La Gaceta, Madrid
Esta semana, Marcelo Montenegro, titular del ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), actualizó los datos macroeconómicos de Bolivia, y entre ellos, sin duda alguna, el más llamativo ha sido el del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que habría crecido el 5,3% entre enero y abril de 2021, impulsado por la minería con un 34,2% de crecimiento, la construcción con el 17,9%, los hidrocarburos con un 10%, la industria manufacturera con 9,6%, el comercio 8,4%, y otros servicios con el 8,1%,.
Paradójicamente, la reacción de distintos sectores de la ciudadanía sobre un ritmo de crecimiento del PIB que podría ser motivo de celebración en circunstancias relativamente normales, no ha sido la mejor, debido a que el ministro ha dicho también que “si la tasa de crecimiento da igual o mayor al 4,5% ‘se gatilla’ el pago del doble aguinaldo”.
Al respecto, Jaime Ascarrunz, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), rechazó la idea de que en 2021 se pague un segundo aguinaldo, debido a que la tasa de crecimiento mencionada “sólo compensa parte la caída de 2019”.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 1802, del 20 de noviembre de 2013, si se observa una tasa de crecimiento anual del PIB igual o superior al 4,5% hasta junio de cada gestión, “las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del Sector Público y Privado del Estado Plurinacional” deben recibir un segundo aguinaldo a finales del año en curso.
Si bien este dato suele conocerse en la primera mitad del mes de octubre, solamente pueden estar sucediendo dos cosas para explicar lo que Montenegro aparentemente no puede: el ministro está jugando con las expectativas de la gente, o simplemente no tiene la voluntad de explicar cómo se aplica el método de cálculo del PIB de junio de 2021 a julio de 2020, generando confusión y temor respecto del futuro de la economía a corto plazo.
Así como se puede observar en la siguiente tabla, la tasa de crecimiento acumulado del PIB en junio de 2020, comparada con el mismo período de 2019, fue del -11,11%.
En este sentido, la cifra de crecimiento del PIB que habría que esperar en octubre de 2021 sobre el crecimiento al segundo trimestre, tendría que ser muy superior incluso al 11,11%, porque en 2019, con datos a junio, cuando ya se registraba una importante desaceleración de la economía bajo el Gobierno de Morales y sin pandemia, no se pagó el segundo aguinaldo. Entonces, para que en 2021 se pague el segundo aguinaldo la economía tendría que volver a crecer a niveles de 2018, y esto no sucederá al menos en los próximos dos o tres años, en el mejor de los casos.
Peor aún, la cifra del 5,3% del PIB que Montenegro ha presentado esta semana es la cifra de crecimiento acumulada entre enero y abril de 2021, así que, estrictamente hablando, esta no tiene nada que ver con el segundo aguinaldo.
Es más, lo que esta comparativa trimestral demuestra es que la economía ya empezaba a sufrir una desaceleración mucho antes del período de gobierno de Jeanine Añez, a quien el régimen de Arce responsabiliza de todos los males que aquejan al país.
A pesar de que no tendría que pagarse el segundo aguinaldo en 2021, y de que el régimen de Arce se encuentre tentado a imponerlo interpretando el decreto de Morales como crea conveniente, es necesario recordar que aún existen importantes riesgos de corto plazo para la economía, no sólo debido a la variante Delta, que vuelva a dibujar sombras sobre la recuperación económica global, sino propias de la política económica.
Es cierto que, así como apunta Montenegro, mientras el Gobierno de Luis Arce planteó el objetivo de crecimiento del PIB de 2021 en 4,4% a inicios de año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 5%, el Banco Mundial el 4,7%, y la Comisión Económica de la Naciones Unidas para América Latina (Cepal) el 5,1%.
Sin embargo, las proyecciones de estos mismos organismos para 2022 ya eran más conservadoras antes de la variante Delta. El FMI, por ejemplo, proyecta que Bolivia crecerá un 4,2% el siguiente año, y así como apuntó en su último informe, Bolivia tiene pendiente la recuperación de las reservas del Banco Central, reducir y reorientar el gasto público, el ritmo de endeudamiento y el déficit fiscal, a lo que hay que agregar las dificultades por las que el régimen de Arce atraviesa para conseguir financiamiento de corto plazo mediante la emisión de bonos soberanos por $3.000 millones que se había prometido ya para el primer trimestre.
