Por Héctor Schamis
El pasado 23 de febrero fue el día elegido para distribuir la ayuda humanitaria internacional en Venezuela. Para ello se había dispuesto el acopio de alimentos y medicinas en Cúcuta, Colombia. Desde allí podría accederse a tres puntos migratorios cercanos a través del rio Táchira.
Dicha ayuda jamás ingresó. Las escenas vividas en los puentes Simón Bolívar, Tienditas y Francisco Paula de Santander fueron elocuentes. Los camiones con la ayuda fueron incendiados por la represión de la fuerza de choque de Nicolás Maduro, en lo que fue una batalla campal de paramilitares con gases, perdigones y balas contra civiles equipados con piedras y bombas molotov.
La desazón fue generalizada. Al caer la noche hubo una conferencia de prensa en la cual Juan Guaidó acusó al régimen de Maduro de cometer "un crimen de exterminio". Lo cual la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, corroboró al día siguiente con una verdadera confesión de parte: "Solo han visto un pedacito de lo que somos capaces de hacer", le dijo al mundo con la habitual obscenidad chavista.
Solo un pedacito, pues. Es que si lo visto en Cúcuta había sido horrible, las imágenes que llegaban desde la frontera de Venezuela con Brasil era especialmente perturbadoras. Allí sí había podido ingresar un camión con ayuda humanitaria, y se informaba de una auténtica masacre contra quienes se acercaron a procurar alimentos y medicinas. Se dijo entonces que el blanco específico de la represión habría sido la comunidad indígena pemón que habita en la zona.
Ello se confirma hoy gracias a dos estudios, uno del Foro Penal venezolano y el otro en elaboración por la misión OEA-Casla Institute de Praga. Con relevamiento en la zona y de manera independiente, ambos equipos de trabajo coinciden en que se trató de un ataque sistemático por parte de los cuerpos de seguridad y de grupos de civiles armados, llevado a cabo entre el 22 y el 28 de febrero, contra ciudadanos de diversos municipios de la zona de Gran Sabana, estado Bolívar.
Las víctimas se encuentran desproporcionadamente entre la comunidad aborigen pemón. Foro Penal reporta que, en dichos seis días, 7 personas fueron asesinadas por impactos de bala, 4 de ellas pertenecían a la etnia pemón; 57 personas fueron heridas, 22 de ellas indígenas; y cientos de arrestos arbitrarios ocurrieron, en su mayoría de pemones.
Muchos de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital general de Boa Vista, en el estado de Roraima, Brasil, que cuenta con los insumos y las condiciones mínimas necesarias. Al día de hoy más de novecientas personas de dicha comunidad aborigen han debido huir y desplazarse a territorio brasileño a raíz de haber sido perseguidos y amenazados de muerte.
El Estatuto de Roma califica dichos ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil como crímenes de lesa humanidad. Se incluyen entre ellos el crimen de exterminio, la deportación o el traslado forzoso y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales y étnicos, entre otros.
Limpieza étnica, "ethnic cleansing", es un termino de significación política, no estrictamente legal, si bien describe aspectos del crimen de genocidio y del de deportación forzada. Su uso y ocurrencia evoca la experiencia de la Guerra de los Balcanes, pues el término se generalizó a partir de entonces. Durante dicha guerra, a comienzos de los 90, millones de personas fueron desplazados: por ejemplo, los bosnios por parte de las fuerzas serbobosnias de la República Srpska y luego, entre 1998 y 1999, 800 mil kosovares fueron forzados a abandonar sus hogares por las fuerzas serbias.
Dicho concepto trata del intento de remover o eliminar a una población específica de un cierto territorio, ello a efectos de homogeneizarlo étnicamente, o bien con el objetivo de expulsar a un grupo indeseable, dada una concepción basada en una supremacía étnica o religiosa —pero siempre política— del grupo que ejecuta el crimen.
Más allá de la menor cantidad de víctimas que en la ex Yugoslavia, los informes del Foro Penal y de la Misión OEA-Casla Institute van en la misma dirección: documentan un tipo de crimen similar a los cometidos en Bosnia y en Kosovo.
Lo cual es lo que verdaderamente importa. El régimen de Maduro ya cuenta con varias denuncias en su contra por crímenes de lesa humanidad radicadas en la Corte Penal Internacional. Lo ocurrido en la frontera de Venezuela con Brasil agrega una nueva categoría de abuso, seguramente la evidencia pertinente será remitida a La Haya.
Y esto también para descubrir otra falsedad, la de un relato tramposo. La llamada Revolución Bolivariana era por los pobres, hoy más del 87% de los venezolanos. Era por la igualdad social, en el que hoy es el segundo país más desigual del continente. Era por la soberanía, en lo que hoy es un protectorado del G2 y los militares cubanos.
Y era también por los derechos históricos de los pueblos originarios, sometidos por la conquista española y explotados por el capitalismo dependiente para beneficio del imperio. O eso nos decían, pero que hoy son aniquilados por una organización criminal que controla los instrumentos represivos de (lo poco que queda de) un Estado: Venezuela.
