Por Eduardo Fernández Luiña
El coronavirus representa la mayor crisis sanitaria y económica que ha enfrentado nuestro país en los últimos sesenta años. En la actualidad y confinados, la actividad económica está paralizada y son muchos los españoles que lo pasarán mal en los próximos meses. Además, la gestión por parte del Gobierno ha sido lamentable, con el fracaso del mando único a la hora de resolver los problemas de compras, suministros y distribución de material sanitario de primera necesidad tanto para los profesionales de la salud como para la ciudadanía.
Después de más de mes y medio de encierro forzoso, sería ideal comenzar “la desescalada”. Pero nuevamente, el Gobierno tiene un reto al hablar de una solución asimétrica y descentralizada. Efectivamente, España es un estado autonómico y el coronavirus no se ha portado igual con todas las comunidades, provincias y municipios de nuestro país. La solución debería ser descentralizada y radical, en función de la gravedad existente en unas localidades y el leve impacto que el virus ha tenido en otras. En definitiva, se debería plantear una solución policéntrica y asimétrica que tenga a los municipios como protagonistas.
Hay espacios locales donde los contagios no han llegado al 0.0001% de la población. No tuvo (ni tiene) sentido paralizar totalmente la vida social de esos municipios y regiones cuando sus empresas podrían estar trabajando, manteniendo la producción y con ello a las familias que dependen de ella. Sin embargo, para afrontar la desescalada debemos tener una imagen adecuada de la situación. Y es en este punto donde la realización de pruebas masivas a la población sigue siendo una asignatura pendiente por parte del Ejecutivo. A día de hoy, parece que las citadas pruebas no se han hecho ni se harán. Ya no se sabe si es un problema de capacidad o de mala fe… Y debido a esto, seguimos sufriendo un confinamiento terriblemente injusto y único en Europa que, además, ha puesto nuestra estructura de derechos y libertades contra las cuerdas.
El Gobierno debería apostar por dos acciones. En primer lugar, coordinar una estrategia asimétrica en estrecha cooperación con las autonomías y municipios para ver qué localidades pueden ir abriéndose a la vida social y cuáles deben permanecer cerradas. En segundo, realizar definitivamente las pruebas masivas en los barrios, en cada calle, siendo conscientes de que cada uno de los individuos que salen a la vía pública no dibujan perfiles de riesgo y no representan una amenaza para el resto de la población. Solo así, de forma policéntrica, nuestro país podrá progresivamente recuperar la normalidad y comenzar a transitar por el sendero de la recuperación. De lo contario, tanto la crisis sanitaria como económica permanecerán, condenando a nuestra sociedad a la parálisis.
El Gobierno debe ser un facilitador y un coordinador, un ente flexible que sea capaz de adaptar las respuestas a las distintas situaciones que se observan en España. La imposición de criterios de forma centralizada solo distorsiona la imagen de nuestro país. En este momento, lo prioritario es recuperar la confianza. Y no hay mejor forma de hacerlo que dejar a los Gobiernos locales y a las empresas la implementación de las pruebas. Las requisas coactivas y las expropiaciones no sirven para generar confianza. Solo evidencian una tensión autoritaria que desincentiva la actividad emprendedora. Y el Gobierno debe tener claro que son los emprendedores los que sacarán a España de la situación en la que se encuentra. El Gobierno debería ser flexible y facilitar las cosas, no empeorar la situación poniendo escollos en el camino. Dejen hacer, dejen pasar y la sociedad, desde abajo, encontrará el camino para salir de esta situación lo antes posible. Crean en la sociedad, pues es en la ciudadanía española, no en el Gobierno, donde se encuentra la solución a la crisis.
