Por Miguel Anxo Bastos Boubeta
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La propuesta del Gobierno de España de reformar el sistema de elección de los órganos de gobierno de los jueces ha abierto un debate, más superficial que profundo, sobre el respeto a la división de poderes y sobre el grado de independencia que deberían tener los jueces en un Estado democrático. Ambas partes comparten una misma visión, la de que la justicia debe estar de una forma u otra influida por la parte política del Estado, esto es, partidos, parlamento y Ejecutivo. En lo que difieren es en el grado de control que debe tener y si este debe corresponder casi en exclusiva al partido o partidos mayoritarios o si debe estar compartido con las principales fuerzas de la oposición. De hecho, es más una lucha de poder dentro de la facción política del Estado que una lucha entre estos y los jueces, aunque estos tengan aún algo que decir al respecto. Los jueces en los Estados democráticos modernos hace ya tiempo que están sometidos al control político, y sólo de conseguir la total autonomía en la elección de sus órganos podríamos decir que han conseguido una mejora en su posición relativa.
