Por Álvaro Vargas Llosa
No hace falta detenerse en el resultado de la mascarada electoral en Venezuela. Ni la participación de 48% del censo, ni el 68% atribuido a Nicolás Maduro, ni el 21% que le “reconocieron” a Henri Falcón son creíbles. ¿Qué hacer ahora?
Un sector de la resistencia democrática pide la intervención militar humanitaria. Si bien el derecho internacional la ampara -a través del “deber de proteger”, noción que surgió en Naciones Unidas bajo Kofi Annan-, es una opción peligrosa y de pronóstico incierto por las posibles consecuencias regionales. Esto, en el supuesto negado de que hubiera gobiernos latinoamericanos dispuestos. Y dejar que Estados Unidos lo haga en solitario -en el supuesto, por ahora negado, de que Washington quiera hacerlo- sería una fuente de tantos problemas como soluciones.
La opción realista en este momento es que una grandísima presión interna y externa rompa la estructura de poder y lleve a un sector del Ejército a pasarse al campo democrático. No hay garantías. Allí están ejemplos como los de Mugabe o Castro para recordarnos que algunos regímenes han logrado sobrevivir a pesar de su aislamiento, sus crisis económicas y una oposición interna y externa tenaz. Pero hay que intentarlo porque Venezuela se está muriendo poco a poco y el asunto se ha convertido en un problema interno para otros países.
Por lo pronto, la oposición debe restablecer su unidad. La aventura alocada de Henri Falcón, el exchavista que participó como candidato, y de otros como Javier Bertucci, el evangélico que también encontró razones para ponerse bajo los reflectores de las elecciones fraudulentas, ha hecho daño.
Pero, aunque ellos acabaron de destruirla, la unidad ya estaba rota. Ahora hay un intento de revivir la vieja Mesa de la Unidad Democrática a través del Frente Amplio. Restablecer esa unidad es urgente.
Lo segundo es atacar el frente petrolero. La producción se ha desplomado: apenas 1.5 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que producía Venezuela cuando el chavismo llegó al poder. Debido a diversas expropiaciones chavistas (por ejemplo, la de los activos de ConocoPhillips), los tribunales internacionales empiezan a decretar confiscaciones de bienes venezolanos. Por último, hay muchos acreedores a los que no se les está pagando a tiempo. Pronto distintos gobiernos tendrán que ejecutar órdenes contra activos de PDVSA en el exterior.
Es indispensable que esos gobiernos colaboren con la democracia venezolana -además de con la justicia- acatando las decisiones. El golpe mortal a la industria petrolera sería que Estados Unidos deje de importar crudo venezolano (y de exportar derivados a Venezuela). Además de un asunto ético (¿debe el Estado norteamericano interferir con intereses privados estadounidenses?), hay un problema político. Trump ya habría tomado la decisión si no lo hubiera. ¿Se atreverá? Si lo hace, una fuente de oxígeno de la dictadura se habrá cerrado.
Un tercer factor es Latinoamérica. El Grupo de Lima se ha constituido, en este tema, en una OEA paralela porque, a pesar de los esfuerzos del secretario general, el cuerpo hemisférico no ha logrado todavía votos suficientes, dos tercios del total, para hacer efectivo el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
El Grupo de Lima ha tomado algunas medidas diplomáticas y financieras. Se debe intensificar mucho más esa presión; además, no conviene que Washington sea percibido como el único que hace algo concreto.
La resistencia interna, incluyendo la arriesgada lucha en las calles y el permanente esfuerzo por sembrar divisiones en el oficialismo para romper la unidad militar, además de una presión externa muy superior a la actual, son la vía para tumbar a Maduro.
