Por Miguel Anxo Bastos Boubeta
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El reciente aniversario del golpe de estado del 23F ha vuelto a poner en la agenda política muchos de los viejos fantasmas de la democracia española. Se ha debatido el papel del rey, de las fuerzas armadas y de los partidos y fuerzas políticas de la época. Historiadores y expertos reconocen que no disponen aún de toda la información relevante como para cerrar el caso, al menos en lo que se refiere a poder relatar una historia completa de lo que sucedió. A mi en cambio me interesa más analizar el caso desde el punto de vista de la lógica de funcionamiento de un estado avanzado como ya lo era el español de aquella época.
En primer lugar cabría analizar las circunstancias precisas del caso. El golpe se da en medio de una sesión de investidura para sustituir al dimitido presidente Adolfo Suárez. Este había dimitido en circunstancias aún sin aclarar del todo a comienzos de enero del año 1981. Se dice que porque no era capaz de controlar a los elementos díscolos de su gobierno, algunos de ellos en abierta rebeldía. También había descontento en otras partes del aparato estatal debido a derivas políticas como el auge de los nacionalismos o a la sucesión de atentados terroristas de la organización ETA militar, muy activa en aquellos años.
En primer lugar podemos observar la anarquía imperante en el seno de la propia política. El líder de un partido no puede mantener el dominio sobre sus propia fuerza política, a pesar de estar ungido de todo tipo de legitimidades democráticas y haber resultado claro vencedor en un congreso democrático (algo, por cierto, que se puede ver a día de hoy en el caso del liderazgo del Partido Popular español). Como puede ser eso? Pues simplemente porque el líder de un partido carece de poder efectivo sobre sus integrantes. Sólo puede “comprarlos” esto es dándoles algún tipo de incentivo monetario o de otro tipo para que le sean leales o bien convenciéndoles de la bondad de su causa. Además de esto tiene que convencerlos de que su persona es la adecuada para poder seguir disfrutando de estos bienes (económicos o morales) en el futuro.
De fallar esa percepción o de entender estos que sus intereses van ser salvaguardados mejor por otro líder o por otra organización política buena parte de estas personas abjurarán de sus compromisos y pasarán a apoyar a otro líder o cambiarán de partido. El viejo líder no puede hacer nada más que apartarse con dignidad de darse esta circunstancia pues no tiene medios de fuerza para imponerse sobre su propia camarilla política. El viejo teórico de la política Guglielmo Ferrero en su libro sobre el poder afirmaba que este es una suerte de misterioso espíritu que se posa sobre una persona y cuando este “espíritu” le abandona, sus seguidores no se sabe como se dan cuenta y lo abandonan también a él. Por un cúmulo de razones, muchas de ellas aún por explicar, el presidente Suárez perdió esa “gracia” y sus leales dejaron de serlo y su partido la UCD comenzó a descomponerse primero lentamente y luego a marchas forzadas.
Algo semejante le aconteció en sus relaciones con otros grupos relevantes en el aparato del estado español. Ya se había escuchado el ruido de los sables en un par de tentativas de golpe desbaratadas, como la operación Galaxia en la que se encontraba involucrado el teniente-coronel Tejero entre otros conspiradores, lo que demostraba poco control sobre las fuerzas militares y los aparatos de seguridad, en especial los servicios secretos españoles, CESID, que ya habían comenzado a distanciarse de él.
Pero, ¿no dominaba el presidente del gobierno a estas organizaciones, formalmente subordinadas suyas? ¿Cómo es que estas pudieron no sólo desobedecerle sino incluso rebelarse en ocasiones abiertamente? Pues por las mismas razones que antes apuntamos. El líder de una parte del estado no puede imponerse por la fuerza a otras partes del estado, y más si estas son las que controlan los medios de hacer valer esa misma fuerza. Necesita convencerlos ideológicamente, mantenerlos leales por alguna suerte de principio de honor o tenerlos satisfecho económicamente para que estos entiendan que les conviene mantenerse leales. De no darse el caso, por los motivos que sean estos se convertirán en desafectos e incluso podrán intentar cambiar los componentes de la otra parte colonizándola incluso con sus propios miembros.
Las tensiones entre partes del estado son continuas y viven en una suerte de equilibrio continuo en el que cada una de las partes intenta controlar a las otras o en el mejor de los casos defender su parcela de poder. A día de hoy, por ejemplo, están muy presentes en los medios de comunicación las disputas entre políticos y jueces por controlar los órganos de gobierno de estos últimos. Los políticos intentan evitar la intromisión de los jueces en sus asuntos y que se configuren en un poder autónomo que incluso pueda amenazarlos (el papel de los jueces en el derribo de Dilma Rousseff en Brasil les sirve de recordatorio) o a la inversa los jueces buscan que los políticos no determinen su carrera profesional ni recorten su ya escaso grado de autonomía.
Por último las otras dos partes del estado también jugaron su papel. Por un lado los sectores económicos del estado quebraron su confianza en el gobierno Suárez y le retiraron su apoyo, dados los muy mejorables resultados económicos de su gestión. Recordemos que el gobierno Suárez operó en marco de la segunda crisis del petróleo de 1979 que combinó altas tasas de desempleo para la época (hoy serían bajas) pues se venía de una situación de pleno empleo con una inflación desbocada como consecuencias de querer ocultar la crisis económica detrás de un muro de dinero.
Otra parte del aparato estatal que desertó del gobierno Suárez es el aparato de hegemonía del estado. Por un lado los medios de comunicación escritos y algunas radios comenzaron a descontar la pérdida de poder de Suárez, y por otro la Iglesia Católica, que había sido un puntal ideológico del estado durante el franquismo, también le retiró su apoyo explícito al aprobar aquél leyes que esta consideraba lesivas para la cultura católica española. Es el caso de la Ley del Divorcio. Privado entonces de la mayor parte de los apoyos dentro del aparato estatal (incluido el del Rey Juan Carlos), no le quedaba a Suárez otra opción que dimitir y dejar paso a otro presidente.
Fue en la investidura de su sucesor donde se programó el golpe de estado. Como antes se apuntó falta mucho por saber aún sobre tal golpe y sobre el papel exacto de cada uno de los actores involucrados. No podemos saber, por tanto, si tal golpe se debió en exclusiva a la iniciativa de sus ejecutores o si fue un autogolpe inspirado desde el poder. Tampoco podemos saber si se aprovechó desde el poder un golpe ya en curso para dejarlo hacer y contragolpear.
Recordemos que hace unos pocos años, en Turquía se dió un fenómeno similar. Según se relata (como buen golpe no se sabe mucho a ciencia cierta) la inteligencia rusa advirtió al presidente de Turquía de la posibilidad de un golpe de militares descontentos con apoyo logístico norteamericano. Este los dejó hacer y cuando lo comenzaron a ejecutar los atrapó. La prueba es que esa misma noche los militares afectos al poder ya estaban redactadas las listas de aquellos que había que detener o destituir.
Algo semejante se ha rumoreado sobre el golpe de Mola y Franco de julio de 1936. Esos rumores (sin confirmar como es obvio) apuntan a que se dejó hacer o se forzó a un golpe considerando inmadura su preparación para poder destituir a la cúpula militar y facilitar el descabezamiento de la oposición de derechas. Puede que no sea así en el caso del 23F pero son perfectamente posibles, pues este tipo de maniobras, si bien difíciles técnicamente hablando, no son extrañas al juego de la política. Sino véase el caso de la ocupación del Congreso de los USA y quienes fueros los beneficiados o perjudicados al final.
En el caso que analizamos podemos observar la lógica anárquica que impera dentro de organizaciones estatales que no pertenecen a la parte político-electoral del estado español. En concreto podemos ver cómo operan entre ellas y dentro de ellas. Del relato publicado de los hechos se puede observar como en el golpe participan diversas organizaciones militares y la policía española militarizada, la Guardia Civil. Teóricamente estaban coordinadas por los golpistas, unos llevando a cabo la ocupación del Congreso de los Diputados y otros haciéndose con el control de las regiones militares. Pero también vemos como el general del ejército Alfonso Armada acude al Congreso y allí discute con el teniente-coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, encargado de la toma del congreso. Según testigos discuten por la composición del nuevo gobierno y no llegan a un acuerdo, lo que contribuye a desbaratar el golpe.
Esto es, las organizaciones militares no se coordinan jerárquicamente sino a través de negociaciones y acuerdos no teniendo una parte la capacidad de imponerse a la otra ni por jerarquía (el general no consigue la obediencia ni del teniente-coronel ni de la Guardia Civil). Este fenómeno de anarquía organizativa es frecuente en los golpes. Por ejemplo en la guerra civil llegó a combatir la guardia de asalto contra la guardia civil, y ambas contra el ejército regular e incluso según el sitio a veces hubo enfrentamiento incluso dentro de la propia organización. La coordinación entre las distintas unidades militares dependerá de la coordinación entre sus respectivas cúpulas dirigentes y de no estar estas de acuerdo no la habrá sino que incluso pueden no solo estar descoordinadas sino también enfrentadas entre sí.
A esto hay que sumarle la propia anarquía dentro de cada una de las organizaciones. El golpe de estado es una situación muy peculiar en la política en la que cada oficial o actor político sobre todo si no está implicado en la conspiración tiene que tomar decisiones imperativas, a veces incluso sobre la vida o la muerte. Tiene que decidir impelido la mayoría de las ocasiones por subordinados suyos que se saltan la cadena de manda o en el mejor de los casos por iguales que no tienen autoridad sobre él.
De ahí que en buena parte de los golpes triunfantes se constituya una junta militar en la que al principio operan como pares hasta que alguno de ellos pueda imponerse al resto (fue el caso en Argentina o en el golpe de Franco). Y muchas ocasiones no se impone el de mayor graduación o prestigio sino el que es capaz de construir una coalición con sus pares para hacerse con el control de la junta. En el caso del golpe del 23 de febrero fue muy llamativo el hecho de que Tejero fuese quien no sólo de desobedecer abiertamente a su superior jerárquico el general Gutiérrez Mellado, ministro entonces de defensa, sino incluso de maltratarlo físicamente empujándolo.
Cuando alguien se decide desobedecer conscientemente y asumiendo las consecuencias es fácil constatar cómo el desobedecido no es quien de hacer cumplir sus órdenes por mucha autoridad formal que tenga salvo que cuente a su vez con capacidad de ejercer una fuerza coercitiva de la misma naturaleza. Quien detentaba el poder deja de hacerlo y se configura un nuevo orden político. Lo que salva a los gobernantes de los golpes no es por tanto su poder sino la incapacidad de coordinarse de los golpistas que acostumbra a ser mayor que las de los que detentan el poder . De ahí que los gobernantes destinen tantos recursos a servicios de inteligencia, que tienen entre sus funciones la de detectar y desbaratar intentonas de este tipo. El problema en el 23 F es que estos servicios o parte de ellos estaban también implicados.
Coda: En el momento de escribir estas páginas están acaeciendo a gran velocidad mociones de censura y cambios políticos inusitados. Creo que un buen observador podría observar perfectamente la anarquía interna de la política (por ejemplo viendo como muchos diputados de Ciudadanos ya no obedecen a su dirección y entran en desbandanda buscando sitio en otras formaciones). Hablaremos de esto más adelante.
