En los últimos meses he estado reseñando el libro de Michael Huemer, The problem of political authority, en el que he repasado cómo el autor demuestra que los Gobiernos no tienen una autoridad y legitimidad política superior a los ciudadanos; tampoco se podría justificar la acción por parte de estos con base en un contrato social, puesto que es muy complicado presentar nuestro consentimiento explícito e implícito a tal acuerdo; por último, tampoco se puede aceptar la coacción política con base en la forma de gobierno que toma las decisiones, más concretamente, con base en el funcionamiento de la democracia, ya que de lo contrario se trataría como inferiores a los disidentes, yendo en contra de una hipotética igualdad que algunos autores sostienen como principio fundamental que rige el funcionamiento de la misma.
La siguiente parada en nuestro camino por el libro de Huemer es observar si la bondad o maldad de las consecuencias de las acciones gubernamentales pueden sostener la obligación y la legitimidad política, esto es, ¿usando argumentos consecuencialistas se puede defender la obligación moral del Estado?
El consecuencialismo y la equidad
Este tipo de argumentos, según Huemer, proceden en dos etapas: 1) por un lado, existen ciertos valores que el Gobierno garantiza y que no habría ninguna otra manera de hacerlo; 2) con base en la primera premisa, debemos seguir obedeciendo al Estado porque es la única manera de promover esos valores y/o como mínimo para no socavarlos; por otro lado, la obediencia a la ley se convierte en la mejor forma de promover esos valores y la desobediencia es una forma de socavarlos.
Al Gobierno se le atribuyen, principalmente, tres beneficios:
1. Protección frente a los crímenes.
2. Provisión de una serie de normas de conducta social detalladas, precisas y públicas que se aplican uniformemente a través de la sociedad. Por ejemplo, la coordinación para hacer frente a la contaminación, dados los elevados costes de transacción para aplicar el teorema de Coase.
3. Defensa militar.
Por lo tanto, el argumento consecuencialista es el siguiente: como el Estado hace ciertas cosas bien, si demasiados ciudadanos lo desobedecieran, el Estado colapsaría y se perderían todos los beneficios que concede, así que “un principio moderado de un deber de hacer el bien nos lleva a la conclusión de que estamos generalmente atados a obedecer la ley”.
Pero el Estado no colapsa cuando hay personas que violan la ley, es más, el principio anterior podría quedar reformulado de la siguiente manera: 1) viola la ley cuando lo que la ley manda no es requerido por principios morales independientes; 2) cuando no hay demasiadas personas violando la ley; 3) o bien cuando incumplir la ley no tiene unas consecuencias serias negativas. Este es el caso, por ejemplo, cuando vemos a un niño ahogándose en un estanque y ya hay dos personas más que lo están intentando salvar, que nosotros intentemos salvarlo puede hasta hacer que muera el propio niño, al molestar a las otras dos personas.
Otro argumento podría ser que desobedecer es injusto hacia el resto de los miembros de la sociedad que, por lo general, obedecen; o lo que es lo mismo, tenemos la obligación de “jugar limpio”.
Pero el argumento consecuencialista desaparece, ya que la desobediencia individual al no tener consecuencias adversas al consecuencialismo de la regla, apelando a las consecuencias de la desobediencia general, cuando, por ejemplo, en el caso del niño ahogándose, cuando otros rescatan al niño, que yo no lo haga no tiene consecuencias negativas. Así, a través de la equidad se puede obtener una respuesta la cuestión de qué diferencia los casos en los que parece incorrecto realizar una acción que estaría mal si todo el mundo la realizara de los casos en los que parece perfectamente correcto realizar esta acción: es una cuestión de si la acción trata a los otros de manera injusta.
Supongamos otro escenario. Estás en un bote salvavidas con otras personas. Os alcanza una tormenta y está entrando agua en el bote, que necesita ser sacada fuera del mismo. El resto de pasajeros cogen cubos y empiezan a sacar el agua. Los esfuerzos del resto de pasajeros son claramente suficientes para mantener el bote a flote; en consecuencia, no hay graves consecuencias negativas si rehúsas sacar agua. Aún así parece obvio que deberías ayudar a sacar agua del bote. Intuitivamente, parecería injusto dejar que el resto haga todo el trabajo, ¿por qué?
1. Hay un gran bien siendo producido por las acciones de otros, en este caso, el bote se mantiene a flote. En contraste, si el resto estuvieran haciendo algo dañino (echar agua dentro del bote, por ejemplo), inútil (rezar a Poseidón), o de valor meramente trivial (se entretienen unos a los otros contando historias), entonces no estarías obligado a ayudar.
2. El resto asume el coste causalmente necesario para la producción del bien. En este caso, el coste del esfuerzo involucrado en sacar agua del bote.
3. Recibes una porción equitativa del beneficio percibido. En este caso, evitas ahogarte.
4. Tu participación al arreglo cooperativo causalmente contribuiría a la producción del bien.
5. Los costes de tu participación son razonables y no son significativamente mayores que los costes llevados a cabo por el resto.
6. Tu participación no interferiría con algo más importante que tuvieras que hacer. Por ejemplo, supón que en vez de sacar agua del bote, decides atar los víveres al bote para prevenir que se caigan por la borda; asumes que esto es más importante que ayudar a sacar agua del bote, en este caso, no es injusto abstenerse de ayudar a sacar agua.
Parece claro que cuando se satisfacen estas seis condiciones, es injusto negarse a contribuir a la producción del bien. En palabras de Huemer:
Los que abogan por la Justificación por Juego Limpio argumentan que desobedecer la ley es tratar a los miembros de la sociedad injustamente. El gobierno produce beneficios significativos. El resto de miembros de la sociedad, a través de pagar impuestos y obedecer la ley, han cargado con los costes requeridos para proveer estos beneficios. Todos nosotros compartimos como mínimo algunos de los beneficios del gobierno y la mayoría recibe una parte equitativa de estos beneficios. Cada uno de nosotros contribuye causalmente a proveer estos beneficios a través de pagar impuestos y obedecer las leyes. El coste es significativo, pero típicamente es comparable a los costes con los que cargan otros, y es razonable en vista de los beneficios. Es por esto, que sería injusto no hacer nuestra parte en dar soporte al gobierno a través de pagar impuestos y por lo general obedecer la ley.
Por lo tanto, la obediencia hacia la ley constituye cargar con una parte del coste de proveer los beneficios de arreglo cooperativo; por ejemplo, pagar impuestos ayuda a proveer beneficios gubernamentales para contratar jueces, médicos o policías. Sin embargo, nótese que de esta manera no parece tan claro que leyes que prohíben el consumo de marihuana están repartiendo los costes de proveer protección de Gobiernos extranjeros o de criminales domésticos. Existen muchas leyes en donde el hecho de cargar con parte de los beneficios no está tan claro.
Volvamos al caso del bote:
1. Todos los pasajeros deben empezar a sacar agua del bote.
2. Deben rezar a Poseidón para pedirle merced.
3. Deben flagelarse con sus cinturones para demostrar su seriedad.
4. Cada uno debe darle 50 euros a Sally, que ayudó a Bob (el escogido para idear una solución por el resto) a ser elegido.
Solo el primer punto es útil, el segundo es inútil, y los dos últimos perjudiciales, por lo tanto, si rechazazas colaborar, ¿has actuado mal? En realidad, en los últimos tres puntos no, ya que estas acciones no contribuyen al bien de mantener el bote a flote. Las obligaciones políticas no son independientes de su contenido, esto es, uno no debe obedecer la ley si es injusta.
Podríamos concluir que si los individuos están obligados, tal como se suele argumentar, para mantener el orden social, el Estado también lo está para elaborar solo leyes que sean exclusivamente necesarias para mantener el orden social, y evitar de esta manera la desobediencia. Es más, “pedirle al Estado que renuncia a su deseo de hacer estas leyes innecesarias es más razonable y menos oneroso que pedirle a un individuo que renuncie a sus libertades personales”. Por lo tanto, si existe la obligación política a cumplir este tipo de leyes, desaparece la legitimidad política.
Existe un segundo problema para la justificación por juego limpio: qué hacer con los disidentes que se oponen a las prácticas gubernamentales, ya sea de forma general o concreta, e incluso rechazan cualquier tipo de gobierno, pero aún así están forzados a contribuir a ellas.
Imagínese que volvemos al bote, y los pasajeros rezan a Jehovah para que les ayude, y éste existe realmente y les ayudará si rezan, pero Sally tiene dudas al respecto por lo que no obedece el plan ¿es injusta su actuación? Sally tendría la obligación moral de rezar si en verdad fuese verdad la existencia y efectividad de rezar a Jehovah, pero si no es el caso, la posición de Sally es, al menos, igual de racional que la del resto de pasajeros, por lo que no sería injusto que ella rezase, es más, si el resto la obligara a rezar, serían ellos los que actuarían de manera injusta.
En política, mucha gente rechaza obedecer programas gubernamentales y que no necesariamente buscan beneficiarse de los demás, simplemente realmente creen que son acciones injustas y que nadie debería cargar con el coste de dichas acciones. Si uno razonablemente considera estos proyectos como injustos o inmorales, uno difícilmente está aprovechándose de los demás, o tratando al resto injustamente al rechazar dar soporte a este proyecto. En consecuencia, los individuos no actúan injustamente cuando rechazan cooperar con las leyes que razonablemente consideran injustas. De nuevo, no se encuentra base alguna para obligaciones políticas con independencia del contenido.
Generalmente, está mal amenazar a otra persona con violencia para forzarla a cooperar con algún plan tuyo, como por ejemplo, apuntar con una pistola a un trabajador para que acepte un puesto de trabajo, por muy beneficioso que sea. Sin embargo, cuando existe un caso de emergencia (el caso del bote), sacar una pistola para obligar al resto a sacar agua, aunque sea lamentable recurrir a la fuerza, puede llegar a justificar tal acción.
De esta manera, podríamos admitir que es permisible coaccionar a alguien en base a que pretendemos evitar un mal mucho peor. Análogamente, ¿el Estado podría estar justificado para coaccionar a personas y confiscar su propiedad a través de impuestos, ya que hacerlo es necesario para prevenir el colapso de la sociedad? Según Huemer, las leyes y políticas domésticas se pueden dividir en las siguientes categorías:
1. Leyes diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, las leyes en contra del asesinato, robo y fraude.
2. Políticas diseñadas para proveer bienes públicos, en el sentido económico del término: por ejemplo, defensa militar y protección medioambiental.
3. Leyes paternalistas, diseñadas para prevenir a la gente dañarse a si misma, por ejemplo, leyes que obligan conducir con cinturón o leyes en contra de las drogas.
4. Leyes moralistas, diseñadas para prevenir el comportamiento que se considera ‘inmoral’ por alguna razón otra que el daño a uno mismo o la violación de los derechos de otros; por ejemplo, leyes en contra de la prostitución, juego y drogas.
5. Políticas diseñadas para ayudar a los pobres, por ejemplo, programas de asistencia social, subsidios a la educación o salario mínimo.
6. Políticas de extracción de rentas, esto es, políticas que no se encuentran en (5), designadas a conferir ventajas económicas a algunas personas a costa de otras; por ejemplo, subsidios que se dan a industrias políticamente bien conectadas, lucrativos contratos militares dados a empresas con lazos a cargos gubernamentales, y requerimientos de licencias que protegen los trabajadores actuales de una profesión de la competencia.
7. Leyes diseñadas para asegurar el monopolio del Estado y promover su poder y riqueza; por ejemplo, leyes sobre impuestos, leyes de curso legal y leyes previniendo la competencia privada con agencias gubernamentales como correos o la policía.
8. Políticas diseñadas a promover ciertas cosas que se consideran un bien en general, aparte de los bienes enumerados anteriormente, por ejemplo, la provisión gubernamental de escuelas, la promoción de las artes y programas espaciales del Gobierno.
9. Leyes y políticas que parecen estar motivadas simplemente por la emoción, a parte de las anteriores consideraciones; por ejemplo, restricciones migratorias y las prohibiciones del matrimonio homosexual.
Sigamos con el ejemplo del bote salvavidas. Has forzado al resto de pasajeros a sacar agua del bote, evitando su hundimiento. Mientras tienes tu pistola desenfundada, decides que de paso vas a llevar a cabo otros objetivos deseables. Ves un pasajero comiendo patatas fritas, le ordenas que te dé las patatas. Entonces te das cuenta de que una pareja de pasajeros están a la otra punta del barco jugando a cartas. Cuando te das cuenta que juegan por dinero, les amenazas con causarles daño si siguen jugando por dinero. Otro pasajero tiene joyería cara, de forma que se la arrebatas y la distribuyes entre los pasajeros más pobres. También recaudas 50 euros de todos y se lo das a tu amiga Sally. Amenazas con disparar a todo pasajero que intente hacer lo mismo que tú haces. Después, decides que estaría bien tener alguna forma de arte, de forma que fuerzas a otros pasajeros a dar algunas de sus posesiones de forma que puedas hacer una escultura con ellas. Finalmente, hay un pasajero que te incomoda de forma que ordenas al resto de pasajeros que lo arrojen por la borda.
Todas estas acciones son indefendibles. Aunque tu uso inicial de la coacción para prevenir que se hundiera el bote estaba justificado, es absurdo sugerir que la coacción está justificada por los motivos expuestos en cualquiera de tus acciones posteriores en esta historia. Estos motivos son análogos a los que motivan la políticas del tipo (3)-(9) listadas anteriormente.
Este listado de normas es habitual en un Estado moderno, por lo que la autoridad de este se toma como amplia y con independencia del contenido de las leyes que se aprueban. Para Huemer “si el rango de acciones coercitivas que el Estado tiene derecho a llevar a cabo solo es una fracción de lo que generalmente se piensa que tiene derecho a llevar a cabo y de lo que de hecho el Estado hace, entonces Estado no tiene autoridad legítima. También debemos admitir que, de hecho, este es el caso”.
Por otro lado, no parece que el Estado esté justificado para ostentar la supremacía de la obligación política: “otros agentes pueden usar fuerza para lograr los objetivos que el Estado estaría justificado en usar la fuerza para lograrlos, en el caso de que los esfuerzos del Estado sean inadecuados”. Por ejemplo, si nosotros evitamos mejor el crimen, incluso si evitamos que el propio Estado cometa crímenes contra la población.
Pero ¿cuándo se puede usar la fuerza de esa manera en contra de otros?
1. Cuando se tiene una fuerte justificación para creer que el plan que van a intentar implementar es correcto —por ejemplo, que produciría los beneficios previstos y que estos beneficios serían enormes en comparación con la seriedad de las violaciones de derechos necesarias para implementar el plan—.
2. Cuando se tiene una fuerte justificación para creer que su uso de la fuerza sería exitoso en causar que su plan sea implementado.
3. Cuando no hay alternativas disponibles para lograr los beneficios sin, como mínimo, violaciones de derechos igual de serias.
Estas condiciones son muy estrictas y raramente se dan, por lo que la mayoría de vigilantes clandestinos violan la primera de las condiciones, y los terroristas y rebeldes tanto la primera como la segunda. Pero el Estado también debe tener una fuerte justificación para creer que cada uno de sus planes implementados coercitivamente es correcto, que su uso de la coacción será exitoso, y que no hay mejores alternativas; algo que en realidad no suele suceder, es más, el Estado puede coaccionar a individuos en las mismas circunstancias, por el mismo tipo de razones, bajo las cuales los agentes privados pueden coaccionar a individuos.
En definitiva, los argumentos desde el juego limpio y el consecuencialismo se acercan mucho a justificar la autoridad política, pero no pueden fundamentarla independientemente de su contenido, de forma amplia y suprema para el Estado. “El Estado tiene el derecho, como mucho de coactivamente imponer políticas correctas y justas para prevenir daños muy serios. Nadie tiene el derecho a coercitivamente imponer políticas contraproducentes o inútiles ni de imponer políticas cuyo propósito son objetivos de menor importancia. El Estado puede estar justificado para recaudar impuestos, en administrar un sistema de policía y justicia, y para proveer defensa militar. De hacerlo, el Estado y sus agentes sólo deben tomar los mínimos recursos y emplear la mínima coacción. El Estado no debe proseguir a imponer coercitivamente leyes paternalistas o moralistas, políticas motivadas para la extracción de rentas, o políticas dirigidas a promover bienes innecesarios, como el soporte al arte o a un programa espacial".
