Por Fernando González San Francisco
Puede verse del mismo autor Sobre economía e instituciones
Reconozco que siempre me apasionó la Revolución Rusa: no ideológicamente (nunca me he dejado fascinar por el socialismo), sino histórica y sociológicamente. ¡Qué desastre! Y qué barbaridad…
Por edad, soy de ésos que estudió EGB, BUP y COU en España: aunque en algunos casos sólo fui consciente años después, muchos de mis profesores eran comunistas. Los recuerdo bien: barbudos y sesudos ellos, estiradas y muy leídas ellas, profesando su activismo sotto voce, incitando a sus alumnos a secundar las ridículas huelgas estudiantiles de los 80 o presumiendo del “Yankee Go Home” después de alguna manifa anti-OTAN.
Es decir, como los líderes actuales de Podemos, pero aseados física e intelectualmente. Personas profundamente equivocadas, sin el menor atisbo de autocrítica, pero respetables: los de hoy, no me merecen ningún respeto, ni físico ni intelectual. Aquéllos no podían no saber: éstos no tienen intención de ocultarlo.
De hecho, su intención es más bien la contraria: no se esconden, no necesitan justificarse. Sólo así alguien puede considerarse un “leninista amable”. Por eso dominan los medios de comunicación, por eso okupan las redes sociales: para dejarnos su mensaje. Quieren que vivamos como en Cuba o en Venezuela, extender sus paraísos socialistas del Caribe al Mediterráneo. Y lo van a conseguir.
En cierta medida, ya lo han hecho: victoria por incomparecencia del contrario. Lo que hay enfrente de estos nuevos-viejos comunistas es simplemente socialdemocracia, de derechas o de izquierdas, pero intervencionismo al fin y al cabo. Y ya se sabe que cuando la gente puede elegir entre el original y una mala copia, la mayoría suele preferir el primero a la segunda.
Y es que, sin pretender equiparar nuestros actuales sistemas democráticos al Archipiélago Gulag que nos contó Solzhenitsyn, sí se pueden identificar algunas similitudes que, en ausencia de la calidad institucional adecuada, podrían facilitar experimentos sociológicos como el que pretende imponer el partido político Podemos en España: experimentos que ya se demostraron imposibles, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, en el pasado.
A desarrollar esta idea, la identificación de una serie de elementos comunes a sistemas socialistas y no socialistas para explicar el intervencionismo que padecen las actuales democracias, dediqué algo de tiempo en forma de trabajo para la asignatura Análisis Económico del Socialismo en el Máster en Economía UFM-OMMA, impartida por el profesor Juan Ramón Rallo.
En su magnífico libro The Socialist System, el economista húngaro János Kornai identifica la relación causal que une los distintos componentes del sistema socialista clásico, de manera que cada elemento de esta cadena es consecuencia del anterior, formando lo que podríamos llamar la cadena de valor intelectual del socialismo.
Así, como consecuencia del poder absoluto del partido marxista-leninista y de la inseparabilidad de su ideología oficial, el Estado se atribuye una posición dominante y la práctica totalidad de la propiedad existente, lo que hace que el mecanismo de coordinación sea mayoritariamente burocrático, con unas características (planificación central, restricción presupuestaria suave, irrelevancia de los precios, etc.) que hacen prevalecer la producción por encima del consumo, generando desabastecimientos y excedentes de manera simultánea: es lo que Kornai denomina “economía de la escasez”.
Lejos de mi intención comparar sistemas socialistas y sistemas no socialistas: simplemente me parece que muchos de los errores que cometen nuestros gobiernos, elegidos democráticamente, están en el ideario socialista y ofrecen una coartada perfecta para que siga habiendo gente que crea que la utopía es posible. No es difícil encontrar algunos ejemplos sin salir de España.
Pensemos en la influencia que tienen hoy en día los partidos políticos sobre el poder judicial: a raíz de la Ley Orgánica 6/1985, los vocales judiciales no son elegidos por los jueces, sino por el parlamento. Esta perversión democrática no ha cambiado cuando los dos principales partidos políticos han alternado gobierno y oposición: no puede ser una sorpresa que la justicia sea una de las instituciones peor valoradas por los españoles.
Si hablamos de burocracia, además de estatal, autonómica y municipal, tenemos el enorme aparato burocrático de la Unión Europea. Pensemos en los medicamentos: si a pesar del plazo de la inversión, del capital necesario y del cálculo de probabilidades de éxito, una empresa farmacéutica finalmente produce de manera exitosa un nuevo medicamento en Estados Unidos y consigue la aprobación del burócrata de turno (la FDA, Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés), ¿por qué no se puede comercializar en España? Porque depende de una decisión de otro burócrata, en este caso, europeo.
En cuanto a planificación económica, sabemos que las economías socialistas buscan el crecimiento económico para legitimar lo antes posible el socialismo entre la sociedad, habitualmente pobre, a través de agregados tangibles: ese crecimiento se traduce mayoritariamente en inversión. Es cierto que en España no hay una oficina de planificación central elaborando planes anuales o quinquenales de obligado cumplimiento para los órganos subordinados, pero todos los gobiernos también tienen objetivos y plazos que ejecutan a través de sus ministerios, secretarías, agencias, observatorios, etc. Todos los gobiernos elegidos democráticamente e independientemente de su ideología política, han planificado programas de inversión faraónicos con el fin de presentar los logros alcanzados durante su legislatura, especialmente en infraestructuras públicas: líneas de alta velocidad, aeropuertos, autopistas, tranvías urbanos…
Llegados a este punto, alguien podría pensar que a pesar del poder de sus partidos políticos, sus asfixiantes instituciones burocráticas y el peso cada vez más importante de su economía planificada, España supera la prueba del intervencionismo: no vemos desabastecimientos (exceso de demanda) y excedentes (exceso de oferta), propios del caos económico socialista.
En el caso de bienes y servicios públicos, no está tan claro: en realidad, todas las democracias actuales promueven su consumo hasta el infinito, generando en el ciudadano desinformado la falsa impresión de que son gratis. Pero no lo son, por lo que el racionamiento vertical típico de un sistema socialista, también es aplicado en este caso: recuerdo muy bien, por ejemplo, las restricciones de agua en los hoteles o las prohibiciones para regar campos de golf en la España de los 90. Desgraciadamente, la gestión del agua era, y sigue siendo, mayoritariamente pública.
No voy a decir que el liberalismo ha estado presente alguna vez en política: posiblemente, no lo estará nunca, por definición. Pero cuando el espectro ideológico en España se ha desplazado tanto hacia la izquierda que la única alternativa al socialismo real de Podemos es la socialdemocracia de los demás, no puede sorprendernos leer que “el comunismo se ha puesto de moda”. No el que predijeron Marx y Engels, por supuesto, sino el que utiliza igual de bien que entonces la propaganda: planes educativos, medios de comunicación, redes sociales, tertulias políticas, series, películas, etc. Como si fueran diferentes…
