Por Luis Pazos
La Reforma eléctrica implica un manoseo más a la Constitución para regresar al monopolio del sector eléctrico, tal como existió y fracasó en México el siglo pasado. La reforma eléctrica no tiene nada nuevo, no es un avance, sino un retroceso que pone en peligro la soberanía nacional.
Esa reforma, impulsada por la CFE, se arropa en términos usados mañosamente que confunden al pueblo. Hacen sinónimo la propiedad del gobierno con soberanía nacional, siendo que los monopolios estatales del petróleo y de la electricidad generan una mayor dependencia del extranjero.
Las importaciones de derivados de petróleo y el pago del servicio de la deuda de PEMEX, significan una salida de dólares mayor a los recibidos por exportaciones de crudo. La balanza comercial petrolera, aún sin tomar en cuenta el pago de la deuda, es negativa. Y es mayor la cantidad de dinero que el gobierno paga por las pérdidas de PEMEX, y las pensiones a sus trabajadores, que los recursos que aporta PEMEX al gobierno.
Los costos de producción de la energía eléctrica por el gobierno son más del doble que en las plantas privadas. Esa comparación deja claro los altos costos de producción de CFE, debidos en parte a los privilegios otorgados a los trabajadores de su sindicato para asegurar sus votos en las pasadas elecciones. La retrógrada reforma eléctrica desplaza al sector privado de la producción de energía eléctrica. El regreso al monopolio total de la electricidad, como en el siglo pasado, implica mayores costos del fluido eléctrico para las empresas, lo que significa un aumento de precios para el consumidor y más subsidios, no al consumidor, sino a la CFE.
La reforma eléctrica generará una mayor contaminación al utilizar en una mayor proporción combustóleo y carbón, que contaminan más que el gas y la energía eólica. Contrario al dicho del gobierno, la reforma eléctrica reduce la soberanía nacional, pues dependerá en una mayor proporción el abasto de energía eléctrica en México de las importaciones de los EUA.
El sector energético en manos del Estado, además de más contaminante, hace necesaria una mayor importación de aceites, diésel, gasolina, gas y electricidad de los Estados Unidos. Con 15 días que el gobierno de EUA prohíba la exportación a México de derivados del petróleo y de electricidad, provocaría una escasez que generaría un caos en la economía mexicana. Peligraría la estabilidad social y la soberanía nacional.
El autor es Profesor de Economía Política.
