Por Alberto Benegas Lynch (h)
Es del caso abrir esta nota periodística con un pensamiento escrito por al mayor artífice de nuestra Constitución fundadora de 1853/60. Así, Juan Bautista Alberdi consignó: “Pero no basta reconocer la propiedad como derecho inviolable. Ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso: en el uso y disponibilidad de sus ventajas […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.
La propiedad privada constituye el eje central de una sociedad libre y su ataque es la piedra angular del régimen totalitario, por ello es que Marx y Engels, en El manifiesto comunista, de 1848, han dicho: “Pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada”.
Como los bienes no crecen en los árboles y no hay de todos para todos todo el tiempo, se hace necesario asignar derechos de propiedad a los efectos de darles el mejor uso a los siempre escasos recursos. En este contexto, los comerciantes y equivalentes, para mejorar su situación, se ven obligados a atender las necesidades del prójimo. De este modo, el que acierta obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. Desde luego que esto no ocurre cuando mal llamados empresarios se alían con el poder para obtener privilegios, lo cual siempre atenta contra el bienestar de la gente.
Alberdi había bebido en fuentes sólidas; en este sentido, cabe recordar que James Madison, el padre de la Constitución estadounidense –la carta magna que nos sirvió de modelo–, resumió su pensamiento al escribir: “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad”. Como es sabido, la propiedad remite a la protección de la vida, la expresión de los propios pensamientos y el uso y disposición de lo propio. En esta línea argumental es pertinente señalar que la Justicia, según la definición clásica, significa “dar a cada uno lo suyo”, y lo suyo se traduce en la propiedad. En otros términos, no hay Justicia sin propiedad, son términos inseparables.
De un tiempo a esta parte se está jugando con fuego en nuestro medio al insinuar que puede expropiarse un bien que el aparato estatal considere “improductivo”. Antes he escrito sobre este asunto, pero se hace necesario insistir, dado el recrudecimiento del embate de marras. Ser productivo no es producir más cosas; es producir las consideradas de mayor valor. Dadas las actuales circunstancias, no es mejor producir un millón de botones que producir diez tractores. En esta misma línea argumental, debe tenerse muy en cuenta que las mayores producciones de valores no son los bienes tangibles: los estados de felicidad cuando se constituye una buena familia, cuando se observa una buena puesta de sol, una partida de ajedrez entre amigos y equivalentes son algunos ejemplos de vida productiva. Más bien la producción de bienes materiales es en general un medio para producir valores de otra especie y rango.
El significado de la eficiencia, entre otros, lo ha explicado bien el premio Nobel de Economía James M. Buchanan cuando escribió: “Mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras no tengan lugar la fuerza y el fraude, aquello sobre lo cual se acuerde se define como eficiente”. Cuando se sostiene que puede expropiarse lo no productivo a criterio de ciertos burócratas en el poder, se están sentando las bases para las mayores iniquidades. ¿Cuántas habitaciones se usan diariamente en una casa? ¿Acaso no son “improductivas” las que no se usan habitualmente? ¿No deberían expropiarse? Y así sucesivamente con la ropa, con parques y jardines que se disfrutan con la mirada, pero que no “producen cosas” en el sentido corriente de la expresión.
Por otro lado, quien ahorra en un terreno baldío, quien ahorra en dólares bajo el colchón, quien ahorra para coleccionar automóviles antiguos o acumula obras de arte, lo hace porque, dadas las circunstancias, es lo que estima más productivo. Si se equivoca, consume su capital, y si acierta, lo acrecienta. También, si miramos el globo terráqueo, observamos que hay muchos recursos marítimos, forestales y territoriales que al momento no son explotados en el sentido al que habitualmente se alude, lo cual se debe a que, como queda dicho, los factores de producción son escasos. Solo hay dos maneras de establecer prioridades para qué hacer con esos bienes: que decida la gente o que decida el aparato estatal. Si se decidiera por esto último, a contracorriente de las preferencias de la gente, inexorablemente habrá consumo de capital y, por ende, más pobreza.
La propiedad privada hace que cada cual cuide de lo suyo en contraste con lo que modernamente se ha dado en llamar “la tragedia de los comunes”, donde lo que es de todos no es de nadie, un concepto que ya había sido desarrollado por Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón.
La institución de la propiedad permite el establecimiento de precios como reflejo de las estructuras valorativas de las partes contratantes, puesto que se trata de transacciones de derechos de propiedad. Cuando se afectan derechos de propiedad necesariamente se distorsionan precios, lo cual desdibuja la contabilidad y la evaluación de proyectos. En el extremo donde se decide la abolición de la propiedad desaparecen por completo los precios, pero el problema surge aun sin llegar a este extremo cada vez que se lesiona aquel derecho.
La reflexión alberdiana con que abrimos esta nota nos lleva al programa del fascismo. El comunismo es más sincero: pregona el uso y la disposición directa de la propiedad por el aparato de la fuerza, mientras que el fascismo permite el registro de la propiedad a nombre de particulares, pero usa y dispone de ella el gobierno. Es el sistema que más éxito tiene en el llamado mundo libre. Veamos el sistema educativo, donde en gran medida las instituciones privadas están privadas de independencia debido a las imposiciones de pautas y estructuras curriculares por parte de ministerios de educación; veamos el sistema bancario y financiero, en gran medida dirigido por la banca central, y así sucesivamente hasta ámbitos como el de los taximetreros, dirigidos en sus tarifas, horarios y color con que están pintados, lo que hace que los verdaderos dueños sean los alcaldes de la ciudad.
Como bien explica William H. Hutt, la tesis de estimular la producción con inyección estatal de dinero en áreas al momento consideradas “ociosas” no solo empobrece vía la inflación, sino que convierte usos que en esa instancia se estiman convenientes en usos inconvenientes a criterio de la gente. Los megalómanos no toman en cuenta y desprecian las preferencias de la gente, puesto que consideran sus recetas las mejores para manejar a su antojo vidas y haciendas ajenas.
Energúmenos como Hugo Chávez, que con su machacón “exprópiese” ha arruinado uno de los países más ricos del orbe para convertirlo en una situación de desesperante miseria; este dictador del Orinoco vociferaba: “La propiedad privada no tiene cabida en la revolución socialista” (salvo para sus secuaces y familiares, que se embolsan lo ajeno con total impunidad, como siempre ocurre con esta canallada). Es de gran importancia percatarse de que la lesión al derecho de propiedad perjudica a todos, pero muy especialmente a los más vulnerables.
