Por Andrea Rondón García
El pasado 21 de noviembre, el jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, informó a través de una entrevista en Venezolana de Televisión que se inició “un proceso de intervención a la empresa mayorista Makro por irregularidades en la cadena de distribución en todos los establecimientos a nivel nacional” .
Adicionalmente, según reseñó la Agencia Venezolana de Noticias, William Contreras detalló que solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación a esta empresa que también tiene “irregularidades” con respecto a los compromisos laborales hacia sus trabajadores.
Se trata de una expoliación legal
Aunque existe poca información al respecto, podemos afirmar que lamentablemente este nuevo ataque a la propiedad privada constituye una expoliación (despojo violento de la propiedad sin las debidas garantías) legal, porque nuestro ordenamiento jurídico ha sido transformado en los últimos años justamente para permitir estas violaciones a la propiedad privada.
Tanto la Ley de Precios Justos como la Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajador y de la Trabajadora dan soporte “legal” para este tipo de actuaciones, desvirtuando así el verdadero sentido de la ley, que es el de proteger y garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Así hemos denunciado desde el Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad.
Una reedición del Dakazo
Los ataques selectivos a la propiedad privada de compañías emblemáticas se iniciaron en enero de 2010 con Hipermercados Éxitos y de una forma más notoria y grotesca en diciembre de 2013 con Daka, por lo que la forma de actuar del gobierno fue identificada como Dakazo.
Este método de ataque a la propiedad privada, principalmente amparados con la Ley de Precios Justos, se reeditó en el año 2015 con Día a Día y en 2016 con Kreisel y Epk.
Lamentablemente esta crónica no termina y ahora Makro se suma a nuestro reporte en el año 2017.
La dictadura venezolana es eficaz y eficiente para sostenerse en el poder
Remitimos a los Boletines e informes del Observatorio de Propiedad, una herramienta del programa País de Propietarios de Cedice Libertad en los que se detalla la política sistemática de ataques a la propiedad privada y en los que se evidencia, tal y como advirtiera Ingo Muller y Friedrich A. Hayek en Los juristas del horror y Camino de servidumbre respectivamente, que una perversión del ordenamiento jurídico es su transformación para sostener (y no limitar) el poder del Estado, que una de las formas de hacerlo es destruir la propiedad y que los ciudadanos sean cada vez más esclavos y dependientes del Estado.
La autora es Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela y Directora del Comité de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad.
