Por Hana Fischer
El socialismo es una ideología cuya esencia es la desvalorización de la propiedad privada. Entre los que profesan esa corriente de pensamiento, es posible diferenciar entre dos clases de sujetos.
Por un lado, están aquellas personas que son desprendidas, que le otorgan poco valor a los bienes materiales y al dinero. Son generosos en el sentido genuino de esta palabra. En ocasiones pecan de ingenuos porque hay gente que se aprovecha de ellos pero lo que no se les podrá negar, es que son intelectualmente honestos: practican con lo propio aquello que proclaman con las palabras.
El otro grupo es el más numeroso. Posiblemente abarque al 95 % o más de los socialistas, a juzgar por lo que observamos en la vida cotidiana. Hablan de “solidaridad”, que en los hechos, significa quitarle a “otros” lo que les pertenece para “distribuirlo” con los demás. Persiguen el poder con el objeto de ser ellos los “que parten y reparten”, cuya consecuencia es -como advierte el dicho popular- “quedarse con la mejor parte”. Así lo indican las escasas investigaciones realizadas acerca de qué proporción del “gasto social” realmente llega a sus supuestos beneficiarios y cuánto “se drena” por el camino (quedando en manos de burócratas, políticos, intermediarios y ONGs “compañeras”).
Hay un chiste que ilustra nítidamente el comportamiento de la mayoría de los socialistas, que reza así:
– Si usted tuviera dos casas, ¿qué haría?
– Me quedaría con una y la otra la regalaría.
– ¿Y si tuviera dos autos?
– Me quedaría con uno y el otro lo daría.
– ¿Y con dos gallinas?
– ¡Ah no, con las gallinas no se meta que gallinas tengo!, responde el socialista indignado.
El coronavirus ha sido una tragedia planetaria. No obstante, ha dejado algunas cosas positivas. Por ejemplo, ha permitido traslucir políticas económicas erróneas, hipocresías y falta de solidaridad con aquellos que más están sufriendo esta pandemia.
Empecemos por analizar las iniciativas tomadas por el Frente Amplio en Uruguay, que gobernó en el período 2005-2020 (hasta hace tan solo unos dos meses). Acaba de presentar un proyecto de ley (con la seguridad de que no será aprobado dado que ya no cuenta con mayorías en ambas cámaras como anteriormente), proponiendo que se limiten “los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial, la misma protección rige para trabajadores con vínculo con el Estado”.
Es llamativo que ese partido político de izquierda haya realizado esa propuesta, dado el comportamiento que ha tenido con respecto a sus propios asuntos.
Cuando el Frente Amplio gobernó, obtuvo cuantiosos recursos monetarios que fueron a engrosar sus arcas privadas, debido al aporte obligatorio que debían realizar los militantes que ocupaban los innumerables cargos públicos, muchísimos creados durante esa etapa. Eso repercutió en que la gente empleada en la organización era retribuida con “generosidad”. Por ejemplo, su presidente Javier Miranda, cobraba 240 000 pesos uruguayos (en dólares promedio unos 6000 dólares), una contadora ganaba 140 000 pesos uruguayos y un chófer 120 000 pesos uruguayos.
Con la derrota electoral, los ingresos partidarios menguaron pronunciadamente. Los cientos de dirigentes frenteamplistas que ocupaban cargos jerárquicos en el Estado fueron sustituidos y por tanto, no hacen más sus aportes económicos.
A consecuencia de esa situación, Miranda en diciembre de 2019 anunció reducción del personal. Le comunicó al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que algunos empleados iban a ser enviados al seguro de paro y otros directamente despedidos. Una comisión partidaria quedó encargada de estudiar la situación. Tras analizarla durante tres meses, propuso que entre las medidas de ajuste, habría que rebajar el sueldo del Miranda a la mitad, y también el de la contadora y el chófer.
Esa idea no fue bien recibida por Miranda. Afirmó que bajar su sueldo a la mitad sería demasiado; como contrapartida, propuso una rebaja del 25%.
Por tanto vemos que muchos en la izquierda practican aquello de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
Otros que son muy “generosos” con lo ajeno pero no tanto con lo propio, son algunos líderes sindicales. En Uruguay, todos integran algunas de las corrientes de raigambre socialista.
Un dato insólito, es que la mayoría de esos líderes, en rigor, no son trabajadores. Casi toda la cúpula del PIT-CNT (central única de trabajadores) se dedica full time al sindicalismo. Sus sueldos son pagados por los respectivos sindicatos y su monto es un misterio. La principal fuente de ingresos de los sindicatos la constituye los aportes de los afiliados, que por una ley aprobada por los gobiernos de izquierda, se les descuenta directamente de los sueldos.
Esos líderes sindicales -con el apoyo explícito del Frente Amplio cuando gobernaba- “negociaron” sueldos y condiciones laborales cada vez más exorbitantes. Eso hizo que la recaudación de los sindicatos aumentara vertiginosamente.
Mientras los altos precios de los commodities lo permitieron, esa situación se fue sobrellevando, especialmente por las grandes empresas. Pero cuando la situación cambió a partir de 2014, el desempleo comenzó a dispararse.
En ese contexto, los líderes sindicales exhibiendo muy poca solidaridad con los trabajadores que iban quedando tirados a la vera del camino, seguían “negociando” condiciones salariales cada vez más onerosas. Total, sus propios ingresos provienen de los aportes de los que trabajadores formales que están activos.
A raíz del coronavirus y sus brutales consecuencias económicas, el Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle, decidió crear el Fondo Coronavirus. Se financia con diversos aportes. Entre ellos -como señal de que el poder político comprende la angustia de tantas familias- se resolvió rebajarles en forma proporcional, por dos meses, los sueldos de los funcionarios públicos que ganen más de 80 000 pesos uruguayos líquidos. La medida también alcanza a los cargos políticos de confianza como ministros, directores de entes y servicios descentralizados e incluso, al presidente de la República. Para ellos, el descuento será de 20 % (el más grande de todos).
Los dirigentes sindicales de los empleados públicos no pudieron ocultar su malestar con esa medida. Con lo cual quedó en evidencia, que ellos se encuentran en ese sector privilegiado de la sociedad que ganan más de 120 000 pesos uruguayos nominales (unos 2800 dólares) mensuales. Vale aclarar que son entre los sueldos más altos en el país.
Uno de ellos, Gabriel Molina, refiriéndose a Lacalle, manifestó que “fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo”. Dijo que esta situación dejó a los funcionarios públicos que están abarcados en la medida muy “expuestos” y explicó: “salir a decir públicamente que no queremos que se nos descuente para darles a los que necesitan nos deja muy mal parados como trabajadores ante un sector grande de la sociedad”.
En conclusión, resalta la hipocresía de tanto socialista que se llena la boca con la palabra “solidaridad”, siempre y cuando, la “generosidad” se practique con dinero ajeno y no con el suyo.
La autora es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.
