal y no conformarse con los intereses.
En ese supuesto caso podemos vislumbrar a los patrioteros de siempre alegando que se trata de un acto de guerra. Vivir con lo que se tiene es un buen consejo.
