Por Pablo Lavado y Oscar Sumar
Uno de los principales retos de la situación que enfrentamos es la incertidumbre. No sabemos cuántos infectados realmente hay. Por tanto, no sabemos cuál es la tasa de mortalidad, lo que hace que una proyección de fallecidos totales sea muy compleja (solo en USA, ha variado en cifras tan distantes como 5 mil a 2.2 millones). No sabemos exactamente cuál es la ratio de contagios. Tampoco sabemos cuándo habrá una vacuna. Como no sabemos lo anterior, tampoco tenemos certeza sobre el impacto económico que tendrá. La incertidumbre puede caer hacia cualquier lado, más o menos muertos o daños que los proyectados originalmente. Simplemente, no sabemos. La recomendación que sugieren los epidemiólogos es seguir el día a día de las pruebas, los casos, los hospitalizados, la ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de los fallecimientos y de los que son dados de alta.
Parece instintivo y casi de sentido común, en una circunstancia así, asumir lo peor y tomar todas las precauciones posibles. Fue lo que hizo Nueva Zelanda, que aplicó la cuarentena y otras medidas rápidas y agresivas para detener la propagación. Resultado: hasta ahora solo tiene 14 fallecidos. Sin embargo, también existen países como Suecia, que han adoptado una estrategia completamente distinta, con resultados dentro del promedio. Así, no existe tampoco certeza sobre la mejor medida a tomar, sea distanciamiento estricto o laxo; obligatorio o como norma social. Es importante anotar, que los especialistas, en particular, los epidemiólogos, recomiendan, dadas las restricciones del sistema que cada país tenga, medidas de aislamiento agresivas, como la cuarentena.
¿Qué hacer entonces? Creemos que nuestra la constitución peruana nos puede dar algunas luces. Muchas veces se considera que una constitución es un texto formal, que nos guía en casos donde hay procedimientos específicos que seguir (vacancia o elecciones, por ejemplo), pero no mucho más. Esto es errado, una constitución es un marco para la actuación pública no sólo por los procedimientos que incluye, sino -principalmente- por los lineamientos sustanciales que deben guiar a las autoridades (alejándolas de la arbitrariedad). Quizá los puntos más pertinentes sean el “principio precautorio” y el “test de razonabilidad”. En palabras del Tribunal Constitucional peruano, si bien el principio precautorio exige tomar medidas de prevención, así no exista certeza sobre el daño, “No siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones” (STC, 03510-2003-AA, f.j 4). Así, hay que tomar en cuenta que nuestro marco constitucional -que sirve de parámetro para la actuación de los poderes públicos- no le da carta abierta a las autoridades, sino que les exige actuar con razonabilidad, adoptando las medidas que sean idóneas, necesarias (no existan mejores alternativas) y que hagan un balance adecuado entre costos y beneficios. Este marco institucional sugiere que Perú debería adoptar un plan para dejar de lado la cuarentena estricta.
En Perú, la cuarentena se viene aplicando desde el 16 de marzo. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿hasta cuándo? Esta pregunta cada vez se vuelve más relevante, en tanto, si bien, por un lado, la cuarentena estaría disminuyendo el número de casos y de fallecimientos, por otro lado, la situación social y económica del país se ve afectada. Por ello, recomendamos buscar algunas pistas dentro de la incertidumbre e ir atacando un problema complejo, por partes. Son tres las que podemos identificar. Primero, el número de infectados “óptimo” no es cero: existe un trade-off entre costos derivados del virus y costos derivados de medidas para combatir el virus. Segundo, la cuarentena no puede durar mucho tiempo ya que los costos sociales y económicos empiezan a crecer exponencialmente. Tercero, se requiere más información y medidas más focalizadas para combatir el virus. Como ya mencionamos, siguiendo el marco constitucional, si bien debemos tomar precauciones, debemos buscar balancear los costos involucrados.
La cuarentena ha funcionado, pero no en la extensión esperada. Sin duda, se han salvado valiosas vidas. Sin embargo, parece no haber sido tan efectivo tal como se pensó, por varios motivos. Al principio, el cumplimiento no fue el ideal. Además, muchas personas tienen poca capacidad de comprar más allá del día a día. Finalmente, se necesitan más pruebas y rastreo con el objetivo de contener al virus. El resultado es que aún estamos en una situación en la que el virus no está contenido. Todo esto nos lleva a pensar que nuestra cuarentena se debería alargar más. Tenemos un par de semanas más, hasta el 11 de mayo, para fortalecer, sobre todo, el testeo y el rastreo y comprobar si hay un patrón consistente en el control del virus.
La otra cara de la moneda es el costo social y económico de la cuarentena. Este costo no se trata del dinero perdido. Se trata también de cómo se traducen las medidas que se plantean en beneficio o costo para las personas, más allá de las cuestiones de salud pública. En ese sentido, hay que tomar en cuenta la naturaleza de nuestro país: altamente informal, con más del 50% de personas que vive del día a día y con 20% de pobreza. Por ello, cada semana, y para algunos, cada día, adicional de cuarentena implicará un efecto negativo sobre su bienestar. En un reciente estudio de MIT, se plantea formalmente este trade-off y se hace un cálculo, basado en la economía de USA y en los cálculos de un estudio del Imperial College London: las medidas implicarán un costo entre 30 y 40% del consumo de un año. Aunque los costos no sólo tienen que ver con el consumo, sino también con la salud mental y la violencia dentro del hogar.
En el caso de Perú, la cuarentena ha paralizado la actividad económica, lo que significaría una caída de casi 9% del PBI en el primer trimestre, de no menos del 20% para el segundo trimestre y, lo que sería, una caída entre 8 y 12% en año, tal como señalan algunas estimaciones. Esta paralización se traduciría en una caída del empleo y de los ingresos y, como consecuencia, un aumento de la pobreza de casi 26%. Definitivamente, la entrega de los bonos ha mitigado el impacto negativo que la cuarentena pudo haber tenido en los hogares peruanos. Finalmente, el aumento de la pobreza traerá problemas alimentarios y descuidos en otros aspectos de la salud pública (se están experimentando caídas dramáticas en las tasas de vacunación en Tanzania y Pakistán). Esto también generaría muertes.
¿Esto quiere decir que debemos levantar la cuarentena mañana y volver a la vida normal? No. No solo sería poco aconsejable, sino imposible, porque las cuarentenas no son dictadas sólo por los gobiernos; en muchos casos se autoimponen por causa del virus mismo. Se necesita un nivel de contagio significativamente menor al que se tiene en la actualidad. Pensando en ese momento, algunas ideas podemos compartir y que buscarían la reactivación de la economía, siguiendo nuestro marco constitucional. A continuación, planteamos un par de ideas, que también han sido mencionadas por otros especialistas:
i) Focalización regional de la cuarentena: identificación de aquellas regiones que han visto un aumento significativo de los casos y las muertes; y,
ii) Relajación sectorial de la cuarentena: tomando en cuenta dos dimensiones. Primero, aquellas actividades económicas más productivas (minería, agroexportación, manufactura, construcción) y que tengan un impacto en el crecimiento del país (por el lado de la demanda externa tenemos a la agroexportación y minería; por el lado de la demanda interna, tenemos inversión privada y pública, construcción y manufactura). Segundo, aquellas actividades económicas con menor riesgo de aglomeración (por el momento las que emplean menos gente) o que en sí mismas contribuyan a reducir la aglomeración (delivery). Aunque también se podrían dictar porcentajes de aforo. Es necesario que para todos aquellas actividades y firmas se aseguren de seguir protocolos sanitarios que disminuyen el riesgo de contagio, así como pruebas regulares con el objetivo de asegurar zonas libres de Covid-19.
En el Perú hay casi 9.5 millones de empresas, de las cuales casi 2.5 millones son formales. Se puede empezar con las formales. Para las informales, es un buen momento para registrarlas y formalizarlas, no en el sentido de fiscalización, sino en el sentido de información. Una propuesta en esta línea es la planteada por Elmer Cuba. Es una oportunidad para mostrar las ventajas de la formalidad. No obstante, estas medidas de relajación de cuarentena para ciertas actividades económicas, ciertamente deben venir acompañadas de medidas de protección social. En este sentido, se empezó otorgando bonos a los hogares pobres y vulnerables y se ha ampliado la cobertura de éste, para alcanzar a casi el 75% de la población.
No es nada fácil esta situación. Quedan pendientes varias discusiones, como el regreso a las aulas; relajamiento de restricciones sociales (paseos al aire libre, por ejemplo); y, los métodos para financiar las ayudas sociales y el incremento en los gastos de salud. Es muy importante anotar que, sin medidas concretas para contrarrestar el virus, cualquier medida social o económica será insuficiente. La evidencia a partir de pandemias y virus pasados muestra que vamos a experimentar más olas de contagio una vez que se relaje la cuarentena. Nuestras autoridades, profesionales de salud, de las fuerzas armadas y policiales y muchas personas de las cuales quizá nunca escuchemos sus nombres están dirigiendo todas sus fuerzas contra la propagación del virus. Por ello, desde aquí, nuestros aplausos y deseos que esas fuerzas continúen. En definitiva, es saludable esperar hasta el 11 de mayo, verificar el cambio en el patrón del virus para, luego, empezar con las medidas de flexibilización de la cuarentena. Todos jugamos un papel importante en la actual coyuntura y todos buscamos el mismo objetivo: Perú supere esta crisis. Compartamos ideas, discutamos, aprendamos y caminemos juntos.
Pablo Lavado es Economista y Profesor del Departamento Académico de Economía en la Universidad del Pacífico.
Oscar Sumar es abogado y Director de la Carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur.
