Por Mateo Rosales Leygue
Cuando la mayor parte del territorio de España se prepara para afrontar el principio del final y el retorno a la normalidad, y el descenso de las cifras conocidas de contagios y fallecidos acompañan la cierta tranquilidad que se vive después de varias semanas, las malas noticias no cesan.
Las fatídicas cifras de fallecidos han dejado perplejos a los ciudadanos de este país y del mundo, al situarse España entre los cinco países que peor ha gestionado la crisis. En la otra orilla se empiezan a percibir los primeros atisbos de una crisis económica que se enmarca dentro de las peores de las últimas décadas cuyas consecuencias definitivas hoy son difíciles de prever. No obstante, la crisis sanitaria se supera poco a poco y la crisis económica que será una crisis marcadamente sectorializada y que afectará al tejido productivo y al empleo en España, puede superarse rápidamente si se cuenta con la voluntad de los actores políticos involucrados en su recuperación.
Pero lo más peligroso y evidente en cuanto a estabilidad se refiere es el complejo panorama político que hoy se cierne ante nuestros ojos. En apariencia, este problema adopta un cariz de temporalidad, pero en realidad pone de manifiesto el riesgo evidente del sistema trabajado durante décadas y que, contrario a lo que se piensa, no representa un malestar efímero y circunstancial, sino el retroceso nocivo del sistema democrático constitucional instituido en España. Resulta paradójico que en medio de una crisis sanitaria desatada por la imprudencia e impericia de un gobierno obcecado por su ideología y cuyo accionar se justifica en su empeño por establecer un modelo que le permita maniobrar en un amplio espectro político sin esquivar óbices, se ejecuten acciones que pongan de manifiesto el peligro inminente del Estado de derecho en un país cuyas instituciones son un ejemplo de fortaleza en todo el mundo.
Cada día los ciudadanos se despiertan con una nueva noticia que expone en sus consecuencias la capacidad extraordinaria que tiene el actual Gobierno de generar caos. En tan solo unas semanas se ha incorporado de forma ilegal y premeditada a un vicepresidente con tendencias antidemocráticas al Centro Nacional de Inteligencia; se ha cooptado ampliamente los medios de comunicación, filtrado las ruedas de prensa y acaparado las portadas de los periódicos al mejor estilo gramsciano con un mensaje directo y agudo; se ha negociado de forma subrepticia la abrogación de la reforma laboral con los herederos de uno de los episodios más cruentos y tristes de la historia reciente de España, lo que ha generado sorpresa dentro y fuera del gobierno y del círculo próximo del presidente, no tanto por los sujetos intervinientes, dado que el nivel de socios del Gobierno es, precisamente, ese, sino por las formas y la opacidad con las que se llevo a cabo; y se ha soliviantado el sistema judicial y de seguridad del Estado al destituir al comandante de la Guardia Civil en Madrid con el justificativo de no haber informado a sus superiores del contenido del informe de investigación que, al parecer, expone la posible responsabilidad del Gobierno al aceptar la manifestación el 8-M a sabiendas del riesgo entonces ya conocido de la expansión acelerada del virus.
Podemos observar y establecer que el Gobierno español hace uso intencionado del factor de aprovechamiento que todos los regímenes populistas con tintes autoritarios ejecutan con el objetivo de consolidar su modelo político o, por lo menos, acercarse lo más posible a él. Esto significa aprovecharse de la crisis y las circunstancias especiales para desarrollar un programa que se aleja de los principios primigenios de la democracia y el Estado de Derecho. Esto es así, entre otras cosas, porque hay un factor de distorsión implícito en el gobierno de coalición. Es decir, un elemento de anormalidad en el Gobierno que se constituye de forma inevitable y permanente en un factor de inestabilidad continua en el ejecutivo. Ese elemento de anormalidad, precisamente, lo representa la coalición del PSOE con Unidas Podemos, partido que defiende las ideas más radicales de la izquierda populista y antidemocrática. A su vez, este pacto suele estar apoyado por partidos que en su ideario no se encuentra la defensa y el fortalecimiento de la institucionalidad, el constitucionalismo y la democracia liberal. Todo lo contrario.
Es evidente que la crisis acelera todos los plazos y enerva las tendencias de los actores en el escenario político. El Gobierno ha sido capaz, en tiempo récord, de construir una red de personas y procedimientos alrededor suyo y de sus intereses. Los mecanismos institucionales, incluida la oposición, tienen que actuar con celeridad y sensatez, toda vez que acudimos a unos hechos que evolucionan y cambian día tras día.
Lo cierto es que hay motivos suficientes para pensar que existe un retroceso del orden institucional y que este pueda agravarse los próximos meses. Sin embargo, también hay motivos para establecer ciertos límites a la hora de plantearnos la imposición de un modelo autoritario al peor estilo del socialismo del siglo XXI, lo concreto hoy son las pautas a las que acudimos y que son ciertas y evidentes. El tiempo se encargará de dar la razón o no a unos y otros.
