Por Gina Montaner
El pasado jueves en la noche la intervención de Bill Gates en CNN me deslumbró por su lucidez y conocimientos acerca de las investigaciones para combatir el coronavirus.
Escuchar al millonario filántropo, dedicado desde hace años por medio de la fundación que preside junto a su esposa a fomentar las vacunaciones en todo el mundo, fue aire fresco. Toda una exposición fundamentada en la ciencia, que es lo opuesto a opiniones de un presidente de la primera nación del mundo que habla de desinfectantes y otras supercherías a la hora de abordar la grave situación que afrontamos.
Entre los muchos datos que aportó Gates, siempre poniendo el acento en que hay mucho por recorrer hasta obtener una vacuna que ponga freno a la propagación del COVID-19, lamentó la tardanza de aquellos gobiernos que no tomaron medidas desde finales de enero, pues la diferencia con quienes lo hicieron se ha traducido en más muertes y un mayor colapso económico.
Justo después de escuchar a alguien tan notable que hace unos años adelantó el peligro de no estar preparados para una pandemia, leí una noticia en primicia en El Nuevo Herald: una jueza federal de Miami acababa de emitir una orden a las autoridades federales de inmigración (ICE) conminándolas a que en un periodo de tres días al menos tres centros de detención en el estado de Florida liberaran a la mayoría de los inmigrantes detenidos.
La jueza Marcia G. Cooke se refería a condiciones que representan un “castigo cruel e inusual”, en momentos en que el coronavirus arrasa en los centros de detención de ICE repartidos por todo el país.
En la orden citada por este periódico la jueza les otorgaba tres días a las administraciones de estas facilidades (cuyo personal trabaja para empresas privadas subcontratadas por el gobierno) para proporcionar un plan que pusiera en libertad a personas sin antecedentes criminales y con riesgo de caer enfermas. También exigía que les suministren mascarillas a los inmigrantes detenidos.
La jueza Cooke señalaba en el documento de 12 páginas que estas pésimas condiciones son el fruto de una “indiferencia deliberada”. Una situación de extrema precariedad que también está padeciendo la población carcelaria general, entre la cual la pandemia hace su agosto en el hacinamiento de las celdas y las galerías.
Y es que no solo se trata del pecado de las autoridades de haberle restado importancia a principios de año a una pandemia que comenzaba a avanzar desde China. El castigo que se ha posado sobre la ciudadanía se magnifica en sectores marginales debido a esa “indiferencia deliberada” a la que alude la jueza.
Si en épocas antes de la pandemia las cárceles (EEUU tiene el mayor número de población carcelaria en el mundo superando a China) presentaban grandes deficiencias sanitarias, con la aparición del COVID-19 ha quedado patente que tanto el personal como los presidiarios no cuentan ni con las mascarillas, la limpieza y el distanciamiento necesarios para evitar que las cárceles sean morideros.
Algo similar está sucediendo en los centros de detención de ICE, donde incluso antes del estado de emergencia, los inmigrantes (principalmente cubanos y venezolanos detenidos indefinidamente en instalaciones de Louisiana) han denunciado que viven en condiciones deplorables. Además, en muchos casos son víctimas de abusos por parte de los empleados de las compañías subcontratadas por un gobierno cuya agenda es recortar drásticamente tanto la inmigración legal como la irregular.
Mientras unos y otros avanzan en planes de reapertura en medio de la incertidumbre de poner en la balanza la vida de las personas y la recuperación económica, una jueza federal de Miami asevera sobre papel que hay seres (los inmigrantes detenidos) que no merecen un castigo tan “cruel e inusual”.
Porque a nadie, ni al más sin tierra de los sin tierra, se le debe negar las condiciones mínimas para defenderse de un virus letal que no distingue entre los más desdichados y los más favorecidos.
En los tiempos que nos han tocado vivir la indiferencia también es un crimen.
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