Por Venezolano Anónimo
El primer avión de la Cruz Roja con ayuda humanitaria para Venezuela arribó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía el miércoles 16 de abril. Con dichos suministros se espera aliviar la crítica situación de niños enfermos y con bajos recursos que proliferan a lo largo y ancho de todo el país.
El chavismo siempre se negó a que llegara la ayuda internacional que había gestionado el presidente interino Juan Guaidó, desde el 23 de febrero de este año, para ayudar a más de 300 mil personas en riesgo de muerte por la carencia absoluta de alimentos y medicinas.
La ONU por su parte ha dicho que en Venezuela hay más de 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre se ha triplicado en Venezuela; además, en su último informe esta organización sostiene que Venezuela ha sido el país que ha sufrido mayores aumentos en malnutrición en las Américas, durante el bienio 2016-2018.
Llama la atención el cambio registrado en las cifras de la FAO, ya que en 2012 la misma organización había otorgado un reconocimiento al Gobierno venezolano por sus logros en la ingesta diaria de calorías. Decía el informe de la organización que este país había alcanzado anticipadamente la meta número uno del milenio: reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre en 2015.
Parte de esta crisis sin precedentes en América Latina ha sido provocada por las medidas tomadas por Chávez y Maduro, las cuales se han expresado en una contracción del 44% del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2014 y 2018 y en el derrumbe de los programas sociales que había diseñado el régimen para apuntalar el Gobierno populista, basado exclusivamente en el alza del precio del petróleo, el endeudamiento y la inflación.
Los resultados obtenidos después de dos décadas de gobierno socialista no pueden haber sido diferentes. A principios de 2001 Hugo Chávez empezó a socavar los derechos de propiedad de los ciudadanos, al emitir un decreto para la expropiación de tierras agrícolas. Para 2005, cientos de compañías privadas, tiendas y empresas de suministros agrícolas habían sido víctimas de la nacionalización compulsiva del régimen.
La que había sido la economía más rica de América Latina, ahora enfrenta la inflación más alta del mundo y una caída del PIB per cápita que es la mitad de lo que era en 2012. La escasez masiva de alimentos ha conducido a que el venezolano promedio haya perdido 11,4 kg de peso. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) señaló en febrero de este año que el 80% de los hogares venezolanos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. En 2016 el excedente de muertes infantiles asociadas a la crisis fue de más de 5.000 niños y para 2016 y 2017 se estimó en 20.000.
No es casual que Venezuela se encuentra entre los países con derechos de propiedad más débiles, solo superado por la República Centroafricana. Según el informe del Fraser Institute, los países con derechos de propiedad más fuerte poseen un ingreso 31,8 veces mayor que aquellos con derechos de propiedad más débiles. Sin derechos de propiedad las personas carecen de incentivos para invertir, innovar o producir. Este es el caso de Venezuela, donde los trabajadores tienen poco interés en el proceso de producción. Por lo tanto, la escasez de productos alimenticios, y otros productos básicos, ha sido una consecuencia lógica de las políticas populistas y contrarias a la propiedad privada aplicadas por el régimen.
La fiebre expropiadora arrasó con todo lo que había productivo en el país. Uno de los sectores golpeados con mayor saña fue la agricultura. Expropiaron la principal industria productora, financiadora y distribuidora de productos e implementos agrícolas: Agroisleña. Hoy es un cascarón vacío absolutamente quebrada. Confiscaron 5 millones de hectáreas donde se incluyeron las mejores tierras agrícolas y los hatos ganaderos técnicamente más desarrollados. Se estima que de las 35 mil hectáreas potencialmente productivas solo se usa menos del 30%. En 2017 los agricultores nacionales solo lograron producir el 25% del consumo nacional, cuando hace 20 años el campo venezolano podía alimentar entre el 75 y el 80% de la población, y exportar algunos excedentes. Pero no solamente se expropiaron tierras productivas, sino que también fueron tomadas arbitrariamente empresas lácteas, hipermercados, procesadoras de café, arroceras, mataderos industriales, fincas porcinas y avícolas, etc. Hoy casi todas las empresas expropiadas están abandonadas. Para ilustrarlo con un ejemplo, al revisar una de las cajas con las que Maduro pretende aliviar el hambre del venezolano, conocidas como CLAP, notamos que esta contiene usualmente 19 productos, de los cuales 17 son importados.
Los socialistas del siglo XXI le vendieron a la población que se puede redistribuir la riqueza y el ingreso y socializar toda o gran parte de la economía sin dañar la producción. Sin embargo, el socialismo siempre fracasa porque destruye los incentivos para producir, suprimiendo la propiedad privada, eliminando el mercado y suplantándolo por la planificación centralizada.
No es la primera vez que un régimen socialista aniquila por hambre a su propia población. Como lo recuerda la columnista del Washington Post, Anne Applebaum, en su último libro Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania ofrece una historia detallada de la gran hambruna que mató alrededor de cinco millones de soviéticos, más de 3,9 millones de los cuales eran ucranianos.
Como lo ha señalado en un artículo el profesor de la Universidad de Michigan Marx J. Perry, “a largo plazo el socialismo siempre ha demostrado ser una fórmula para la tiranía y la miseria”.
