Por Roberto Cachanosky
Salvo el Gobierno, que sigue inventando los argumentos más insólitos para explicar la inflación diciendo que la Argentina tiene la maldición de exportar alimentos y por eso importa precios; u otros que dicen que la inflación es consecuencia de la puja distributiva, con lo cual se supone que en el mundo no la hay porque la inflación no es un problema hoy en el mundo, incluso en la región.
Brasil está con una inflación anual del 4,6%, Chile 3,1%, Colombia 1,6%, Perú 2,7% y Uruguay 9,4%. En el resto del mundo se ve a EE.UU. con alza de precios a un ritmo del 1,4% al año, la UE 0,9%, Australia 0,9% y el Reino Unido 0,7%. En todos estos países hubo déficit fiscal por la pandemia y todos tienen que comer y, sin embargo, produciendo o importando alimentos, no tuvieron el nivel de inflación de la Argentina que llegó al 36% el cierre de 2020, y ya tiene un acumulado del 38,3% en enero respecto al índice de 12 meses antes.
Sin duda el déficit fiscal generó una gran expansión monetaria en Argentina durante 2020, siendo el impuesto inflacionario el que mayor peso tuvo dentro del total de los tributos recaudados por la AFIP.
Como puede verse en el gráfico previo, el impuesto inflacionario superó a lo ingresado por Ganancias DGI e IVA DGI en cuánto en financiamiento del Tesoro Nacional, y por eso ahora tenemos el desborde de alza de precios que el Gobierno quiere frenar con Precios Máximos; clausurando negocios y haciendo acuerdos de precios y salarios.
Obviamente nada positivo va a resultar de todo esto, pero el tema de fondo es que, en rigor, el problema no es solo el déficit fiscal que obliga a expandir moneda y a generar inflación, sino su nivel y calidad en la asignación.
El déficit fiscal genera inflación, pero el nivel de gasto público también tiene como contrapartida una enorme carga tributaria que hace que las personas físicas y las empresas estén agobiadas de pagar impuestos.
Por un lado, se generó un gran mercado laboral informal fruto de la singular carga impositiva y, por otro lado, empresas que se van de Argentina porque, además de afrontar una gran presión fiscal, no cuentan con reglas de juego claras.
Pero el gasto público también tiene el problema de generar endeudamiento público. Dos por tres la Argentina cae en default, se dispara el riesgo país y se queda sin acceso al crédito, lo cual es bueno porque el Estado deja de tener financiamiento para seguir con la fiesta del gasto, aunque al mismo tiempo que le pone un piso elevado a la tasa de interés a la que puede acceder el sector privado al crédito externo.
Deuda pública
A todo lo anterior hay que agregarle el endeudamiento interno, no solo por los bonos que coloca el Tesoro, sino también por el stock de Leliq que coloca el Banco Central de la República Argentina quitándole capacidad de préstamos al sector privado, dado que se lleva más del 50% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero.
Fuente: Secretaria de Finanzas
Finalmente, como nunca alcanzan los recursos para financiar el gasto público, cada tanto el Estado mete mano en los ahorros de la gente. Plan Bonex 89, corralito 2001, corralón 2002, pesificación asimétrica y confiscación de los ahorros de la gente en la AFJP 2008, son algunas de las joyas confiscatorias del populismo.
Sin duda que hay que reducir y hasta eliminar el déficit fiscal porque hoy el gobierno no tiene forma de financiarse salvo la emisión monetaria, pero el problema de fondo es que se llegó a un nivel de gasto público infinanciable y con una pésima calidad.
Se paga impuestos para tener seguridad pero a la gente la matan por un celular en la calle y cada uno contrata su seguridad privada en sus casas. Se paga impuestos para tener educación y mucha gente debe mandar a sus hijos a colegios privados porque los estatales no funcionan. Se pagan impuestos para tener salud y los hospitales estatales son una calamidad, con lo cual se contrata salud privada y encima nos enteramos que se pagan impuestos para que haya vacunados VIP contra covid-19. Es decir, se paga 2 veces por el mismo servicio y para mantener a una “elite” gobernante con privilegios.
En las décadas del 80 y del 90 el gasto público consolidado era equivalente al 30% del PBI y no se pudo financiar. Mucho menos se puede financiar un total equivalente a 47% del PBI.
Si se mira el gasto público social consolidado, incluyendo salud, educación, pensiones, cultura, ciencia y técnica y demás rubros, surge que en 1980 es partida representaba el 15% del PBI y en 2017 (último dato disponible del Ministerio de Economía) representaba el 30% del PBI. Es decir, se duplicó el gasto social y cada vez el Indec registra más pobres, indigentes, desocupados, peores hospitales y educación.
Si se toma el gasto público social del gobierno nacional como porcentaje del PBI, pasó de 9% del PBI en 1980 al 17% en 2017. Se duplicó. En 1980 el gasto público social representaba el 47% del gasto público de la nación y en 2017 esa participación se había elevado al 66 por ciento.
En otras palabras, no solo se disparó el gasto público hasta niveles infinanciables para el contribuyente, espantando las inversiones y agravando la situación económica, sino que, además, el grueso fue a parar a gasto social que a esta altura del partido podría llamarse gasto de clientelismo político.
Como se afirmaba antes, el gasto público creció con el argumento de la solidaridad social y cada vez hay más pobres, indigente, desocupados; los jubilados están en la miseria; el estado de los hospitales es un desastre, la educación pública es deplorable y los planeros están a la orden del día.
En síntesis, es hora de no solo hablar del déficit fiscal, sino del enorme e ineficiente gasto público que tiene Argentina. El problema es su nivel y su calidad. Ese debate no puede postergarse más, salvo que estemos dispuestos a seguir en esta desesperante decadencia.
