Por Fernando Herrera
Como sabemos, el Gobierno español y otros muchos occidentales han optado por una solución de planificación central para luchar contra el coronavirus. Sus medidas más aparentes en el caso de España son la gestión centralizada por el Gobierno del sector sanitario y las medidas de distanciamiento social que llevamos padeciendo unas semanas.
Desde un punto de vista económico, el análisis que hay que hacer es la pertinencia de tales medidas a efectos de los objetivos perseguidos. La respuesta que dará un economista mainstream es que la protección de los ciudadanos es un bien público o colectivo y, por tanto, no puede ser proporcionada más que por el Estado, lo que conlleva un régimen de planificación central.
No solo para los economistas mainstream esto es así, parece que también algunos austriacos comparten la visión, y citan en su defensa al mismísimo Hayek, quien en su obra magna Law, Legislation and Liberty afirma lo mismo: “Few people will question that only such an organization can deal with the effects of such natural disasters as storms, floods, earthquakes, epidemics and the like, and carry out measures to forestall or remedy them” (p. 455), refiriéndose al Estado. Hayek lo justifica en la consideración de bien colectivo de la seguridad.
Lo que pasa es que Hayek escribió esta obra en los años 70, y desde entonces la economía austriaca ha avanzado considerablemente en este aspecto. Economistas tan renombrados como Hans-Hermann Hoppe, Walter Block, Murray N. Rothbard o Roy Cordato han desmontado completamente el concepto de bien colectivo o público[1]. Pocas dudas caben de que no existen tales bienes, al menos no de una forma objetivamente discernible. Y pocas dudas me caben de que Hayek, si escribiera ahora, habría estado de acuerdo con sus sucesores.
No voy a entrar en el análisis de los bienes públicos, pues no es el objetivo de este artículo, y además acabo de citar autores que lo han hecho mucho mejor de lo que yo podría hacer. Terminemos de quitar el elefante de la habitación recordando que todas las críticas se resumen en una: es imposible determinar objetivamente si un bien concreto es público/colectivo; por tanto, si se acepta el concepto, el Estado estaría legitimado para prestar cualquier producto o servicio a su gusto.
Eliminado el concepto de bien público, nadie debería tener dudas de que el sistema para la provisión más eficiente de cualquier producto o servicio es el mercado no intervenido, pues ningún economista las tiene. Sabemos que el mercado es la mejor forma de canalizar los recursos escasos allá donde se precisen, y ello es así sin ningún tipo de excepción. También en el caso de grandes crisis sanitarias como podría ser esta del coronavirus.
Dicho esto, sin embargo, creo que sí puede haber circunstancias excepcionales que justifiquen medidas de planificación central. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Se tienen que cumplir dos condiciones: 1) Unanimidad de objetivos de todos los individuos de la comunidad; y 2) Urgencia en dedicar los recursos de la sociedad al objetivo unánime como condición necesaria para su eficacia.
En esas condiciones la planificación central podría ser más efectiva que el mercado, debido a que existe una necesidad prioritaria, y no es necesario el proceso de descubrimiento característico del mercado. Si las preferencias se unifican y el objetivo es claro, entonces estamos en una situación de mera organización de recursos en pos de un fin, ya no hay que distribuir recursos entre distintos fines, y eso la planificación central lo puede hacer bien. De hecho, podríamos asumir al homo economicus de los neoclásicos, pues estamos en una situación en que conocemos fines y recursos, y no hay nada que descubrir.
Pero esta condición no es suficiente. El mercado también funcionará adecuadamente para llevar recursos allá donde se requieran en el caso de unanimidad de fines. El problema puede ser de tiempos: el mercado lo va a hacer, pero no de forma instantánea, y en el intervalo en que esto ocurre puede haberse perdido la oportunidad de la medida. No estoy infraestimando, ni mucho menos, la capacidad de adaptación del mercado; solo estoy imaginando unas condiciones en que los recursos se requieran de forma inmediata para ser eficaces.
Si estas dos condiciones se cumplen, algo que tampoco podrá determinarse objetivamente, la planificación central podría ser una respuesta más efectiva que el mercado no intervenido. Se tienen que cumplir las dos: aunque haya unanimidad, si no hay urgencia, el mercado será capaz de resolver el problema.
Ahora toca asomarse al otro lado de la decisión, porque los males de la planificación central van a seguir en acción incluso en estas condiciones. Me refiero a la imposibilidad del cálculo económico y, por tanto, a la ineficiencia de la planificación central para distribuir recursos.
Desde el momento inicial de la decisión y conforme pase el tiempo, dos fuerzas van a tender a hacer ineficiente y contraproducente la planificación central. Por un lado, las preferencias de los individuos irán variando y se perderá la unanimidad; por otro, se deslizarán las ineficiencias en la asignación de recursos y corrupciones inherentes a ese sistema. Además, la planificación central sacrifica el proceso de descubrimiento de nuevos recursos para satisfacer la necesidad, esto es, la innovación. Por tanto, incluso si se acepta que la planificación central puede resolver una situación de emergencia en un momento dado, los problemas que ocasiona pueden crecer hasta superar la magnitud del problema inicial, en muchos órdenes.
Quizá por ello nuestra Constitución solo permite 15 días de estado de alarma. O que la República romana solo dejaba 6 meses a sus dictadores. Entre ambos plazos se ha de situar la duración de un régimen de planificación central en respuesta a una emergencia, y yo diría que más cerca de los 15 días, puesto que los sistemas económicos son mucho más complejos en la actualidad que en tiempos de los romanos.
Si nos llevamos el análisis teórico al caso de España con el coronavirus, a primera vista parece que se cumplen ambas condiciones. En efecto, hay una unanimidad casi total en que es prioritario acabar con la pandemia (ojo, que eso puede ser también consecuencia del confinamiento que se nos ha impuesto). Y se asume que es urgente el acopio de recursos para afrontarla con éxito. Ambas condiciones podrían justificar el decreto del estado de alarma y la asunción de todos los recursos sanitarios por el Gobierno para hacer frente con eficacia a la pandemia.
No nos queda otra que aceptarlo, aunque conforme vaya pasando el tiempo se producirán los desvíos descritos algunos párrafos más atrás. Y me inclino a pensar que, tras unas pocas semanas, no sé cuántas, los daños de esta decisión empezarán a superar los supuestos beneficios obtenidos. Como ya dije en otro artículo: “Si el coronavirus nos abandona en 15 días, estas líneas pasarán a un grato olvido, por lo menos hasta la próxima crisis.”
Y ahora que parecía haber terminado el artículo y los títulos de crédito, resulta que hay más, se dirá el lector, como en las películas de superhéroes. Y es que, en efecto, hay más: ¿por qué ha tenido que ser urgente el acopio de recursos sanitarios? ¿Es que el coronavirus nos ha pillado por sorpresa, como posiblemente ocurrió en China? No creo que se pueda responder afirmativamente a esta pregunta. No había nadie que no supiera lo que estaba pasando en China, en primer lugar, porque a principios de febrero conocimos todos que el MWC de Barcelona, el congreso de tecnología más importante del mundo, se cancelaba por causa del coronavirus.
Entonces, ¿cómo es que se ha llegado a una situación de urgencia que justifique la planificación central? La respuesta no la daré en este artículo, pero ya anticipo que es muy tenebrosa y me temo que no nos va a gustar nada.
[1] Al interesado en entrar en más detalles, le recomiendo la conferencia impartida por Daniel R. Carreiro el pasado 21 de marzo en este IJM, con el título “La justificación del Estado y los bienes públicos”.
