Por Edgardo Zablotsky
El domingo 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández, en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso señaló: “Acepté el desafío inmenso de ser Presidente de todos los argentinos, porque estoy convencido del espíritu creativo de millones de argentinos que sueñan un gran país. La agenda de un nuevo Contrato 2020/2021 se basa en responder de modo colaborativo y cooperativo a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro?... Es en este espíritu es que vengo a proponerle a esta Asamblea Legislativa el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino”.
Es claro que tiene razón. ¿Cómo no perder oportunidades de desarrollo en un mundo cada vez más tecnologizado, como lo es hoy en el que nos toca vivir, si no contamos con suficientes profesionales en áreas tan estratégicas como lo son, por ejemplo, las ingenierías? ¿Cómo puede el Estado reorientar a nuestros jóvenes a optar por las carreras que el país realmente necesita?
En septiembre de 2016 publiqué en este mismo espacio una nota titulada: “No hay incentivos en la Argentina para estudiar ingeniería”. Sus argumentos continúan hoy siendo tan pertinentes como lo fueron tres años y medio atrás.
En ese entonces, un informe del Centro de Estudios de la Educación Pública reportaba que de los 102.000 estudiantes que se habían recibido en el último año, 34.000 provenían de las carreras de Derecho y Económicas. Por cada 100 abogados se graduaban solamente 31 ingenieros. Poco ha cambiado en estos años.
El problema radica en que estamos partiendo de una premisa equivocada. En la Argentina no se gradúan demasiados abogados y contadores en lugar de ingenieros por error, sino porque nuestra realidad así lo incentiva. Por ende, no es posible reorientar las elecciones de los jóvenes; sus elecciones dependen de la realidad que perciben.
En la Argentina hablar de libertad carece de entidad. Pocos países deben poseer un mayor número de absurdas leyes y regulaciones. Ilustrarlo es sencillo.
¿Se imagina el lector no contar con un contador para preparar su declaración anual de impuestos? Impensable; sin embargo, en otras latitudes es innecesario, los ciudadanos la realizan por sí mismos.
Emprender cualquier proyecto de inversión puede demandar meses de trámites de abogados especializados, cuando en otras tierras puede ser cuestión de días. Por otra parte, los juicios laborales son cotidianos y no por casualidad, sino porque la legislación así lo incentiva.
¿Qué otro tema, además de la tasa diferencial al impuesto a los bienes personales en el exterior, ocupa en este mes de marzo a un sinnúmero de argentinos? Honestos compatriotas que, frente a episodios como los vividos en las crisis del 2001/02, optaron por preservar sus ahorros fuera del país, enfrentan ahora la decisión de repatriar o no parte de ellos en virtud del disímil tratamiento impositivo.
Por ello no existe un exceso de graduados en Derecho o Económicas, su demanda bien lo justifica.
Cuando un joven elige la carrera a seguir toma en cuenta, además de su vocación y las becas existentes, las posibilidades que le brindará en un futuro. Esta Argentina no incentiva el estudio de las ingenierías, es una Argentina bien distinta la que lo haría. Una Argentina mucho más libre y desregulada. Una Argentina que premiase la iniciativa privada, el invertir en actividades productivas y tomar riesgos, en lugar de poner continuamente palos en la rueda.
El autor es Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación.
