Finalmente la política económica en Bolivia frente a la crisis del Coronavirus es mucho más clara luego de un mes de planificación y anuncios a cuentagotas, y el veredicto es lamentablemente el esperado: se le está inyectando esteroides al modelo de estímulo de la demanda agregada interna que hace 14 años se impuso en el país, y que fue lo que en primer lugar llevó al país a la crisis actual.
Desde luego que hay aspectos positivos entre todas las medidas de política económica, como el Bono Familia, que se trató de un programa temporal de alivio muy bien focalizado y oportuno. Sin embargo, quién sabe si por errores comunicacionales o en la estrategia del manejo de expectativas, da la impresión de que la economía del país es boyante y que el dinero alcanza para rescatar a todo el mundo con la misma política de transferencias directas de dinero en efectivo, y no es así.
Probablemente yo también hubiera apoyado esta idea hace unos 10 años atrás, porque aún pensaba que ante la feroz disputa que hubo entre el gobierno central y los comités cívicos, universidades públicas y gobiernos departamentales y municipales por los abundantes recursos del gas, cuando el barril de petróleo alcanzó el pico de cotización por encima de los $140 en 2008.
La idea consistía en que, para diluir los incentivos que estos grupos de interés tenían para ejercer presión y enfrentarse tanto entre ellos como con el gobierno central para arrancarse los recursos del gas con distintos motivos, que, por cierto, llevaron al país a un nivel de conflicto e inestabilidad política permanente (de hecho, fue uno de los motivos que llevó a la planificación del famoso caso terrorismo del hotel Las Américas hace 11 años), era mejor entregarlos en efectivo a todos los ciudadanos mayores de 18 años, pues al menos serían mucho más sabios que el Estado en cualquiera de sus niveles para decidir qué hacer con ellos en función de su propio interés, sobre todo habiendo observado la experiencia positiva con el BonoSol de mediados de los 90. Se trataba de una second-best policy.
Sin embargo, siempre hubo algo en esta idea de las transferencias de dinero en efectivo que invitaba al escepticismo mientras no se la pusiera a las mayores pruebas teóricas posibles, sobre todo desde la teoría monetaria.
Luego de un tiempo, la tesis no soportó la prueba de economía política más elemental: ¿qué pasaría si eventualmente a algún populista se le ocurriera reforzar la política de transferencia de dinero en efectivo ilimitado, es decir, recurriendo a la impresora del Banco Central, para utilizarla cual lámpara de Aladino y así cumplir con el deseo de cuanto votante sea posible?
Pues dicho y hecho, hoy todo el mundo recurre a los programas coordinados de masiva monetización de deuda para estimular la demanda agregada interna ante un brutal shock de oferta provocada por el Coronavirus, dotando de liquidez a todo aquel que la necesite. Es lo que ahora ya pasa desde EEUU, pasando por la Eurozona, hasta Argentina o Bolivia. Tal vez no se trata necesariamente de una típica práctica populista, pero la tentación siempre existe, y por muy buenas que sean las intenciones y grandes sean las emergencias, las consecuencias son siempre las mismas: ESTANFLACIÓN.
¿Cómo actuar en semejante escenario? Hay dos caminos, separados o combinados, para quienes se lo pueden permitir: huir hacia activos reales en el país donde uno vive y esperar a que la tormenta perfecta pase lo más pronto posible, y/o huir en busca de un entorno mucho más amigable con el capital privado en el exterior, con una cantidad de opciones mucho mayor para encontrar activos reales de calidad, y estableciendo, además, una planificación patrimonial que al menos considere una estrategia de sucesión y eficiencia fiscal a requerimiento específico.
Para la primera opción es cada vez más difícil encontrar algún elemento al cual aferrarse, sobre todo porque el consenso se inclina hacia la operación lámpara de Aladino, pero sobre la segunda sí que existe un amplio margen de maniobra.
