Por María Dolores Arias
Desde que se instauraron los programas sociales estatales nos han querido vender la idea de que estos programas son por el bien de la sociedad. Sin embargo, si analizamos las premisas en las que se basan podemos darnos cuenta que en lugar de beneficiar la convivencia pacífica entre los “asociados”, quienes integramos una sociedad, lo que hace es facilitar el abuso de unos sobre otros. Es decir, facilita el abuso de “unos organizados” sobre “otros desorganizados” por medio de privilegios y de programas sociales.
Anteriormente los programas sociales estatales eran reconocidos como parte del Estado-Benefactor-Mercantilista, como su nombre lo indica el Estado repartía “beneficios”, supuestamente, a los más necesitados y de paso beneficiaba también a sus allegados mercantilistas.
La idea, arraigada, de la necesidad de la intervención estatal, la podemos identificar en un conversatorio sobre la reducción de pobreza y desnutrición crónica, en donde los vicepresidenciales afirmaron que “continuar con los programas sociales es necesario para reducir la pobreza y dar atención a la primera infancia” agregaron también que “no se pueden eliminar los programas sociales, pues ayudan a que la población reduzca su nivel de pobreza, aunque se debe garantizar la transparencia en ellos”.
Estas afirmaciones, nos muestran claramente las premisas falsas sobre las cuáles nos han hecho creer que la intervención estatal es necesaria para mejorar la calidad de vida de los “asociados”.
Hay varios puntos que debemos analizar para comprender lo pernicioso de los programas asistencialistas estatales: primero, el combate a la pobreza tiene fundamentos equivocados ya que en lugar de enfocarse en cómo crear riqueza se enfoca en repartir lo creado por otros. Me explico, la creación de riqueza es la única forma de mejorar la calidad de vida de forma sostenible, ya sea a través del empleo, negocio propio, o autoempleo; es decir a través de la inversión privada, grande o pequeña, que transforma recursos, aprovecha oportunidades y brinda productos o servicios apreciados por los consumidores. Al generar estos productos o servicios no sólo mejora su calidad de vida con sus ingresos sino que mejora la de sus clientes que lo consumen.
Entonces, más que repartir lo que no es de uno; cosa que encanta a los políticos “colectivistas”, se debe allanar el camino a quienes buscan generar riqueza. En pocas palabras, dejar en libertad a quienes generan riqueza sujetos a reglas, objetivas y claras, que garanticen el respeto a los derechos individuales.
Segundo: La sociedad surge como una respuesta a la necesidad de cooperar para alcanzar nuestros fines más eficientemente. Es a través de esta “asociación” como los “asociados” obtienen beneficios mutuos por medio de los intercambios voluntarios y del compromiso al respeto de los derechos individuales. De este modo, crean al gobierno como una organización encargada de velar por el propósito de la asociación: el respeto a los contratos entre los asociados y el respeto a sus derechos individuales.
Si tomamos en cuenta lo anterior, entonces podemos analizar algunas de las premisas falsa sobre los que se fundamentan los programas sociales estatales. Empecemos por “los programas sociales, estatales, son necesarios para reducir la pobreza” o “los programas sociales, estatales, son necesarios para atender a la niñez desnutrida”.
Creer que el gobierno combate la pobreza a través de quitarle a unos para darle a los otros es tragarse el “lenguaje atolitario” completo. Para poder quitarle a unos, primero hay que tener que quitarles; es decir, debieron haber generado riqueza antes. Además el manejo discrecional de los recursos por parte de los burócratas permite que los “beneficiarios” sean sus partidarios, allegados y familiares. El incentivo para el burócrata es mantener la pobreza “controlada” para continuar con el “negocio” de ayudar a los más necesitados.
Es común leer noticias sobre la corrupción y el malgasto en los recursos del tributario administrado por los burócratas en casi cualquier área, ¿por qué los programas asistencialistas serían la excepción? ¿recuerda el caso de los frijoles con gorgojo? El problema no es si son o no transparentes en el uso de los recursos sino en que no solucionan el problema de fondo.
Los programas sociales estatales no son necesarios para reducir la pobreza ni son necesarios para atender a la niñez desnutrida, aceptar esto implica aceptar que los guatemaltecos son unos desgraciados e inhumanos, incapaces de ser solidarios, correctamente entendido el concepto, con sus semejantes. La benevolencia ha sido parte importante del éxito en la asociación de los individuos, de forma privada y voluntaria nos organizamos para ayudar al más necesitado.
Ahora imagine si todo ese dinero que nos quitan, en impuestos disque para ayudar con los programas sociales, se quedará en nuestros bolsillos. ¿Cuántos más productos y servicios se demandarían? ¿Cuántos empleos se crearían? ¿Cuánto más ahorro o consumo existiría, incentivando la economía?
Los programas sociales estatales son programas anti-sociales ya que destruyen la base de los intercambios voluntarios con beneficios mutuos sobre la cual nos asociamos. ¿Aún les cree a los políticos cuando le aseguran que los programas sociales estatales son necesarios?
