Por Álvaro Vargas Llosa
10 de enero tendrá lugar una ópera bufa más en la historia política de Venezuela si nada lo impide: Nicolás Maduro será nuevamente proclamado Presidente y se dará inicio a su nuevo periodo presidencial.
Recordemos cómo se llegó hasta aquí. En 2013 Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez violando por lo menos tres artículos de la Constitución. Luego convocó elecciones presidenciales y presentó su candidatura en condición de gobernante sin el menor sustento legal. En seguida, procedió a cometer un amplio fraude contra Hnrique Capriles y, mediante el servil ente electoral, anunció su victoria por algo más de un punto porcentual. A pesar de ello, en 2015 la oposición logró la hazaña de derrotar a Maduro en los comicios legislativos, sobreviviendo a las siete plagas de Egipto, y a partir de enero la nueva Asamblea Nacional, con una mayoría opositora de dos tercios a la que le cercenaron algunos escaños para limitar su aplastante dominio, empezó a tomar decisiones.
Maduro contrarrestó el poder legislativo opositor haciendo que los tribunales a su servicio convirtieran en letra muerta los actos de la Asamblea. Pero eso no fue suficiente. En 2017 se sacó de la manga la convocatoria a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazaría a la Asamblea Nacional. Como es ampliamente sabido, la comunidad internacional no reconoció las elecciones y menos lo que produjeron: esa mascarada política llamada Asamblea Nacional Constituyente. Aunque Maduro hizo lo indecible para que la parlamento legítimo dejara de existir, él siguió actuando, sin poder real pero con fuerza simbólica y apoyo internacional.
Esto último cobra especial importancia ahora. ¿Por qué? Porque en 2018, al año siguiente de fabricar su instrumento constituyente, Maduro se presentó a la reelección, no sin antes encarcelar a todo el que pudo, inhabilitar las candidaturas (y organizaciones) opositoras y crear un clima perfecto para el resultado que su gente cocinó: una victoria con un porcentaje que superaba incluso al que se había atribuido Hugo Chávez en su última elección, a pesar de que las encuestas decían, una tras otra, que tres cuartas partes del electorado repudiaba al gobernante (hoy lo rechazan cuatro quintas partes).
Ese es el “mandato” que asumirá Maduro el 10 de enero sin reconocimiento internacional. La Asamblea Nacional, como lo han solicitado muchas figuras dentro y fuera del país, debe usar su poder simbólico y su legitimidad para invalidar esa toma de posesión y nombrar a un gobernante alternativo, de carácter interino, procediendo luego a convocar elecciones presidenciales.
No tengo la ingenuidad de creer que Maduro acatará la decisión de la Asamblea. Pero de lo que se trata es de elevarle el costo a Maduro todo lo posible, profundizando su ilegitimidad, dándoles a sus críticos más activos razones para una nueva ola de protestas, recordándole a la comunidad internacional el esperpento que está sucediendo en ese país y haciendo ver a los militares que amparan al dictador que están agravando su complicidad con los usurpadores.
Bajo dictaduras prolongadas que no logran sofocar la resistencia ciertas fechas sirven para concentrar la atención, los esfuerzos y las oportunidades de golpear al régimen donde más duele. El 10 de enero es una de esas fechas en la Venezuela de Maduro. Ojalá que la oposición, que ha pasado por un periodo de desunión en parte provocado por las malas artes del chavismo y en parte por errores graves de un sector que cree que caer en las trampas que le tiende Miraflores es la forma de avanzar hacia la democracia, aproveche la ocasión para recuperar protagonismo, vigor y sentido de lo importante.
