Por Andrés Oppenheimer
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, de 75 años, tiene un plan muy sencillo para re-elegirse por tercera vez en las elecciones de noviembre: ha nombrado un nuevo tribunal electoral repleto de incondicionales suyos, y está proscribiendo a los principales candidatos opositores.
El 1 de junio, la fiscalía general del régimen de Ortega inhabilitó de hecho a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, presentando cargos por delitos de “gestión abusiva”, “falsedad ideológica” y “lavado de dinero”. Chamorro es la hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y según una reciente encuesta de CID Gallup es la figura opositora más popular del país.
El anuncio de la fiscalía se produjo solo unas horas después de que Chamorro presentara oficialmente su precandidatura, y le impedirá en los hechos postularse para las elecciones del 7 de noviembre. Recientemente, Ortega también había colocado a tres importantes precandidatos opositores bajo virtual arresto domiciliario o vigilancia policial constante. Los tres, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, también aspiran a la candidatura de una potencial alianza opositora en las próximas elecciones.
El miércoles, mientras escribía estas líneas, la policía irrumpió en la casa de Chamorro con una orden de arresto. Tres horas más tarde, Chamorro continuaba dentro de su casa retenida por la policía, y grupos internacionales de derechos humanos exigían su inmediata liberación.
Los cargos contra Chamorro son ridículos. Está acusada por su rol como directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, probablemente el grupo de defensa de la libertad de prensa más prestigioso de Nicaragua.
La noche antes de que la policía allanara su casa, le pregunté a Chamorro en una extensa entrevista telefónica sobre las posibilidades de que Ortega permita elecciones razonablemente competitivas en noviembre.
“Está bien difícil”, me dijo Chamorro. “Se cumplió el plazo que la OEA le había dado a Ortega para hacer una reforma electoral, y lo que hizo fue todo lo contrario: hizo un consejo nacional electoral partidario e ilegítimo”.
Además, “ha subido el nivel de represión gubernamental. Congelaron mis cuentas bancarias, me siguen unos motociclistas a todos lados, el viernes metieron presos a dos de mis colaboradores, y han citado a declarar en mi contra a 25 periodistas”, agregó.
Chamorro me dijo que se postulaba para la nominación opositora como independiente porque quería unir a los partidos anti-orteguistas detrás de un solo candidato. Desde las elecciones de 2006, la oposición perdió las elecciones o no pudo superar el fraude electoral porque se dividió entre varios candidatos antigubernamentales.
Ahora, después de las masivas manifestaciones callejeras de 2018 en las que los paramilitares de Ortega mataron a unos 300 manifestantes opositores, hay posibilidades de que la oposición se una porque “Ortega se ha convertido en un gran monstruo”, me señaló.
A juzgar por lo que me dijo Ortega la última vez que lo entrevisté en su casa de Managua en 2018, probablemente le importa muy poco que lo llamen un tirano. Cuando le pregunté si le molesta que le digan “dictador”, se encogió de hombros, y respondió con mucha calma, “la verdad es que estoy acostumbrado a que me llamen de todo... He aprendido a no molestarme”.
Hará falta mucho más que declaraciones o sanciones personales contra altos funcionarios del régimen para presionar a Ortega para que restaure la democracia y respete los derechos humanos. Estados Unidos aprobó la ley Nica Act de 2018 que restringe los préstamos estadounidenses a Nicaragua hasta que haya “medidas efectivas para celebrar elecciones libres”.
Pero nada de eso parece haberle importado mucho a Ortega. Nicaragua tiene un récord de $3,400 millones en reservas internacionales, suficientes para soportar sanciones económicas extranjeras durante al menos un año.
Pero el gobierno del presidente Joe Biden debería dar un paso más y presionar para que el Congreso apruebe el proyecto de ley RENACER, presentado en marzo por el senador Bob Menéndez (D-Nueva Jersey). Esta ley requeriría coordinación de sanciones con la Unión Europea y, lo que es más importante, pediría a las agencias de inteligencia que recopilen información internacional sobre la corrupción de Ortega y su familia.
Puede que a Ortega le importen muy poco las sanciones económicas o diplomáticas, pero es posible que no quiera ser públicamente avergonzado ante el pueblo nicaragüense por las negocios corruptos de sus hijos. Eso podría perjudicarlo políticamente. Quizás sea una de las formas más efectivas de presionarlo para que termine la represión y permita una apertura democrática.
