Por Darío Lopérfido
La cuarentena en Argentina empieza a mostrar su verdadero trasfondo. Mientras el Presidente pide dibujitos a niños o programa canciones en emisiones de radio de chupamedias, su propio gobierno negocia salidas de prisión con presos peligrosos. Ante esto, los tantísimos ciudadanos honestos y de bien entran en pánico al ver a estos delincuentes que salen a intimidar a sus víctimas o a delinquir.
Extraño país donde se pretende encerrar a los ciudadanos honestos y responsables de más de 70 años y se libera a delincuentes peligrosos. Hace tiempo que algunos venimos sosteniendo que, mientras la gente padece el encierro y no puede salir a trabajar, el kirchnerismo sigue firme defendiendo los intereses propios que son su guía política: impunidad para delincuentes, avanzar sobre las libertades, insertarnos nuevamente en la lógica internacional del chavismo y quedarse con las “cajas” del Estado. La oposición, por su parte, va muy lento, no se pone los pantalones largos y les permite avanzar en sus prácticas hegemónicas. Hemos visto en estos días cómo el Gobierno tomó a algunos de los gobernantes de Cambiemos y les hizo sentir que participaban en algo (foto de por medio, claro) mientras en otros despachos gente del oficialismo los ignoraba y seguía con sus planes.
En contraposición, la ciudadanía se rebela, una vez más, contra los atropellos y erige fuertes diques para frenar los disparates oficiales. El claro repudio contra la prohibición de salidas a las personas de más de 70 años y ahora contra la liberación de los presos se realizó a través de una fabulosa demostración ciudadana. Demostraciones pacíficas, pero muy firmes.
Frente a esto, el Gobierno no hace más que ofrecer excusas vacías (todo es culpa de los jueces, de los medios y de las redes sociales). La militancia K, como no podía ser de otra manera, repite lo que por mandato tiene que decir. Por otro lado, los miembros de organizaciones como “Ni una menos” o los grupos de actrices que denuncian abusos están inmersos en un silencio atronador que avergüenza. Parece ser que, cuando se pone en riesgo a mujeres por violencia por decisión de un gobierno que les simpatiza, su grado de compromiso desciende brutalmente.
Es interesante observar qué clase de delitos han cometido algunos de los liberados en los últimos días. En los listados de los juzgados hay casos de violadores, femicidas, abusadores sexuales, violación de menores, abuso intrafamiliar, abuso sexual agravado, abuso sexual a los hijos, homicidio y secuestros extorsivos. Algunos de los protagonistas de estos delitos se encuentran ahora en el mismo barrio o en la misma casa donde los cometieron.
La única política de estado en la Argentina es la mentira. Todo el proceso que generó los motines en la cárceles y la liberación de presos tuvo protagonistas gubernamentales. El Gobierno miente queriendo desviar la atención y es fácil de explicarlo:
El primer ladrillo en la pared de impunidad fue la autorización dada a Amado Boudou. La abogada de Boudou es Graciana Peñafort, mano derecha de CFK en el Senado. El juez que lo autorizó se llama Daniel Obligado y unos días antes de la liberación había negado el permiso que después otorgó. La promiscuidad entre los jueces y la política genera cambios de opinión abruptos. Era obvio que el resto de los presos iba a pedir el mismo trato. Lo de Boudou sentó un precedente.
A los pocos días de la excarcelación de Boudou, salió un disparatado pedido de la subsecretaria de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla, para liberar a condenados por corrupción como Ricardo Jaime (entre otros). Se hizo a través de un escrito presentado al juzgado por ese miembro del Gobierno. Todo lo que hizo Alberto Fernández al respecto fue filtrar que estaba “enojado”. Si el Presidente ignoraba lo que había hecho Pietragalla, debió entonces pedirle la renuncia. Si efectivamente estaba al tanto y se mostró “enojado”, es un gran cínico. Si desconocía lo hecho por Pietragalla y no puede echarlo porque es un funcionario protegido por CFK, entonces es un pelele. Cualquiera de las tres opciones es mala y se trató de otro disparador para los presos. Si el Estado pide e intercede por corruptos tras las rejas, los demás presos entienden que hay una vía para salir. El motín se veía venir.
Hace unos días se oyó el mensaje de Roberto Cipriano García que decía que había que liberar presos durante la cuarentena. Este señor es secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel. Es un organismo público de la provincia de Buenos Aires (o sea, lo pagan los contribuyentes). Este organismo venía pidiendo entre 120 y 150 pedidos de morigeración de prisión y encabezaba los “litigios colectivos”. También presentó el pedido a Casación para que los presos pudieran tener celulares. Todo esto fue expresado por Cipriano García en el mensaje. Quizá sea una obviedad, pero vale aclararlo: si se trata de que los presos hablen con sus familias, lo lógico sería que se instalen más teléfonos públicos, no que tengan teléfonos celulares. Basta recordar que, a los pocos días de aprobar la medida de los celulares, Carolina Piparo recibió una amenaza de parte de uno de los delincuentes que había atentado contra ella cuando le dispararon estando embarazada. Otra muestra más que deja claro que la liberación indiscriminada de presos fue de la mano del oficialismo.
Esa misma comisión tuvo, además, una estrafalaria posición hace algunos meses cuando pidió que se investigara a periodistas, haciendo referencia al lawfare, con un discurso encolumnado detrás del kirchnerismo duro en una operación para desacreditar investigaciones sobre la corrupción en tiempos de CFK presidente. Hablamos de un organismo oficial de la provincia de Buenos Aires. Sería deseable que la oposición ponga énfasis en controlar este tipo de lugares que, como tantos otros en el Estado, se convirtieron en usinas del kirchenrismo duro pagadas con los impuestos de todos.
Pese a todo esto, el Gobierno dice no tener nada que ver con el tema y sus acólitos mediáticos hablan de “la justicia”, cuando hay funcionarios oficiales que han dejado muchísimas pruebas de su accionar en la estrategia de liberar presos. Esta cuestión tiene a la sociedad perpleja y, con mucha razón, enojadísima. Luego del motín de la prisión de Villa Devoto se firmó un acta entre los amotinados y las autoridades. Vale aclarar que fue un asesino serial quien negoció por los presos. En el acta firma el secretario de Justicia de la Nación, Martín Mena (el patetismo institucional se supera cada vez más). En uno de los párrafos del acta hablan, incluso, de “conmutación de penas”. Los presos de Devoto, que se amotinaron pidiendo la libertad, tuvieron una representante en la negociación llamada Claudia Cesaroni. Además de representarlos, la Sra. Cesaroni era directora de Prevención del Delito en el municipio de Quilmes, lugar conducido por la ultra kirchnerista Mayra Mendoza (que lleva a Néstor Kirchner tatuado en el brazo). El peronismo regala siempre postales de decadencia. El escándalo provocó su renuncia pedida por la oposición en Quilmes cuando se supo que la señora representaba a los presos al mismo tiempo que tenia un cargo público vinculado a la seguridad. El kirchnerismo es un cuerpo político enfermo que pone a cargo de áreas de prevención del delito a representantes de los que cometen delitos.
El juez que hizo el trabajo sucio habilitando el mecanismo de liberación de presos se llama Víctor Violini y es militante kirchnerista. Durante la gestión anterior (Cambiemos) había escrito en un tuit: “Quien alza la voz, es kirchnerista. Quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista. Pues perdón por ser tan kirchnerista”. Esto sería gracioso si no fuera tan decadente. Es la mafia ocupando todo. El kirchnerismo coloniza las instituciones para hacer abonar su ideología. Ya sabemos qué sucedió y qué sucede en Venezuela. Cada vez hay más síntomas de ir hacia ese modelo. Si querían cuidar la salud de los presos tendrían que haber realizado tests, aislado a los infectados y hospitalizado a los enfermos. Podrían haber hecho bien las cosas; pero no. Sentaron tantos precedentes nefastos, por ideología y por mala praxis, que sólo les quedó el papelón.
La reacción social de estos días fue tan extraordinaria como pacífica. Hacer frente a los excesos y a los avances sobre la libertad es posible. Las caretas van cayendo de a poco.
