Por Alberto Benegas Lynch (h)
El País, Montevideo
Ahora que Antonio Escohotado ha visitado Montevideo gracias a los auspicios del Centro de Estudios para el Desarrollo, es el momento de volver sobre el tema de los estupefacientes en vista de lo escrito y dicho por el mencionado autor, además de sus otras obras como la notable trilogía sobre los enemigos del comercio.
Antes que nada hay que mencionar lo que en estadística se conoce como error de inclusión. Del hecho de que muchos actos criminales hayan sido cometidos por drogados, no se sigue el nexo drogas-crimen. No todos los que se drogan son criminales y una minoría del universo de crímenes se comete por drogados. No se puede atender solo un segmento y extrapolar.
Una cosa es un correlato y otra bien distinta es una relación causal: hace una década había correlación perfecta entre el largo de las polleras en Inglaterra y la crianza de cerdos en Australia, de lo cual no si desprende nexo causal alguno. Otro asunto bien diferente son las disposiciones en algunos códigos penales en los que se considera un atenuante cuando un delito es cometido por un drogado en lugar de constituir un agravante.
Dicho esto, tal como lo señalé en mí libro La tragedia de la drogadicción. Una propuesta con prólogo de Carlos Alberto Montaner, el uso de drogas alucinógenas para fines no medicinales constituye un drama y su empleo reiterado produce lesiones cerebrales irreversibles. Pero desde 2000 años antes de Cristo -salvo la Guerra del Opio en China debido a la prohibición- no hubieron problemas con las drogas hasta que en 1971 Nixon declaró la guerra a los narcóticos, una idea alimentada por los mismos mafiosos del alcohol, a través de sofisticados estudios de mercado, quienes antes se habían visto perjudicados por la abrogación de la Ley Seca.
De todos modos, como ha escrito el premio Nobel Milton Friedman “Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que la usan como para los que no la usan”.
Hoy personas inocentes son tratadas como delincuentes si, por ejemplo, llevan consigo más de diez mil dólares, en gran medida los bancos se han convertido en informantes de los aparatos estatales con lo que el secreto bancario ha desaparecido, las escuchas telefónicas y acciones policiales contrarias al debido proceso están a la orden del día.
En no pocas oportunidades se piensa que si se liberan las drogas, todo el mundo se drogará. Pero consideremos los incentivos para no aceptar en los lugares de trabajo, en los transportes, en los comercios, en las carreteras a seres que no son capaces de controlarse a si mismos.
La penalización por la producción y/o consumo de drogas eleva la prima por el riesgo de operar en esos mercados y, por ende, los antedichos márgenes operativos se elevan enormemente. Debido a esto se hace posible la producción de drogas sintéticas con efectos mucho más devastadores de las naturales. El mercado negro no permite la verificación de la pureza de la droga con lo que las sobredosis y las intoxicaciones son muy frecuentes. También debido a la ilegalidad se inhibe a quienes denunciarían fraudes y estafas puesto que si recurrieran a los tribunales se estarían autoinculpando. Lo mismo sucede con los médicos y centros hospitalarios: se bloquea la posibilidad de pedir ayuda.
Las legislaciones anti-drogas obligan a los consumidores a involucrarse con la mafia. Los antes mencionado márgenes operativos descomunales hacen posible la figura del pusher , con ingresos exorbitantes al efecto de colocar la droga en todos los mercados posibles, muy especialmente en colegios y lugares bailables.
Esta así denominada guerra está sufragada coactivamente por los impuestos y mezclan negocios lícitos con el “lavado” de dinero proveniente de las drogas, con lo que oscurecen las contabilidades y se contaminan comercios de distinta índole. Todo esto sin contar a los gobernantes que reciben cuantiosos recursos para “combatir” la droga, mientras se descubren sus propios negocios suculentos en el ramo y las corrupciones de jueces y policías alimentan cotidianamente los noticieros de todas partes del mundo.
Ex presidentes que han padecido sobradas experiencias durante sus mandatos con las drogas, proponen la liberación como son los casos de Vicente Fox, Oscar Gaviria o Henrique Cardoso. Incluso el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar y el ex Secretario de Estado del gobierno estadounidense George Shultz se han pronunciado en la misma dirección.
Por último, para cerrar esta nota periodística, cuando se dice que al bajar el precio se incrementa la demanda, es central agregar que esto ocurre si los demás factores se mantienen constantes. Y esto no es así con el mercado de drogas puesto que una vez liberado desaparecen los antedichos pagos colosales a los pushers y sus socios lo cual modifica la situación. Por supuesto que las limitaciones a menores deben ser similares a como se procede con el registro automotor, la pornografía, la venta de alcohol y equivalentes.
