Por Álvaro Vargas Llosa
No hay nada como una pandemia para facilitar el trabajo de un estado totalitario. Cualquier forma de persecución política puede ser justificada como una medida necesaria adoptada para preservar la vida y la salud de las posibles víctimas del COVID-19 y cualquier forma de disidencia política ser puede interpretada como una conducta antisocial que amenaza a los demás.
Cuba ofrece un ejemplo perfecto. La isla, nominalmente gobernada por Miguel Díaz-Canel pero todavía firmemente controlada por el octogenario Raúl Castro, está recibiendo poca atención internacional por estos días, dada la pandemia. Los ataques diarios contra disidentes, activistas y críticos pasan desapercibidos, y las numerosas protestas en todo el país, pequeñas pero significativas, rara vez son noticia en el exterior.
Entre julio y noviembre, Human Rights Watch recopiló vasta información sobre decenas de detenciones arbitrarias en el paraíso socialista a unos 170 kilómetros al sur de la Florida. Sobre la base de entrevistas, documentos y otros materiales, la información indica que muchos de los detenidos han sido condenados a penas de prisión, mientras que otros permanecen detenidos sin un juicio o fueron "sólo" intimidados, amenazados o multados.
Un rasgo en común es que las personas fueron arrestadas por violar las normas de salud y seguridad del COVID-19, como por ejemplo no llevar correctamente colocadas las mascarillas. Ese fue el caso de la activista de derechos humanos Keilylli de la Mora Valle, que se encontraba fumando un cigarrillo cuando la policía la detuvo. Después de su arresto, supuestamente intentó suicidarse en la cárcel, según personas cercanas a ella. Juan Miguel Pupo Arias, otro crítico del régimen, fue encarcelado por bajarse la mascarilla para comer. Fue originalmente condenado a seis meses de prisión, pero justo antes de su liberación, su sentencia fue extendida por otros cuatro años por desafiar a las autoridades. Los fiscales se aseguraron de incluir entre los nuevos cargos el hecho de que "expresa opiniones negativas sobre el proceso revolucionario".
Numerosos decretos relacionados con la pandemia, que tornan virtualmente imposible mantenerse dentro de la ley debido a las obsesivamente puntillosas reglamentaciones, dan a la policía convenientes excusas para acosar o detener a los presuntos infractores.
En teoría, el castigo por tales violaciones puede abarcar desde una multa (dos veces el salario mínimo) hasta nueve meses de prisión. Pero en la práctica, casi todo lo que no sea una sumisión total a los agentes de seguridad puede ser considerado "desobediencia" o "desafío" ("desacato" es la palabra todopoderosa en español) y convertirse en el pretexto para una sentencia más larga.
En algunos casos, las normas sanitarias ni siquiera son invocadas. Ese fue el caso del periodista disidente Reinaldo Escobar, esposo de la destacada bloguera cubana Yoani Sánchez, que fue detenido recientemente sin razón específica.
En otros casos, las autoridades estatales han utilizado cualquier pequeño incidente para acusar a los críticos de violar la paz, como en el caso de Yandier García Labrada del Movimiento Cristiano Liberación, la organización no gubernamental más importante de Cuba, cuyo fundador, Oswaldo Payá, murió en un "accidente" automovilístico en 2012 que muchos creen que fue organizado por el gobierno para deshacerse de su crítico más prominente.
Labrada fue arrestado el 6 de octubre después de quejarse de la ineficiencia del sistema gubernamental de distribución de alimentos mientras aguardaba en la cola para adquirir alimentos en la ciudad de Manatí, donde vivía. Según se informa, está detenido en "El Típico", la prisión provincial de Las Tunas.
El hombre que sucedió a Paya como líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet, se encuentra en libertad condicional después de cumplir tres años en prisión, pero Cardet está siendo constantemente amenazado con más encarcelamiento. Otra líder, Rosa María Rodríguez, anunció recientemente que su nieto Rosuan Duran Melchor había sido condenado a seis años de prisión por mezclarse con "elementos antisociales".
Y así están las cosas en Cuba. La disidencia no es tolerada, y cualquier declaración o actividad que contraríe a las autoridades puede hacer que uno aterrice en la cárcel.
Hoy en día las pequeñas protestas son rutinarias en toda la isla, lo que en parte puede explicar la mano dura con la que las autoridades cubanas han venido reaccionando bajo el manto de la pandemia.
Cuando la administración Biden reexamine la política de los Estados Unidos hacia Cuba, es la virulenta pandemia política de Cuba la que debería impulsar su política, no los hábitos de voto de los cubano-americanos.
Traducido por Gabriel Gasave
El original en inglés puede verse aquí.
Álvaro Vargas Llosa es Académico Asociado Senior del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute. Entre sus libros del Independent se incluyen Global Crossings, Liberty for Latin America y The Che Guevara Myth.
