Por Hana Fischer
En Uruguay los sindicatos están nucleados en el PIT-CNT. Tal como sus siglas lo indican se trata de dos organizaciones con orígenes diferentes que resolvieron fusionarse, y al unirse, degradaron a la primera de las nombradas.
¿Por qué decimos que pervirtieron? Porque la historia y luchas de ambas asociaciones son muy disimiles.
La más antigua de ellas es la Convención Nacional Trabajadores (CNT) de raigambre comunista. Tal como es de estilo en los grupos dominados por el marxismo, su norte era crear las condiciones “objetivas” para la implantación de la dictadura del proletariado. En ese contexto, la defensa de los asalariados era tan solo una excusa para “agitar las aguas” y llevar el barco hacia el puerto buscado. No era una organización que gozara de buena imagen entre la ciudadanía.
Muy diferente es la trayectoria del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). Nació en 1983, o sea en plena dictadura militar, y jugó un rol relevante en la salida democrática del país. Sus dirigentes eran personas jóvenes sin lazos con la antigua CNT. Eran individuos con convicciones democráticas, de diversas ideologías y la defensa del bienestar de los asalariados era un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar objetivos políticos. En consecuencia, era muy apreciado por la gente.
Con el retorno de la democracia a Uruguay, los antiguos dirigentes de la CNT le propusieron a los del novel PIT una unión, cosa que con gran ingenuidad, aceptaron. Lo que sucedió después es lo que suele ocurrir en todas las asociaciones con los comunistas: el CNT fagocitó al PIT y desplazó a sus líderes.
Por mucho tiempo la buena imagen adquirida durante la dictadura protegió al PIT-CNT de la impopularidad. Sin embargo, fue cada vez más evidente que los viejos vicios de la CNT retornaron y que su actuación se pervirtió, al desnaturalizar la razón de ser de los sindicatos: ser independientes de cualquier facción política porque se supone que dentro de ellos conviven personas de las más diversas ideologías.
Si un sindicato viola esa condición, entonces ha bastardeado su rol. En rigor, no es un sindicato sino el brazo ejecutor de un partido político por fuera de las reglas de la democracia. Es “juego sucio” porque simula ser algo que en realidad no es. Además, en esos casos, la experiencia histórica demuestra que esa inercia lleva a que el final, los líderes sindicales no defiendan los intereses de los trabajadores sino los suyos propios.
El PIT-CNT ha violado la norma esencial de independencia porque claramente defiende desde la calle los intereses electorales del izquierdista Frente Amplio (FA). Incluso, los líderes sindicales integran las listas al parlamento del FA. Cuando este partido logró conquistar el poder en 2005, el expresidente Tabaré Vázquez retribuyó generosamente el apoyo recibido nombrándolos en altos cargos de gobierno con suculentos sueldos; práctica que continuó durante la presidencia de José Mujica y la segunda de Vázquez. Durante los gobiernos izquierdistas el PIT-CNT cogobernó con las autoridades legítimas.
Pero además de la falta de independencia, el PIT-CNT adolece de otra falla: su funcionamiento antidemocrático. Es importante destacar que dentro de los sindicatos no rigen las mínimas garantías democráticas, dado que el voto no es secreto, ni para elegir a sus representantes ni para decidir medidas como la huelga. En consecuencia, carecen de legitimidad tanto esos líderes como las medidas que impulsan porque no es claro que esas decisiones hayan surgido de la libre decisión de sus afiliados. La única manera de verificarlo es mediante el voto secreto. Si un sindicato no acepta esta elemental regla democrática, está demostrando que no comulga con ese sistema. Ergo, son autoritarios.
Las ocupaciones de los lugares de trabajo (práctica que “blanqueó” Vázquez designándolas como “extensión del derecho de huelga”) se hicieron durante las administraciones frentistas sin respetar los derechos de los otros sujetos involucrados, dado que los huelguistas impedían que ingresaran a las instalaciones los dueños, proveedores o empleados que pretendían trabajar, “paralizando el equipamiento disponible o usándolo según pautas propias”.
La enciclopedia jurídica define a un sindicato como una asociación voluntaria estable y permanente de trabajadores cuya función es representar, defender y promover sus intereses económicos y sociales, que cuenta con personalidad jurídica y capacidad de obrar. Señala que está integrado exclusivamente por trabajadores en situación de dependencia con respecto a su empleador.
Sin embargo, muchos líderes sindicales no trabajan. Concretamente, les pagan por realizar full time tareas gremiales. O sea, que están desvinculados de la realidad de esa empresa o área de actividad de la cual son sindicalistas. Son una especie de aristocracia. Las cuentas que manejan son “secretas”; no se sabe cuánto ganan y tampoco rinden cuentas a nadie.
Además, el PIT-CNT no tiene personería jurídica y tampoco le interesa tenerla. Eso impide que sus “votaciones” sean controladas por algún organismo estatal independiente como la Corte Electoral. Esta situación ha provocado la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 2019 le exigió al Gobierno de Vázquez que ese mismo año realizara modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva —aprobada durante su primera presidencia (2005-2010)— para incorporar esa y otras cuestiones.
Sin embargo, a pesar de que no se acató la directiva de la OIT sobre la falta de personería jurídica del PIT-CNT, que permite el contralor y otorga legitimidad a sus líderes, durante la última presidencia de Vázquez le dieron USD $500.000 de las arcas públicas a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
El Inefop transfiere fondos para “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva», lo cual está establecido en la ley 18.406.
O sea, que el PIT-CNT recibió esa abultada cifra para la formación de los trabajadores en materia de negociación colectiva.
No obstante, una reciente auditoría ordenada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, detectó situaciones en las cuales los fondos «no fueron destinados por las Instituciones beneficiarias para el objetivo establecido en la ley y resoluciones […] los recursos fueron utilizados en su mayoría en gastos de funcionamiento de las entidades, lo que permite concluir que los fondos no llegaron prioritariamente al destino previsto». Además, el informe también señala debilidades en el seguimiento y evaluación de los destinos de los fondos: «No se obtuvo evidencia que se solicite por parte del Consejo Directivo a las instituciones una planificación respecto del destino de los fondos a liberar, ni plazos para su rendición y/o reintegro».
Entregarle recursos públicos a una entidad que no tiene personería jurídica realmente parece un exceso difícil de justificar. En adición, no puede ser “representativa” de los trabajadores una organización que no se basa en el voto secreto.
Dada todas estas cosas, no debe sorprender que el PIT-CNT sea una de las instituciones privadas cuyos integrantes despiertan menos confianza entre los uruguayos. Incluso, provoca rechazo.
La autora es uruguaya. Es escritora, investigadora y columnista de temas internacionales en distintos medios de prensa. Especializada en filosofía, política y economía, es autora de varios libros y ha recibido menciones honoríficas.
