Por Alberto Benegas Lynch (h)
Antes he escrito sobre lo que sigue pero ahora revive a raíz de los últimos acontecimientos. En las presentes circunstancias, estimo de gran importancia distinguir aspectos de la rebelión del 11 de septiembre de 1973 en Chile. En primer término, la justificación al derecho de resistencia tan caro a las tradiciones liberales, contemporáneamente desde Sidney y Locke, a la Declaración de la Independencia estadounidense que enfatiza que si cualquier forma de gobierno atenta contra las libertades de las personas, “está en el derecho de la gente alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno”. Lo mismo había ocurrido en Inglaterra con la sublevación contra Jacobo II y, posteriormente, contra el despotismo español en Sudamérica, la invasión aliada contra Hitler o la sublevación de Castro contra Batista (aunque este último contragolpe resultara mucho peor que los golpes del régimen anterior a las instituciones republicanas).
Salvador Allende ganó las elecciones con el 36.2% de los votos, esto es, 1.3% más que el segundo candidato, Jorge Alessandri. Como no obtuvo la mayoría necesaria, la Democracia Cristiana, como tercera fuerza, le otorgó el apoyo en el Congreso, al primero. Recordemos que como han destacado los Giovanni Sartori de nuestra época, la esencia de la democracia radica en el respeto a los derechos. En este sentido ha consignado Benjamin Constant que “la voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto” y Juan González Calderón ha señalado que “los demócratas de los números ni de números saben pues se basan en dos ecuaciones falsas: 50%+1%=100% y 50%-1%=0%.”
Una vez en el poder, Allende estableció relaciones diplomáticas con Cuba, Alemania Oriental, Corea del Norte y Vietnam del Norte, y anunció su propósito de modificar la Corte de Justicia, ya que juzgaba que adolecía “de parcialidad de clase” y también al Congreso, eliminando su estructura bicameral y amenazó con clausurarlo si continuaba con “su actitud obstruccionista”, a pesar de haber votado la modificación constitucional -con carácter retroactivo- para proceder a expropiaciones masivas de la propiedad privada.
Comenzaron las “tomas” violentas, la inflación fue del 500% en su primer año de gobierno, los controles de precios produjeron faltantes de prácticamente todos los bienes. Además, desórdenes cotidianos que incluían matanzas impunes y un estado de zozobra generalizada, puesta de manifiesto en crecientes marchas multitudinarias opositoras, como la de diciembre 1 de 1971.
El propio Eduardo Frei declaró al diario italiano Corriere della Sera (reproducido en El Mercurio, el 30 de marzo de 1973) que el país era “un carnaval de locura” y que se encaminaba a “un régimen totalitario marxista”. Incluso, en el editorial del New York Times de junio 25 de 1973 se lee que la política de Allende “dominada por su coalición marxista insiste con políticas y tácticas que aceleran la polarización y empujan a Chile al abismo”, todo ratificado en su asidua correspondencia con Fidel Castro y sus conocidas confesiones a Regis Debray.
En este clima de prostitución y degradación de los principios más elementales de la democracia se produjo la sublevación de marras, ampliamente justificada por los espíritus libres. El segundo aspecto que debe distinguirse, sobre el que he escrito reiteradamente, es el a todas luces injustificable e inaceptable manejo de la guerra antisubersiva, dando lugar a la bochornosa y repugnante figura de los desaparecidos con el consecuente rechazo a debidos procesos, en ausencia, incluso, de juicios sumarios y actas con responsables. Por último, nada ni nadie civilizado, en ninguna circunstancia, puede aceptar la apropiación de dineros públicos para usos personales.
Sin perjuicio de otros aspectos que son propios del periodo en cuestión, en estas líneas queremos dejar sentada nuevamente nuestra posición respecto de estos capítulos que tiñen la historia chilena y también el historial de Occidente, al haberse rescatado a nuestros hermanos de la implantación de otro Gulag y, al mismo tiempo, sirve de lección para alertar una vez más de los daños irreparables de los abusos del poder.
De todas maneras en medio del desbarajuste inaceptable que dejamos consignado el régimen abrió la posibilidad de un llamado a elecciones y también se introdujeron casi de contrabando y a contracorriente del resto algunas ideas que iban a sentar las bases de posibles aperturas que en modo alguno justifican lo dicho más arriba pero que debe tomarse nota pues estas fueron en gran medida ratificadas y confirmadas por gobiernos constitucionales posteriores.
En este cuadro de situación -tal como he señalado antes- de un tiempo a esta parte irrumpe la denominada Revolución Molecular inspirada por autores como Michel Foucault y Jacques Derrida que refuerzan la tesis gramsciana con la adulteración del lenguaje en el contexto de mostrar lo innecesario de liderazgos ya que cada cual opera pertrechado en fuertes convicciones marxistas para proceder en consecuencia.
En este contexto es que se han producido reiterados incendios en sentido literal y figurado en Chile que apuntan a arrasar con la parte buena de las instituciones republicanas como, por ejemplo, el sistema de pensiones que si bien es mejorable en cuanto a que cada uno debe poder usar y disponer el fruto de su trabajo como le venga en gana, constituye un paso adelante salir del quebrado y fraudulento sistema de reparto para ir a la capitalización. Ahora deciden reformar la Carta Magna.
En resumen, aparentemente la mayoría chilena ha decidido suicidarse y dejar de lado los avances hacia una sociedad libre para retroceder a la tribu. Una pena, lo cual no significa que claudiquen las muchas reservas morales del país hermano.
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