Por María Dolores Arias
Así como nadie tiene el derecho a violar la vida, la propiedad o la libertad del prójimo, los diputados tampoco tienen la potestad de convertir en esclavos a quienes dicen representar y de quiénes emana el poder que temporalmente detentan.
Con las diferentes medidas aprobadas por los congresistas a finales de marzo e inicios de abril, nos convirtieron de ciudadanos libres a esclavos. No conformes con endeudarnos, pretenden salir en caballo blanco. Es decir, pretenden vernos la cara de tontos al emitir decretos como el 15-2020 que ordena “medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19.”
Pero, si lo piensa bien, se dará cuenta que la pandemia lo que ha provocado son emergencias sanitarias. Entonces, ¿qué tiene que ver el Covid-19 con el pago de pactos colectivos y bonos? ¿O con préstamos para el fortalecimiento del Ministerio Público? ¿o con la jardinización o la instalaciónde una ducha portátil en la oficina del presidente del Congreso? Y así podríamos seguir listando.
Entonces la pregunta es ¿quién no protegerá de los efectos de las ampliaciones presupuestarias, de la paralización forzada de la economía, de la malversación de fondos, del despido de miles de trabajadores y de la quiebra de comercios y empresas? ¿quién nos protegerá de las decisiones de los diputados que han aprobado los préstamos y las ampliaciones presupuestarias? ¿Serán, acaso, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? El chiste se cuenta solo.
No conformes con todo esto, ahora pretenden esclavizar a quienes producen bienes y servicios como la educación, agua, cable, luz, teléfono e internet. Por decreto, estos diputados han decido que quiénes se dedican a producirlos, no puedan recibir ingresos por los servicios que ofrecen mientras esté vigente el estado de calamidad. Ahora bien, en su “infinita sabiduría” ¿cómo pretenden los diputados que se mantengan estas empresas si no reciben ingresos? ¿cómo pretenden que paguen nóminas, proveedores e impuestos si no reciben ingresos? ¿Con préstamos gubernamentales que no necesitarían sin esta ley?
Ludwig von Mises, nos advierte que “el espíritu creador e interventor sigue subsistiendo a pesar de lo que se diga en contrario. Pero no florece más que donde hay libertad económica.” Entonces ¿cuáles son las consecuencias de medidas violatorias como esta? Muchos podrán argumentar, entre ellos los diputados, que las personas necesitan de estos servicios y que, no podrán pagarlos por la crisis.
Sin embargo, el respeto al principio de propiedad privada es una de las garantías que nos ayudará a salir más rápido de esta situación. Mientras que esta Ley agravará los efectos económicos tales como despidos, cierres y mala calidad en el servicio. Pero más allá de los efectos económicos, el daño moral es terrible, ya que abre la puerta a la expropiación solapada del gobierno.
Ayn Rand afirma que “si algunos hombres han de tener derechos sobre lo que produce el trabajo de otros, significará que a esos otros hombres se les quitarán sus derechos y se les condenará a trabajar como esclavos”. Me pregunto ¿acaso con el voto se les dio ese derecho a los diputados? Derecho que, por cierto, ningún ciudadano común tiene.
Es entonces, ¿está obligación a producir sin poder negociar el cobro del mismo es una forma de esclavitud solapada? ¿Qué nos separa, el hecho de que ahora sean estos “servicios básicos” de lo que usted produce? Si aplicamos la misma lógica ¿qué detiene a los diputados de obligar a seguir produciendo alimentos, medicamentos, insumos de limpieza sin la libertad de comercializarlos libremente?
En momentos como estos debemos recordar que “ningún hombre puede tener el derecho de imponer una obligación no elegida, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria sobre otro hombre. No puede haber tal cosa como el ‘derecho a esclavizar’”, Ayn Rand.
