Por Gabriela Calderón de Burgos
Gobierno ha adoptado una estrategia de compensación por eliminación del subsidio a los combustibles que crea grupos de privilegiados, mermaría el ahorro y debilitaría el respaldo a la medida.
La eliminación del subsidio a los combustibles nos afecta a todos. No es moralmente defendible que se compense a unos a costa de otros. El sistema ideal de gobierno es uno en el que los ciudadanos gozamos de igualdad ante la ley y eliminar el subsidio creando excepciones para diversos grupo de presión va en contra de eso: la semana pasada los taxistas, esta semana los atuneros, la siguiente seguramente otros...
Hay grupos de presión que quieren recibir favores de los políticos –que todos pagaremos– y nos quieren hacer creer que es por nuestro bien. Los taxistas dicen que ellos son parte del transporte público, pero los Uber y los Cabify –que compiten directamente con los taxis amarillos– también sufrirán el ajuste y a ellos no les compensarán.
Esta semana los del sector pesquero le pidieron que les compensara a ellos también. El vicepresidente ya les ofreció “mecanismos de compensación” que podrían tomar la forma de un crédito tributario como premio a la eficiencia. Vaya lío, más fácil premiarnos a todos con una rebaja de impuestos. El Gobierno podría hacerlo eliminando el impuesto a la salida de divisas (ISD), el anticipo al impuesto sobre la renta y reduciendo el impuesto a la renta. De esta manera se estimularía el crecimiento de la economía.
Lo más sencillo y justo sería que el Gobierno eliminara el subsidio totalmente y compensara únicamente a los que, según nos han dicho, son los más necesitados de toda la población: los que reciben el bono de desarrollo humano. La base de datos y la burocracia para implementar esta medida ya existen. Se puede incrementar una vez el bono por el impacto estimado sobre los hogares de ingresos más bajos en el país.
Es cierto que al reducir estos impuestos se deshace el ahorro logrado con la eliminación del subsidio a los combustibles, pero se eliminan importantes distorsiones en la economía.
Además, le dejaría la tarea pendiente al Gobierno de reducir de forma significativa el gasto corriente, algo que igual lo va a tener que hacer si quiere que la economía abandone las tasas de crecimiento mediocres que ha venido registrando durante los últimos años y que se proyectan hasta 2023 (1,3% en 2018, 1,4% en 2019 y promedio de 1,6% entre 2010-2023). No se puede reducir la pobreza con esas tasas de crecimiento y no se puede crecer a una tasa mayor si el Gobierno continúa asfixiando al sector productivo con el nivel actual de gasto, impuestos y deuda.
Quieren que aumente el crecimiento para luego realizar los ajustes, pero es al revés. El crecimiento no se reanudará de forma decisiva hasta que el Gobierno no dé señales claras y contundentes de que los impuestos bajarán y permanecerán en ese nivel inferior. Para ello es necesario reducir el gasto, precursor seguro de la deuda, que a su vez es la antecesora de más impuestos.
Los ajustes son dolorosos, pero gozan de legitimidad si todos compartimos la carga.
