Por Mario Vargas Llosa
El País, Madrid
El Partido Socialista, en el poder, y el Partido Popular, en la oposición, han fraguado una momentánea alianza en el Parlamento español para poner fin al cannabis que, parecía, iba a ser tolerado en España. Se han equivocado gravemente. Sólo conseguirán con esta prohibición que las mafias de narcotraficantes que pululan ya en España, aunque menos que en México y otros países latinoamericanos, se robustezcan y aumenten su ejercicio criminal, así como el consumo de drogas en el país.
Cuando fui candidato, en los años ochenta del siglo pasado, vivíamos en el Frente que me respaldaba la pasión del programa. Creíamos que jugaría un papel crucial en la elección y nos equivocamos en redondo: no jugó ninguno y la mayoría de electores ni siquiera lo leyó. Pero para mí fue estimulante; según el programa, todos los problemas peruanos tenían solución. Menos las drogas, que escapaban al control del país pues eran un asunto internacional.
En lo que los peruanos llamamos la “ceja de montaña”, entre los Andes y la Amazonía, el territorio de la coca, fuente de la cocaína, se dan hasta tres cosechas al año; pese a que los campesinos no consumen droga, sólo la siembran y la venden. Chacchan la coca, es decir, la mastican, y el juguito que extraen los protege del frío, del hambre y del cansancio. Las avionetas colombianas llegan a los solitarios parajes de esa sierra y sus pilotos pagan en dólares por la carga que se llevan. ¿Quién convencería a los campesinos que deben sustituir sus sembríos de coca por productos alternativos que irían a vender, por caminos espantosos, que les toman muchos días, al Agrobanco de las ciudades, que les paga en soles y, además, tarde, mal y nunca? Nadie, por supuesto. Y, por eso, la producción de coca es cada día más extensa en el Perú y en América Latina, y el comercio de la cocaína, que a menudo nos viene importada del extranjero, más intensa.
La única solución a ese problema es la valerosa que ha emprendido el Uruguay: liberalizar el comercio de las drogas, aunque no entiendo por qué sólo una empresa estatal ejerce aquel derecho; la ley debería ser libre y los empresarios privados disfrutar también de ese comercio (está de más decir que supervigilados por el Estado).
Esta fue la solución que propuso, hace muchos años, un economista liberal, Milton Friedman, quien, además, añadió que si seguía creciendo la lucha contra las drogas, quienes vivían de ese trabajo serían los peores enemigos de su liberación. Exactamente así ha ocurrido.
Quienes luchan contra las drogas son hoy muchos miles de personas e instituciones en el mundo, empezando por los Estados Unidos, donde los funcionarios de la DEA son hoy enérgicos adversarios de su redención legal. Estamos acostumbrados a que, apoyados en estadísticas y encuestas, nos informen que la lucha contra la droga alcanza muchos éxitos, que su circulación disminuye y cosas parecidas. Pero la verdad es que las drogas se venden por doquier —los narcos las regalan en las puertas de los colegios para que los jóvenes, y aún niños, se conviertan en usuarios precoces—, y la corrupción y la violencia que desatan los poderosos carteles no tiene límites. Cientos de mujeres, sus víctimas preferidas, y otros tantos hombres mueren a diario en los países latinoamericanos, en las luchas por la posesión de territorios o las rivalidades personales, en tanto que, al mismo tiempo, las luchas por los aeropuertos clandestinos o las comisarías o, como se ha visto en Venezuela, por el dominio de la fuerza militar, van socavando los Estados, a niveles ministeriales y, a veces, hasta los propios presidentes, como ha sido el caso triste del Perú.
El problema es todavía más profundo. Los sistemas de gobierno y las autoridades están corrompidos o lo estarán por el dinero a raudales que producen las drogas, al extremo de que, en ciertos lugares, que se irán extendiendo, todo depende de ellas y de los funcionarios que tienen que ver con su circulación. Los Estados no pueden competir con quienes gastan y derrochan sumas delirantes para asegurarse el control de ciertas ciudades o regiones, que, prácticamente, quedan en manos de los narcotraficantes, donde éstos sustituyen poco a poco a las autoridades del Estado.
Frente a ese drama, no hay más remedio que la legalización. Es lógico que se comience por las drogas menores, como han hecho ya algunos países avanzados, para medir sus consecuencias y luego, previa receta médica, las drogas mayores que sean efectivamente remedio contra la esquizofrenia y otras enfermedades. Por cierto, al menos en el Perú, hay una vieja polémica —hecha de discusiones a viva voz, artículos y libros— entre los médicos que ven en la legalización de la cocaína un peligro grave para la salud de los usuarios (son una minoría) y los que, por el contrario, creen que la adicción a ella no sería peor que la que provocan el cigarrillo y el alcohol. Pero lo que por ahora interesa es poner fin a ese contrapoder inesperado que, en muchos lugares, ya ha sustituido al Estado y es el que dicta la ley.
No exagero nada. En ciudades donde el uso de las drogas era secreto e inconfesable, hoy en día es poco menos que público, está al alcance de todo el mundo y se ha vuelto una exhibición de modernidad, de juventud y de progreso.
En todo caso, la peor de las soluciones es agravar las penas y aumentar las fuerzas del orden que combaten al narcotráfico. Está visto —y el caso de México no es el único ni mucho menos— que a medida que crece la persecución, los narcotraficantes, que tienen todo el dinero del mundo, se arman con metralletas y fusiles más sofisticados que compran en los Estados Unidos, y multiplican las demostraciones de fuerza, dejando un reguero de muertos en los pueblos y ciudades que controlan. Ese camino, el de las hecatombes y matanzas, no es realista.
Por supuesto que la libertad para las drogas tiene sus riesgos y el Estado debe salirles al frente, en este caso sí con un mayor control judicial y policial de quienes se verían perjudicados con aquella ley. Asimismo, es imperioso que los sistemas de salud presten un servicio de desintoxicación y cura a quienes están dispuestos a liberarse de ese lastre, que podría ser también un grave peligro para la salud. Todo eso es atendible y fecundo. No lo es, sin embargo, proceder como si, en la realidad, estuviéramos derrotando a los narcotraficantes. No es así. Son ellos los que están ganando la guerra. Hay que quitarse la mascarilla de los ojos y reconocerlo. Y la seguirán ganando mientras los Estados pretendan destruirlos. Ellos nos están destruyendo a nosotros.
Lo peor es la violencia asociada a esta situación en la que los grandes traficantes son objeto de culto —las revistas y programas más frívolos informan sobre ellos, pues su popularidad es grande— y las persecuciones y guerras que libran entre ellos forman parte ya de la actualidad cotidiana, como si las consecuencias de todo ello no fueran los torturados y los muertos que se multiplican por doquier. La solución del problema no está solo en la legalización de las drogas, por supuesto. Pero, en lo inmediato, es la única manera de acabar con la ilegalidad que rodea a este asunto, en el que cada día perecen, y en qué horribles condiciones, decenas o centenares de inocentes. La legalización pondrá punto final a esa violencia desmedida que paraliza el progreso y mantiene a muchos países en el subdesarrollo.
© Mario Vargas Llosa, 2021.
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