Por Carlos Tadeo Ribera Parra
El proceso electoral hacia el que camina Bolivia deja ciertas certezas de cómo una democracia no hace más que debilitarse cuando los órganos de poder que conforman una república se encuentran sometidos al capricho del partido de Gobierno. Dichos actos van desde la promulgación de una Ley de Partidos Políticos asimétrica, pasando por unos comicios electorales que no son acordes a la decisión vinculante de la mayoría del pueblo boliviano y una sentencia aparentemente constitucional que, bajo interpretaciones erróneas del derecho internacional general vigente, reconoció la instauración de la tiranía como derecho intrínseco a la condición humana.
Con un criterio de estabilidad económica que sólo responde a dos índices -incremento del PIB y reducción de pobreza-, Evo Morales y su Gobierno han rescatado de los anales más remotos de la historia autoritaria de la humanidad dos enemigos de la libertad con rasgos típicos del tradicional populismo presidencialista latinoamericano: la renuncia de derechos y un quimérico derecho humano a ser reelecto sin límites. Dos enemigos que, bajo pretexto de evitar el derrumbamiento del Estado boliviano, han rebasado la voluntad política del ciudadano y la institucionalidad consagrada en la Constitución. Enemigos cuyo fin es la instrumentalización del miedo a la renovación y revitalización democrática, con frases tan simples, pero tan peligrosas, como por ejemplo: “Sin Evo no hay estabilidad económica”. Todo esto aspirando a que la población, incómoda en el ejercicio de sus libertades, al momento de tomar una decisión defienda la posición revanchista y partidaria del Gobierno.
En un primer momento, “la renuncia de derechos” son aquellos peligrosos chascarrillos subliminales, presentes en los discursos propios del castrismo y chavismo, para hacer campaña electoral, solo que en Bolivia adquieren mayor respaldo por el momento histórico que vive en comparación el resto de la región. Una aparente estabilidad económica y social es el argumento perfecto para justificar por tercera vez consecutiva una reelección previamente rechazada, pero que no encuentra otro argumento más mítico que “elegir a otro candidato que no sea Evo es volver al pasado de inestabilidad económica”. De tal manera que no es más que la ejecución de un marketing electoral basado en la reproducción del miedo, con rasgos excesivos de mentira y egoísmo en la administración del poder, cuyo resultado claro es que el mandatario llegue a ser mandante y, por efecto, que el pueblo renuncie a la toma de decisiones porque se ha cultivado en él, el temor a ser incapaz de tomar una decisión correcta para el futuro del país. En síntesis, la renuncia de derechos no es más que uno de los verdugos que, detrás de un disfraz de aparente estabilidad económica y una máscara de inclusión social, intenta violentar la opinión del electorado, enemistándolo inconscientemente con sus libertades.
Sin embargo, la renuncia de derechos no es suficiente para que Bolivia arribe una dictadura, hacen falta conceptos quiméricos para lograr que todo el aparato estatal funcione con base en los intereses ideológicos del partido. Para el partido de Gobierno, no es novedad la utilización de conceptos artificiosos para lograr conservar el poder. En 2009, aprovechando la pluriculturalidad y multietnicidad que tiene Bolivia, intentó como primer paso que dichas virtudes, identitarias y culturales, fuesen consideradas contrarias a una democracia republicana. Una década más tarde utiliza otro concepto, el quimérico derecho humano a ser reelegido, con base en una interpretación errónea del derecho internacional y el desconocimiento de la vinculatoriedad del voto popular que en 2016 dijo “no” a una reelección. Quimérico ya que sólo existe en la imaginación de Evo Morales y sus adeptos. Por más que se encuentre reconocido en una resolución judicial, no ha sido ejercido y, de aparentar ser ejercido, carecería de iniciativa y lucha popular para consagrarse; pudiendo ser atribuido con exclusividad a un sujeto en un plano temporal determinado en desmedro de sus conciudadanos y del sistema democrático vigente.
En suma, hoy Bolivia en su totalidad se enfrenta a dos ideas que aspiran a un estancamiento democrático con base en el chantaje, un derecho humano imaginario que bajo ninguna justificación es atribuible a la humanidad y en el miedo a un sistema democrático pleno basado en la libre elección y la alternancia. Ideas que bajo rostro de alcanzar la prosperidad que necesita el país son funcionales al Gobierno vigente. Además de contrarias a la estructura republicana, por la que, a lo largo de 193 años de historia, muchos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, profesionales y trabajadores, políticos y activistas lucharon por librarla de las manos del más encarnizado autoritarismo.
De tal manera que será únicamente el relato de la Bolivia libre y democrática el encargado de fortalecer el Estado de derecho, respetar la independencia de poderes, consagrar las libertades individuales, garantizar una verdadera libertad económica, lograr la cohesión social y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones por todos los bolivianos; a fin de impedir la instauración de una tiranía asentada en el miedo del ciudadano a ser libre y soberano.
