Lula en la república de los jueces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Álvaro Vargas Llosa

La Tercera 

El Tribunal Regional Federal de la 4ta. Región -corte de segunda instancia en Porto Alegre- acaba de confirmar la culpabilidad de Lula da Silva, el ex presidente brasileño, ampliando su pena de cárcel de nueve a 12 años. Aunque todavía puede solicitar diferir la aplicación de la medida o pedir el amparo del Supremo Tribunal Federal, la trayectoria que lleva su proceso, uno de varios en marcha, apunta a que el político brasileño no podrá ser candidato a las elecciones en octubre de este año. Porque, como es sabido, la condena judicial en segunda instancia impide su candidatura.

Quienes leen, a vuelo de pájaro, los titulares de las noticias internacionales podrían tener la impresión de que se está cometiendo con Lula una injusticia. Después de todo, parece poca cosa que se lo acuse de haber recibido un departamento a cambio de favores políticos para la constructora OAS sin que haya documentos que prueben que él fue es el propietario directo o indirecto de ese tríplex del litoral paulista. Parece poca cosa, digo, en comparación con la gargantuesca corrupción de Lava Jato, ese masivo intercambio de sobornos por contratos de obra pública que tuvo a Petrobras como la cabeza de la araña durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Es importante que quienes tienen esa superficial lectura de lo que sucede con Lula comprendan, independientemente de su ideología o sus simpatías y antipatías, que el ex presidente es visto por policías, fiscales y jueces que llevan investigando el caso desde 2014 como la pieza más importante del rompecabezas. Por eso, además de la acusación de soborno relacionada con el departamento, los jueces aceptaron en todo este tiempo procesarlo por cinco denuncias hechas por los fiscales, a lo que hay que sumar otras dos acusaciones más recientes. Pueden venir varias más y, en todo caso, que la del dichoso tríplex sea la causa que está acaparando los titulares por tratarse del proceso más avanzado no desmerece la gravedad de la responsabilidad, y casi con toda seguridad culpabilidad, del ex mandatario en diversos aspectos medulares del tinglado de corrupción. Es algo que el paso del tiempo -a medida que los otros procesos avancen- irá dejando más claro.

En cierta forma los jueces del Tribunal de Porto Alegre que acaban de ampliar la sentencia que había dado el tribunal del famoso juez Sergio Moro en Curitiba ya lo adelantaron esta semana al justificar su decisión. Uno de los tres jueces, Joao Pedro Gebran Neto, por ejemplo, dijo que Lula fue “uno de los artífices, si no el principal” del esquema de contratos corruptos de Petrobras; otro de ellos, Leandro Paulsen, explicó que no se juzga a Lula por ser un político o pensar de determinada manera sino por sus delitos, añadiendo la reflexión perfectamente lógica de que el hecho de haber sido Presidente es muy grave por la “desestabilización” de la democracia brasileña. No hay mayor prueba de eso que el trauma que viven los brasileños desde 2014, cuyos efectos son la pérdida de credibilidad de todos los partidos (hay casi 30 representados en el Congreso) y el clima de revuelta popular que de tanto en tanto amenaza con barrerlo todo. Hubo incluso una destitución presidencial, no lo olvidemos.

Entendamos bien que Lula, el hombre humilde de Pernambuco que inició su carrera sindical en San Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo y llegó a la Presidencia de su país tras tres intentos frustrados, no está siendo juzgado por su fascinante biografía, sus ideas, su trayectoria o su gestión presidencial. Creer eso -o decirlo- es tener una falta de respeto insultante por los brasileños pobres. Porque son ellos las peores víctimas de la corrupción, de un sistema que, a cambio de distribuir dinero a la población en tiempos de abundancia, se da a sí mismo una licencia para convertir la creación de riqueza, el acceso al poder y el ascenso social en un comercio excluyente y vil que hace escarnio de la legalidad, la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la democracia y la neutralidad como principio del Estado. Causa histórica, hay que añadir, de que Brasil siga siendo un país subdesarrollado.

Que un ex tornero formado en el sindicalismo y fundador del Partido de los Trabajadores que desde el poder amplió los programas sociales heredados de su antecesor haya sido el centro neurálgico de una vasta práctica de corrupción no es una atenuante, como creen los que aún ven a Lula como un Cristo, sino una agravante. Porque representa una traición contra el medio social en el que se crió y formó: un medio que no estaría como está si no hubiera sido porque los políticos y sus compinches, los empresarios corruptos, los mantuvieron secularmente en esa condición al impedir durante tanto tiempo el surgimiento de instituciones estatales y privadas fuertes, y de una economía competitiva y moderna.

Lula y sus partidarios, quienes lo tienen encabezando las encuestas con más de 30% de cara a unas elecciones en las que casi con toda seguridad no podrá participar, creen que repartir dinero a los pobres justifica cobrárselo a los ricos a cambio de oportunidades de negocio. Así piensan, por cierto, tantos populistas -de izquierda o derecha- en medio mundo. La idea es que la corrupción adquiere derecho de ciudad y validez moral, y por tanto deja de ser corrupción, si es disimulada bajo un sistema distributivo asistencialista. Si ese sistema, como fue el caso entre 2003 y 2010, los años del gobierno de Lula, coincide con un periodo de bonanza internacional relacionada con las materias primas y por tanto con un ciclo virtuoso de inversión, crecimiento y empleo, la justificación de la corrupción es todavía mayor. Así, el sentido de la moral pública cambia por completo, de manera que lo único que importa para ser juzgado en términos éticos no es ser probo o corrupto, sino distribuir o no distribuir. El silogismo es sencillo: si yo reparto dinero a los demás soy un hombre moral, y como Presidente saqué de la pobreza a 30 millones repartiendo dinero, por tanto yo soy un hombre moral.

En otros lugares y tiempos, no era el asistencialismo lo que determinaba la moralidad pública sino la ideología o la doctrina. Durante otro de los grandes procesos contra la corrupción en la época contemporánea, conocido como “Manos Limpias” y ocurrido en Italia, Bettino Craxi, el líder socialista, y los jerarcas de la Democracia Cristiana justificaron sus desfalcos y tropelías con el argumento de que habían favorecido a los más necesitados o de que habían dado estabilidad democrática a su país tras la Segunda Guerra Mundial (o, incluso, de que habían impedido el comunismo de estirpe estalinista). La acción política entendida como dispensa moral es una característica del corrupto.

Si Lula quiere plantear la discusión en términos de gestión política, también sale mal parado aunque muchos brasileños tengan un buen recuerdo. El sistema populista y mercantilista, basado en un gigantesco gasto fiscal, en el cual para hacer negocios dentro o fuera del país había que intercambiar favores crematísticos por favores políticos (estos últimos incluían, además de contratos con el Estado, el uso de BNDES, banco de desarrollo gubernamental, para financiar a las empresas cercanas al poder), demostró su falacia una vez que el contexto internacional cambió. A los años de crecimiento y bonanza siguieron los del desastre económico que empezó a vivirse en Brasil a finales de 2014 y que, a pesar de repunte lento que tiene lugar desde hace varios meses, todavía lastran al país. A diferencia de países latinoamericanos con sistemas más abiertos y menos estatistas, que siguieron creciendo más lentamente tras el fin de la bonanza de los “commodities”, Brasil se encogió dramáticamente, devolviendo a un sector que había accedido a la clase media a una condición de desamparo. A otros los dejó angustiosamente sobreendeudados tras el festín consumista propiciado por los incentivos del gobierno.

Todo esto habría bastado para colocar la gestión de Lula en su justa dimensión, que no es la mítica que tiene para los muchos seguidores del Partido de los Trabajadores y por millones de brasileños beneficiados por los programas sociales. Pero, coincidiendo con ese retorno a la realidad, estalló el caso Lava Jato, que al comienzo era un asunto menor relacionado con el abastecimiento de algunas estaciones de lavado de autos pero que, tras la detención de Paulo Roberto Costa, ex encargado de tratar con los proveedores en Petrobras, pasó a convertirse en la sensación que ha sido en estos últimos años. Brasil y el mundo descubrieron entonces que, además de un sistema económicamente fracasado, el “lulapetismo” era integralmente corrupto. Ya había indicios significativos, pues en el primero de los dos gobiernos de Lula había estallado el caso del “mensalao”, los pagos a congresistas para votar a favor del gobierno. Pero sólo el avance de las investigaciones permitió apreciar la magnitud de la inmoralidad que anidaba en el “lulapetismo” y abarcaba también a otros partidos, empezando por el que hoy gobierna, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, durante años aliado del PT, y en menor medida al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.

En esa cueva oscurísima, una vela dio algo de luz: el sistema jurisdiccional. Brasil pasó a ser, de la mano de Sergio Moro y otros magistrados (y fiscales), la república de los jueces, que ocuparon un espacio institucional, moral y público desproporcionado. Un espacio que en circunstancias normales habría sido malsano (quizá imposible). En estas circunstancias, el que así fuera probablemente ayudó a impedir que se viniera abajo la democracia o que la ira popular dejase a la república tan malherida que esa democracia ya no fuera capaz de funcionar de una forma mínimamente razonable.

A punta de delaciones premiadas (irónicamente, una reforma sancionada por Dilma), cárcel preventiva para impedir fugas o manipulaciones de pruebas, y filtraciones a la prensa, los jueces mantuvieron a salvo la democracia -la república- y llevaron a Brasil al lugar convaleciente donde está hoy, a pocos meses de las elecciones. La pregunta es si todo ese esfuerzo de higiene pública -que ha llevado a decenas de empresarios y políticos a prisión y mantiene a muchos más bajo investigación o proceso- se desmoronará con la candidatura populista, a hombros de sus seguidores, de Lula da Silva o si la justicia prevalecerá contra él y, a partir de los comicios de octubre, se iniciará una siguiente etapa, más normal, en la que será posible para los jueces volver a su sitio y a las demás instituciones empezar a ocupar plenamente el suyo. Tiendo a creer que lo segundo es hoy bastante más probable que lo primero y que esa es una muy buena cosa para ese país.