Por Roberto Cachanosky
Hace décadas el estudio de la economía ha dejado de concentrarse solo en el equilibrio fiscal, la política monetaria, el proteccionismo y otras políticas estrictamente económicas y empezó a centrarse en la relación entre instituciones y crecimiento económico. Hayek en The Constitution of Liberty (1960) hace un primer gran avance al respecto completándolo con Derecho, Legislación y Libertad, tres tomos publicados en 1973, 1976 y 1979, hace una gran obra que muestra la necesidad de limitar el poder del estado para que pueda haber prosperidad y libertad.
Pero otros autores, como Mancur Olson, también enfocaron la relación entre crecimiento económico y calidad institucional, particularmente en Auge y Decadencia de Las Naciones.
El caso de la crisis del 30 y el New Deal es un caso emblemático en el que pocos han reparado en la importancia de las instituciones para salir de las crisis económicas. Todo el debate se ha limitado a determinar si el New Deal fue exitoso y si las políticas keynesianas influyeron en la salida de la crisis.
En general se cree que el New Deal fue una receta puramente keynesiana de aumento del gasto público financiado con emisión monetaria. La realidad es que el New Deal fue algo mucho más complejo que el aumento del gasto público, aunque sí está comprobado que Rooselvet estuvo en contacto personal con Keynes y sus ideas que luego volcó en la Teoría General en 1936. Al margen de la carta que Keynes publica en 1933 sobre la necesidad de aumentar la demanda agregada y se lamenta de la disciplina fiscal que proponía Rooselvet, en 1934 Keynes tuvo una reunión con Rooselvet y le explicó sus ideas de aumentar el gasto público y el déficit fiscal. En una carta de Keynes a Rooselvet fechada en 1 de febrero de 1938 hace referencia en al menos dos oportunidades a la reunión que tuvieron 3 años y medio atrás, o sea, está haciendo referencia a mediados de 1934, reunión que se confirma en el borrador de la carta que le prepara el secretario del Tesoro de Estados Unidos para responderle a Keynes, carta que está fechada el 3 de marzo de 1938 y hace referencia a esa reunión de mediados de 1934. El dato concreto es que Rooselvet conocía las ideas de Keynes antes que este las publicara en la Teoría General en 1936, pero las descartó porque su campaña presidencial de 1932 estuvo basada en el equilibrio fiscal. Rooselvet consideraba que el equilibrio fiscal iba a traer confianza, más inversiones y mejorar la situación de los agentes económicos en beneficio para salir de la recesión. Recordemos que cuando Rooselvet asume como presidente en 1933, la desocupación estaba en el 25% aproximadamente y que tampoco en 1933 había finalizado por completo la gran depresión. La economía había mejorado algo pero entra en un proceso recesivo nuevamente en agosto de ese año, a mi juicio por las múltiples regulaciones que impuso Rooselvet. Es más, Rooselvet comienza a seguir en alguna medida las ideas de Keynes y comienza a aumentar el gasto público, pero no en la magnitud que sugería Keynes. Algunos economistas han leído mal los datos fiscales de ese período creyendo que hubo superávit fiscal. Error, los presupuestos que envía Rooselvet al Congreso aumentaban el gasto público con equilibrio fiscal, pero sin incluir los gastos destinados a ayuda social y de estímulo al trabajo. Una especie de déficit primario de la Argentina actual. No se contemplaban una parte de los gastos y por eso les da superávit fiscal.
Gráfico 1
Incluso Rooselvet llega a afirmar, luego de hacer su campaña política a favor del equilibrio fiscal, que: “Tener equilibrio fiscal en 1933 o 1934 o 1935 hubiese sido un crimen contra el pueblo americano… Cuando el pueblo americano sufría, nos rehusamos a pasarnos del otro lado y la humanidad prevaleció”. Para Rooselvet, ser humanitario pasó a significar tener déficit fiscal.
Pero el New Deal no fue solo el gasto público, además Rooselvet prohibió la tenencia de oro. Es como si hoy se les prohibiera a los argentinos tener dólares. Se estableció la Agricultural Adjustment Act por la cual se subsidiaba a los productores agrícolas para que no produjeran. Ese subsidio se financiaba con el impuesto a la transformación. Un impuesto que tenían que pagar los que compraban como insumos los productos agrícolas. El que compraba algodón para hacer una camisa, pagaba el impuesto a la transformación para que el que producía algodón produjera menos vía el subsidio que le daba el estado con ese impuesto.
También se estableció la National Industrial Recovery Act que regulaba la actividad de la industria, las horas de trabajo, los salarios, etc. Y, además del proteccionismo impuesto, se creó la National Recovery Administration para regular toda la economía.
Toda esta maraña de regulaciones que componían el New Deal ahogaba la economía y llevaron a una cantidad de juicios cuestionando su constitucionalidad. Al principio, la Corte Suprema de Justicia acompañó a gobierno de Rooselvet, pero llegó un punto en que dijo basta.
Aquí vale la pena aclarar que Hoover, el presidente que antecedió a Rooselvet, dejó una CSJ compuesta por cuatro miembros conservadores, dos moderados y tres “liberals” (aquí les diríamos progres), siguiendo el trabajo de Antonia Sagredo Santos publicado por la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, Rooselvet no tenía toda la Corte Suprema en contra. Pero en 1935 la CSJ empezó a frenarle la avalancha de regulaciones por inconstitucionales y en enero de 1936 le voltea el corazón del New Deal que estaba en la Agricultural Adjustment Act por el caso Estados Unidos vs. Butler, conocido como el caso Butler. En esencia la CSJ declara inconstitucional el impuesto a la transformación por coaccionar la libertad, digamos extorsivo para quienes no quisieran cumplir con las órdenes del gobierno de producir menos, avanzaba sobre los derechos de los estados transformando a EE.UU. en un gobierno unitario y la potestad que se arrogaba el Ejecutivo de ejercer poderes legislativos.
Al caer la Agricultural Adjustment Act, cayeron al poco tiempo la National Industrial Recovery Act y la National Recovery Administration porque estaban basadas en el espíritu de la primera. Esta declaración de inconstitucionalidad fue liberando la economía del ahogo de las regulaciones y, puede verse en el gráfico 1, que ya en 1935 con las primeras limitaciones y en 1936 con el freno a la maraña de controles del New Deal, la economía recupera confianza.
Obviamente, Rooselvet quiso remover a parte de la CSJ, algo que hace recordar al kirchnerismo, por oponerse a sus poderes especiales que le había delegado el Congreso, algo que la CSJ consideró inadmisible en un estado con división de poderes. La embestida de Rooselvet contra la corte no tuvo apoyo ni siquiera en su propio partido, el Demócrata, y esto ayudó a recomponer la confianza.
Luego el presidente quiso neutralizarla ampliando la cantidad de miembros para tener una Corte adicta. Como no logró este objetivo, Roosevelt intentó sacarse de encima a los jueces de la Corte reduciendo la edad de sus miembros a 65 años. Tampoco funcionó ésta estrategia. La firmeza de la CSJ y el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos le permitieron recuperar su economía luego de haber confiscado depósitos y prohibir la tenencia de ahorro y establecer las regulaciones más absurdas al estilo Moreno, junto con el déficit fiscal. Es decir, las barbaridades económicas que se hicieron en el New Deal, las cuales nosotros copiamos con mucho entusiasmo, fueron frenadas por el funcionamiento institucional. En definitiva, prevaleció el espíritu de los padres fundadores a la hora de respetar el derecho de propiedad y de división de poderes.
Mi impresión es que no fueron ni el New Deal, ni la receta keynesiana que Rooselvet ya conocía desde 1934, ni la Segunda Guerra Mundial, los que le permitieron a Estados Unidos salir la depresión del 30. Como puede verse en el gráfico 1, a partir del momento en que la CSJ declara inconstitucionales las leyes que eran el corazón del New Deal la producción industrial consolida su recuperación.
En síntesis, tengamos en claro que para que Argentina salga de su larga decadencia y evite una nueva crisis económica, no pueden separarse políticas económicas consistentes de calidad institucional. Y esta última no depende de un partido político, depende de la dirigencia política en su conjunto que debe aceptar que debe haber políticas públicas de largo plazo en las que se limite el poder del estado para que no viole los derechos de propiedad ni ahogue la capacidad de innovación de los argentinos con impuestos ridículos y regulaciones absurdas.
No copiemos el nefasto New Deal, que retardó la salida de la depresión. Copiemos la parte buena de Estados Unidos: el imperio de la instituciones que prevaleció por sobre la locura regulatoria del New Deal.
