Por Álvaro Vargas Llosa
The Beacon - El Instituto Independiente
Si Jeanine Añez, la ex presidenta de Bolivia, fuera una mujer de izquierdas, ya sería una "causa célebre". Como es cristiana y conservadora (con algunas de cuyas ideas, me apresuro a añadir, no estoy de acuerdo), su reciente condena a diez años de prisión a manos de un gobierno cada vez más dictatorial dirigido por Luis Arce -un títere del ex presidente Evo Morales, estrecho aliado de Cuba y Nicaragua- ha suscitado menos furor internacional del que debería. Es una presa política y el caso en su contra (se la acusa de haber tomado el poder ilegalmente en 2019) es grotesco por donde se lo mire.
Estos son los hechos. En 2019, habiendo anulado las limitaciones constitucionales y legales para presentarse a un cuarto mandato consecutivo, Evo Morales llevó a cabo un fraude electoral según la Organización de Estados Americanos, el organismo hemisférico que auditó el controversial proceso. Esto provocó protestas masivas y una violenta respuesta por parte de los aliados de Morales. En el caos subsiguiente, Morales renunció y huyó del país. La línea sucesoria constitucional establecía que el presidente del Senado asumiera la presidencia.
Dado que el presidente y el vicepresidente del Senado, aliados del caído gobierno, renunciaron, la segunda vicepresidenta, Jeanine Añez, se convirtió en presidenta del Senado y como tal asumió la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019. Las instituciones de Bolivia, incluida la Asamblea Legislativa y el MAS, el partido que había perdido el poder, la reconocieron como la legítima gobernante. Como presidenta interina, estuvo a cargo de presidir nuevos comicios. Tras unos meses de retraso debido a la pandemia, las elecciones se celebraron al año siguiente. Ella entregó el poder a su sucesor, que resultó ser un aliado de Evo Morales y miembro del MAS.
La conducta de Añez, independientemente de lo que se piense de su política, fue constitucionalmente impecable. Por eso ha sido castigada en un acto de venganza que ha violado las normas constitucionales y legales. Conforme la Constitución (redactada por el MAS de Morales), como ex jefa de Estado tenía derecho a ser juzgada por la Corte Suprema; en cambio, fue juzgada por un tribunal inferior y ni siquiera se le permitió asistir a su juicio. Pocos días después de la sentencia, Evo Morales reconoció públicamente que el proceso fue ordenado y controlado por sus aliados políticos.
Recordemos lo que precedió a los acontecimientos de 2019. El Sr. Morales asumió la presidencia en 2006 bajo una constitución que no le permitía al presidente presentarse a la reelección. Siguiendo el guión "chavista" de la izquierda radical populista, Morales reformó la constitución y fue reelegido en 2009. Cuando decidió presentarse a un tercer mandato, el tribunal constitucional, ya bajo su control, dictaminó que el primer mandato de Morales no contaba porque había tenido lugar en vigencia de una constitución diferente. Unos años más tarde, decidió que sería bueno un cuarto mandato consecutivo. Convocó un referéndum nacional con la ayuda de la Asamblea Legislativa, que sancionó una ley para posibilitar el proceso.
Los votantes bolivianos lo rechazaron. Eso debería haber puesto fin a la discusión, pero Morales, a través de sus aliados, pidió al Tribunal Constitucional que dictaminara que, en virtud del derecho internacional, tenía un "derecho humano" a ser reelegido indefinidamente. Ese organismo, uno de los muchos instrumentos del gobierno autocrático de Morales, lo autorizó diligentemente a presentarse a un cuarto mandato. Para entonces Morales era impopular entre millones de bolivianos; la posibilidad de una victoria legítima era remota.
Cuando la primera vuelta electoral demostró que estaba lejos de una rotunda victoria y que tendría que enfrentarse al ex presidente Carlos Mesa en una segunda ronda que seguramente perdería, ideó el fraude que desencadenó la crisis.
Desde cualquier punto de vista, Morales debería haber sido juzgado y enviado a prisión. En cambio, ahora se jacta abiertamente de que sus secuaces han condenado a Jeanine Añez, que pasó quince meses en la cárcel a la espera de juicio, a diez años entre rejas.
Traducido por Gabriel Gasave
El original en inglés puede verse aquí.
Álvaro Vargas Llosa es Académico Asociado Senior del Centro Para la Prosperidad Global del Independent Institute. Sus libros del Independent incluyen Global Crossings, Liberty for Latin America y The Che Guevara Myth.
