Por Gabriela Calderón de Burgos
El sistema nacional de seguridad social está en crisis. Los beneficios prometidos por políticos a lo largo de varias décadas están en riesgo de no materializarse, independientemente de si el Estado contribuye o no con el subsidio de 40 % a las pensiones. Frente a esta crisis, propuse la semana pasada dos cosas: descentralizar la seguridad social y que los gobiernos cantonales adopten, si así lo consideran conveniente, el sistema de capitalización individual.
Me sorprendió la afirmación de varios lectores de que el sistema de cuentas individuales de ahorros de Chile “está quebrado” cuando es uno de los pocos en la región que está totalmente financiado. El Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer de 2019 consideró que el sistema de pensiones chileno estaba en el top 10. En el top 3 se encuentra Australia que también introdujo el sistema de capitalización individual en 1994. Nueve países lo tienen en América Latina. También han adoptado total o parcialmente el sistema de capitalización individual países tan diversos como Suecia, Dinamarca, Polonia, Corea, Hong Kong, Eslovaquia, entre otros.
En Chile, este sistema logró acumular para 2018 en activos el equivalente a 70,2 % del PIB y no tiene déficit actuarial. Nuestro sistema de reparto acumula el equivalente a 6 % del PIB y se estima un déficit actuarial para el año 2058 de entre $4551 millones y $70 268 millones.
Algunos comparan la tasa de reemplazo del salario de Chile (31,2 %) con sistemas de reparto como el de España (72,3 %). Vale aclarar que en los sistemas de reparto realmente no hay un ahorro, dado que las pensiones actuales se financian con los aportes actuales y he ahí la semilla de su cáncer: están destinados a la quiebra, puesto que alrededor del mundo la fertilidad está cayendo y la expectativa de vida está aumentando, todo lo cual deriva en que cada vez haya menos aportantes financiando a cada vez más jubilados. Así que son pensiones generosas financiadas con deuda y no son sostenibles en el mediano y largo plazo.
Otra aclaración es que si se aporta más, obviamente recibirá más. En el sistema de reparto español, por ejemplo, el trabajador aporta 2,5 veces lo que aporta el chileno. Esto es, 26,2 % vs. 10,5 % del salario. Podríamos pensar que si los chilenos más que duplicasen su aporte para igualar aquel de los españoles, su tasa de reemplazo podría más que duplicarse, sin haber generado una bomba fiscal.
El sistema de capitalización es éticamente superior frente al de reparto, porque les da a los trabajadores la libertad para elegir qué institución administra sus ahorros, su monto de aportes por encima de un mínimo y el nivel de riesgo que tolera para sus inversiones en distintas etapas de su vida laboral. Su plan de jubilación no depende de la buena voluntad y economía del jefe sino de la suya.
Actualmente, los trabajadores sufren las consecuencias de ser los clientes cautivos de un monopolio estatal conocido por la corrupción y el despilfarro.
Conviene, entonces, que uno o varios alcaldes impulsen una consulta popular para descentralizar la institución y trasladar su competencia a nivel local. Después, pueden consultar a los ciudadanos si desean continuar bajo el sistema actual o migrar al nuevo sistema de capitalización individual.
