Por Oscar Sumar
He pasado toda mi vida profesional evaluando la conveniencia de las políticas del gobierno. Este tema es uno que considero muy personal, dado que soy muy sensible a que el gobierno (o cualquier persona) me diga qué hacer. Valoro mucho mi libertad y considero que es el valor más importante en una sociedad, por lo que no acepto ser privado de ella de forma arbitraria. Por tanto, busco que las decisiones del gobierno siempre sean racionales. Desde que me enteré de la gravedad del Covid-19, comienzos de abril, le he dedicado muchas horas a leer y pensar al respecto, llegando muchas veces a conclusiones contradictorias que he tratado de afinar en estas semanas. El Covid-19 no solo es el reto principal que hemos afrontado muchos de nosotros, también es el mayor reto “regulatorio” que ha afrontado el mundo, por lo que considero que tengo una especie de “llamado” también en dar mi opinión, a pesar de que no sea entendido o valorado por la mayoría. En este ensayo, he tratado de resumir mi postura hasta este momento, regresando a las bases de lo que he aprendido en más de diez años de ver estos temas:
Últimamente he leído ensayos de profesores muy reconocidos en regulación como Eric Posner, donde sostiene que un mes adicional de cuarentana estricta se justifica ampliamente, en base a un “análisis costo-beneficio”; dado que las pérdidas económicas causadas por la cuarentena serían de usd 367 billones y los beneficios -calculados por vidas salvadas- serían de usd 407 billones en el peor escenario y de usd 1.15 trillones en el mejor.
Este cálculo se basa en el modelo usado por el gobierno de USA y asume que -ante la ausencia de cuarentena- no habría mitigación. También asume que la actividad económica sería normal, en ausencia de cuarentena. Ambas premisas son evidentemente incorrectas. Sin restricciones, las personas no dejarían de mitigar; con los impactos (ambiguos) en la salud y en la producción que esto conlleva. En pocas palabras, en gran medida, es el virus el que causa las muertes y la disminución de la producción, no las medidas restrictivas (o laxas) de los países.
Pero incluso existe una forma más transcendental en que dicha comparación es incorrecta. El tipo de “análisis costo-beneficio” usado por Posner no es realmente un análisis costo-beneficio, sino una medición de efectos. Estos efectos tienen relevancia económica y social, pero no son propiamente “costos” en el sentido económico (pérdidas de eficiencia):
- Las “pérdidas económicas” (de producción) no son propiamente costos en el sentido económico. Si las personas dejan de gastar o las empresas dejan de pagar sueldos, eso no es un costo en el sentido económico, sino redistributivo. Las personas están conservando el dinero antes que transfiriéndolo, pero eso no significa que desaparezca. En otras palabras, estamos considerando como costos “transferencias equivalentes”. Un error de manual (les dejo un manual, para que lo lean ustedes mismos).
- Por otro lado, en el mismo sentido, ¿las muertes significan costos en términos económicos? Solo en la medida que ese resultado sea inducido por una falla de mercado o una falla del Estado. Esto es natural, porque la acción del gobierno (sobre la cual se realiza el “análisis costo-beneficio”) solo se plantea en escenarios donde es necesario corregir alguna falla. Lo que se mide es el costo de la intervención vs. el beneficio de la intervención. Si no hubiera falla que corregir -y por tanto acción del gobierno- ni si quiera haríamos el ejercicio de medir costos y beneficios de la acción o inacción del gobierno. En caso contrario, piensen en el absurdo al que llegaríamos: el gobierno prohibiendo cualquier actividad, porque cualquier actividad significa aumentar el riesgo de morir, en muchos casos en mayor medida que el aumento marginal en el PBI producto de realizar dicha actividad. Quizá hemos llegado a ese absurdo (¿?).
Seguro economistas me querrán crucificar por decir esto (o simplemente, dirán que soy un ignorante). Después de todo, muchos de ellos dedican sus vidas a medir los “costos” en pérdidas del PBI y vidas de cada política pública. Estos estudios son llamados “costo-beneficio” y se basan en muchos conceptos que son equivalentes a los utilizados en un (real) análisis costo-beneficio como “disposición a pagar”, pero eso no quiere decir que sean “realmente” análisis costo-beneficio. Pero tranquilos, no estoy diciendo que esas mediciones sean inútiles, sino simplemente que no son parte -en sentido estricto- de un análisis costo-beneficio.
Además de no ser costos en el sentido estricto, las “pérdidas” producidas por el Covid-19 son en gran medida inevitables. Incluso el famoso estudio de Imperial College London que llevó a todo el mundo a cerrar sus economías, dice que ambas estrategias -cerrar o no cerrar la economía- tienen grandes costos: “La supresión, aunque ha sido exitosa hasta la fecha en China y en Corea del Sur, conlleva enormes costos sociales y económicos que pueden tener impactos enormes en la salud y en el bienestar a corto y largo plazo”.
En ese sentido, la decisión de cerrar o no cerrar, más que diferencias gruesas en números de muertes y pérdidas de productividad, lo que nos da es diferencias en otros aspectos de la vida en sociedad, que veremos en más detalle enseguida.
Entendiendo la ineficiencia de la cuarentena
La eficiencia (el concepto relevante para medir los costos y beneficios de forma correcta) es un concepto difícil de entender y más aún aplicar. He encontrado un ejemplo que -creo- ayudará a entenderlo: un actor hindú quería repartir 800 euros entre los más pobres. Se le ocurrió poner el dinero en bolsas de 1kg de harina y anunciar que estaba regalando 1kg por familia. Como es poca harina, solo las personas más la necesitaban se tomaron el trabajo de ir a recoger la harina, logrando así que solo ellos recibieran los 800 euros. La estrategia es brillante y encapsula el concepto de eficiencia: “asignar los bienes a sus usos más valiosos”.
El principal costo económico de la cuarentena se debe medir en eficiencia, no en reducciones del PBI o muertes (que ni son costos, ni desaparecerían por levantar la cuarentena). Sin cuarentena, solo las personas menos aversas al riesgo y que más lo necesitaran realizarían actividades económicas: tanto como proveedores de bienes y servicios, así como compradores. Las personas decidirían por ellas mismas, haciendo su propio balance de costos y beneficios, “activando” aquellas actividades que es inherentemente más valioso activar. En otras palabras: “asignando los bienes a sus usos más valiosos”.
La aproximación del gobierno peruano (y la mayoría del mundo) es al revés: en principio, todo está cerrado por decreto, salvo que se exonere. Esto, a su vez, genera el problema de que todo se debe abrir por decreto. ¿Qué incentivos o información tiene un funcionario público para abrir la economía por decreto? ¿Cómo sabe cuáles son los usos más valiosos? Sería como que el actor hindú tuviera que elegir a dedo a quién dar los 800 euros y a quién no. Serían los mismos 800 euros, pero no a las personas que los valoren más. Esa sería la pérdida: eficiencia, sumado a la pérdida de libertad (valores democráticos) que supone.
Los beneficios de la cuarentena
En un análisis costo-beneficio hecho de forma correcta, los costos son las pérdidas de eficiencia y éstas ocurren cuando existen fallas de mercado. La falla de mercado más obvia es que existen externalidades asociadas al contagio de Covid-19. Por ejemplo, una persona joven de una familia decide ir a trabajar y al regresar contagia a su papá (adulto mayor). ¿Existen las externalidades dentro de una misma familia? Difícil de argumentar, ellos actúan como una unidad, pudiendo tomar decisiones en conjunto e internalizando los costos. Pero también podemos contagiar a personas fuera de nuestra familia, que asumirían así el costo de nuestras decisiones “riesgosas”. Para eso, el gobierno podría asumir algunas medidas, lo menos restrictivas posibles, como obligar a todos a usar mascarillas. Todas las demás reglas parecen ir mucho más allá de lo necesario para evitar dicha externalidad.
Por otro lado, precisamente porque a todos nos da miedo el virus y la posibilidad de contagiar a nuestros familiares (al menos, asumiendo que somos egoístas), todos tomaremos medidas de precaución y demandaremos medidas de precaución por parte de otras personas (y negocios) con los que interactuemos. Como la “seguridad” será más demandada, también aumentará naturalmente la oferta de seguridad e incluso la competencia por ver quién ofrece más seguridad, como un atributo diferenciador entre marcas, por el que la gente está dispuesta a pagar un adicional (esto ya está ocurriendo).
¿Qué pasa con el jefe que me obliga a trabajar? Aunque suene duro, uno siempre tiene la opción de renunciar. De hecho, gran parte de la población se va a quedar sin trabajo de cualquier forma (o no puede trabajar por las restricciones del gobierno), así que hay que ver los dramas personales en perspectiva.
Suecia es el mejor modelo
Por lo descrito anteriormente, Suecia es el mejor modelo y es el modelo que pronto terminará asumiendo todo el mundo. De hecho, incluso la OMS ha dicho que Suecia es el modelo a seguir. Suecia no tendrá muchas menos muertes, ni reducción del PBI. Lo que Suecia ha ganado es preservación de los valores democráticos que son tan importantes en una sociedad occidental y -de paso- eficiencia, que es el verdadero estándar para medir costos y beneficios desde una perspectiva estrictamente económica (ver explicación completa de su modelo, aquí).
Muy bonito y todo, ¿pero esto es aplicable a un país como Perú?
Cuando digo que Perú debería seguir el modelo sueco, muchos me responden -rápidamente- mostrándome cifras sobre la cantidad de muertes en Suecia (no sé qué quieren decir exactamente, porque sus números no difieren mucho de la medida en un país industrializado) y también me enseñan objeciones de los mismos suecos a su modelo (lo cual es obvio, no creo que sea fácil aceptar que tus gobernantes son unos genios o los únicos idiotas del mundo).
Otro tipo de objeción se refiere a la comparación: Perú no es Suecia (¿se puede ser más obvio?). Suecia ha implementado una estrategia donde la población confía en el Estado. Además, tienen mayor capacidad hospitalaria.
Esto pierde de vista varias cosas, por lo que intentaré ir en orden:
- La estrategia adoptada en Perú es un intermedio entre las estrategias china y la recomendada por ICL a Gran Bretaña y USA. Esta estrategia tiene dos características: es profundamente antidemocrática (esto lo sacamos de los chinos) y es pensada para un país rico. Lo dice el mismo reporte del ICL: “Presentamos los resultados para Gran Bretaña (GB) y para los Estados Unidos (EE. UU.), pero son igualmente aplicables en la mayoría de los países de altos ingresos”. Por tanto, no tiene sentido criticar una estrategia alternativa por no ser específicamente pensada para Perú o aplicada en lugares comparables: diferimos tanto de Suecia como de China u otros países ricos.
- Por otro lado, pierde de vista que las estrategias suponen variaciones de grado que -en última instancia- no generan grandes cambios en los números “gruesos”. La aproximación sueca gana en eficiencia y en democracia (que no es poco), pero en todo lo demás es básicamente igual, por lo que mencionamos al comienzo: en gran medida, es el virus el que causa muertes y reducción del PBI, no las medidas adoptadas por los gobiernos.
- Existen estudios muy prestigiosos, incluso de investigadores de Harvard en la reconocida revista Lancet que argumentan bastante convincentemente que la mejor estrategia en un país en vías de desarrollo era la sueca (sin cuarentena estricta y generalizada, sino focalizada, solo en caso sea necesario), precisamente por las características específicas de dichos países. Los países industrializados pueden darse el lujo de cerrar sus economías y pueden confiar en sus sistemas de salud y soluciones tecnológicas para -eventualmente- salir de la cuarentena. En un país como Perú, no podemos. Además, las pérdidas de PBI podrían tener un impacto incluso mayor en la vida y salud en nuestros países, lo cual no es un costo económico, pero eso no quiere decir que no sea algo a tomar en cuenta al decidir. Es decir, es más factible decidir entre “vida o economía” en un país rico. En un país pobre es más como “vida o vida”.
- Principalmente, pierde de vista que Suecia es el único país que ha realizado un adecuado balance de costos y beneficios de la pandemia: la preservación de la democracia y la eficiencia deberían ser la prioridad, porque realmente es lo único que podemos cambiar y hacer mejor. En lo demás, el Covid-19 es un tsunami que arrasará a todos (casi) por igual.
¿Cómo le está yendo a Perú?
Perú, decidió adoptar el modelo euroasiático en lugar del sueco. Algunos creen que lo está haciendo bien, porque se salvaron vidas (hasta ahora). Otros creen que mal, porque no se salvaron suficientes y porque el país está paralizado.
Ambos están mal. En base a estos indicadores, a Perú le está yendo más o menos igual que a cualquier otro país, como no podía ser de otro modo. Si ajustamos hacia arriba o hacia abajo, seguiríamos estando más o menos igual; más aún si se evalúan los resultados en el mediano o largo plazo.
Pero estos indicadores pierden de vista el valor de los derechos y no son los relevantes en términos (estrictamente) económicos: Perú está perdiendo eficiencia al mantener cerrada su economía y está perdiendo democracia al normalizar la situación en la que el gobierno nos puede obligar a mantenernos en nuestras casas, asumiendo que no somos responsables de nuestras propias vidas, ni de nuestras familias. Ese es el verdadero costo de la cuarentena y es un costo muy difícil de medir, no como pretenden hacer algunos expertos en regulación o economistas, tomando números gruesos que no significan realmente costos, ni beneficios.
El verdadero costo es más estructural, más importante y más difícil de medir; casi como un reflejo poético de su importancia comparativa: democracia y eficiencia.
El autor es Director de la Carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur (Perú) y Ph.D por UC Berkeley. Es especialista en calidad regulatoria.
