Por Roberto Cachanosky
No entro a debatir la necesidad de la cuarentena que estableció el Gobierno, pero sí vale la pena formular algunas reflexiones sobre el impacto económico que está teniendo y cómo suavizarla. En rigor, salvo algunos sectores en particular, la economía no tendría que paralizarse tanto. En todo caso si se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo público.
El primer dato a tener en cuenta es que en el país hay, entre Nación, provincias y municipios, 3,1 millones de empleados estatales. La gran mayoría de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar su existencia.
De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces. En ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira). Es decir, el 35% de las leyes son un delirio y otras se aproximan a esa calificación.
Es más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se juntó en el año en Diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces. Y en Senadores fue la Presupuesto y Hacienda, 14 veces.
Pero atención que si se miran los datos desde 2012 para acá, tampoco es que el Congreso trabajó tan poco solo este año. El año que más reuniones tuvo fue en 2012, cuando diputados sesionó 20 veces y senadores 23 veces. Menos de un mes por año calendario.
Lo que muestra lo anterior es que no hace falta la legión de asesores y empleados que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por diputado, sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.). Hay que agregar a esto la actividad legislativa de los congresos provinciales y los consejos deliberantes y se verá que ahí hay mucho movimiento de gente sin producir nada.
No se trata de cerrar los parlamentos ni los consejos deliberantes, salvo algún caso especial, no hace falta estar movilizando tanta gente todo el tiempo. Hay mucho dinero para ahorrar en esos rubros. Un gesto de recortar las dietas a la mitad, es lo mínimo que deberían hacer.
Pero, no todo pasa por el Poder Legislativo, los estados provinciales y municipales también tienen una gran burocracia para justificar su existencia que generan un movimiento de gente demasiado grande y producen el contagio del coronavirus.
En diciembre de 2019 había 6 millones de empleados en relación de dependencia en el conjunto del sector privado y 3,1 millones de ocupados en la administración pública, considerando todos los niveles de la burocracia estatal.
En este momento de pandemia, si se analiza cuáles son los empleados del Estado nacional que tienen que moverse en la calle son 237.654 de 700.000 en la Administración Central, los cuales se desagregan en: 13.136 en salud, 110.546 Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad pública. El resto puede quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí produce. Solo el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo. Pero los empleados públicos provinciales también entorpecen.
De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo para 2017, que no cambiaron mucho hasta ahora, había en las provincias 2,3 millones de empleados públicos, de los cuales 345.500 eran policías. Esos tienen que salir a la calle, pero no todos al mismo tiempo. Aproximadamente 900.000 corresponden a educación, que trabajan desde sus hogares. El resto, salvo los que se desempeñan el sistema de salud, pueden hacerlo desde sus casas, incluso los miembros de la Justicia.
El gráfico anterior muestra la enormidad de empleo público en la mayoría de las provincias (el dato de Santa Cruz parece dudoso).
Si se logra que los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia innecesaria, y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya se podría sacar de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando que, dado que el sector privado va a tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que tiene.
Respecto a los 6 millones de empleados en blanco en relación de dependencia en el sector privado, el grueso está concentrado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.
Como puede verse, son media docena de provincias las que mayor cantidad de empleados privados concentran, de los cuales muchos trabajan en inmobiliarias, turismo, organización de eventos y otras actividades que ya venían fuera de combate y ahora las mataron con la cuarentena.
La industria tiene poco más de 1 millón de empleados y puede seguir operando. Comercio y Reparaciones registra 1,1 millones, rubro que está muy golpeado y debería seguir operando. Construcción cuenta con 395.000 empleados y puede seguir operando pero viene en baja porque se redujo el interés en invertir en propiedades. Intermediación financiera son 160.000 empleados y buena parte del trabajo se hace online (homebanking).
Sectores con ingreso variable
El mayor problema se presenta para los monotributistas, los autónomos y una buena parte de la población que vive al día como el taxista, el plomero, el electricista, etc. Es gente que si no factura, directamente no come. Por otro lado está el problema de todos los que trabajan en el mercado informal.
En definitiva, se pueden identificar los siguientes puntos respecto de la movilidad de las personas activas en tiempo de cuarentena por la pandemia:
- Se puede descongestionar mucho la circulación de gente y el riesgo de contagio si la mayoría de los empleados públicos se quedan en su casa. Está comprobado que hay sobreabundancia de personal en las administraciones estatales, en todos los niveles, que genera sus propios anticuerpos inventando trámites para justificar su existencia. Su ausencia se notará en un aumento de la productividad del sector privado;
- Hay mucha descongestión de gente que trabaja haciendo teletrabajogracias a internet y las nuevas formas de comunicarse; y
- El grueso del problema parece estar concentrado en CABA y la Provincia de Buenos Aires.
Desde el punto de vista económico, es urgente bajar la carga tributaria. ¿Se puede? El gasto público consolidado (Nación más provincias más municipios) en salarios en lo que hace a la administración general (no incluye justicia, seguridad, defensa, salud, educación ni planes sociales), representa 3% del PBI. En estos momentos de angustia, es la oportunidad para que los políticos, que tanto hablan de solidaridad, hagan un sacrificio y reduzcan sus ingresos en un 50%. Eso significaría un ahorro de aproximadamente $500.000 millones, monto que se evitaría tener que emitir si no se siguen repartiendo subsidios, bonos y plata que alegremente reparten los legisladores y menor carga tributaria para el agobiado sector privado.
Llegó la hora de la verdad para la dirigencia política que todo el tiempo habla de solidaridad: ¿está dispuesto a ser solidaria reduciendo a la mitad sus ingresos o seguirá viviendo a costa de un sector privado que ya no daba más y ahora agoniza manteniendo planeros y empleados públicos?
