Por Ibéyise Pacheco
No debe sorprender que el régimen permita a los iraníes utilizar en Venezuela un millón de hectáreas de tierra de cultivo -confirmado por el viceministro de asuntos económicos de ese país, Mohsen Kousheshtabar- y que al mismo tiempo Nicolás Maduro Guerra sea designado vicepresidente de Asuntos Religiosos del Psuv bajo el anuncio de que “trabajará para que las 1.074 religiones del país sean mayoría chavista”. ¿Unificando el poder religioso? La decisión se materializa mes y medio después del viaje de Nicolás Maduro a Irán de donde regresó imbuido del sistema teocrático.
No es casual la arremetida contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales de raíces chavistas dentro de los cuales hay miembros de Bandera Roja, detenidos todos bajo la manta de la mala versión del asesinato de Carlos Lanz, caso en el que no hay cuerpo ni prueba de nada y sí la exposición de la miseria de Tarek William Saab. Toda esa persecución decanta porque la dictadura sabe el peligro vigente ante el creciente malestar social.
Tampoco es obra de la casualidad que 56 años después del ajusticiamiento del campesino Sulpicio Gudiño, el Tribunal Supremo de Justicia haya ordenado reabrir el caso como parte del informe de la Comisión de la Verdad, uno de esos grupos creados por Hugo Chávez con los que trataba de capitalizar el deseo de venganza. Esta comisión, instalada en el 2011, documentó algunos eventos ocurridos entre 1958 y 1998 y culminó sus funciones seis años después.
No ha sido casual que el director de Fundaredes Javier Tarazona haya sido detenido el 2 de julio de 2021 un día después de solicitar que el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín y su esposa Carola Rodríguez fuesen investigados por proteger al ELN. Tarazona mostró una foto del militar y su pareja reunidos con los guerrilleros que alojaban en casas de su propiedad. El defensor de los derechos humanos hoy continúa preso.
Y no es casualidad que los expedientes con los crímenes cometidos por Rodríguez Chacín durante la democracia en el rol de persecutor de la guerrilla como efectivo del Comando Específico José Antonio Páez, Cejap, hayan sido pasados por el filtro de esa Comisión de la Verdad. Así, quedaron borradas operaciones por las que Rodríguez Chacín era esbirro de actividades antisubversivas. Quedó tan limpio su expediente que hasta desaparecieron los testimonios de familiares de las víctimas que lo acusaban. Tampoco nada quedó de los efectivos militares asesinados por la guerrilla. La consigna “cada día un policía muerto”, fue borrada de los registros.
No es casual que Nicolás Maduro siga ausente de los eventos oficiales públicos fundamentalmente desfiles militares, ni el silencio sobre el destino del jefe de la FARC Iván Márquez, así como del autor del atentado y de la posible presencia en territorio venezolano de personajes caza recompensas que activan el miedo en Miraflores y al que los cubanos saben sacar provecho.
La casualidad no existe en la decisión de utilizar el contenido de esa Comisión de la Verdad para perseguir a exfuncionarios de las anteriores, policía política Disip y Dirección de Inteligencia Militar, y a algunos efectivos de la antigua Fuerza Armada que estuvieron activos en la contra insurgencia y formaron parte de grupos de contra inteligencia. La mayoría, octogenarios sobrevivientes, no dejan de estar bajo sospecha del régimen. Hacia ellos va el mensaje de que no importa la edad que tengan, igual, sus relaciones con organismos de seguridad internacionales son monitoreadas. Con ellos, se pretende que trascienda que no importa el tiempo que haya pasado porque siempre pueden ser objeto de persecución, asegurándose de neutralizar o abortar cualquier posible movimiento u organización que considere legítima la insurgencia como forma de lucha contra la dictadura.
Tampoco es casual esa imagen que construye la dictadura para tratar de colocarse como víctima de hechos pasados. Por eso el monumento en la Universidad Central de Venezuela para Jorge Rodríguez padre, secuestrador del empresario William Frank Niehaus, delito consumado en 1976 por guerrilleros de izquierda. Rodríguez murió en manos de funcionarios de la policía política posteriormente procesados por la justicia.
No es casual que el régimen se victimice, que trate de construir su narrativa manipulando antiguos hechos que desvíen el foco de las múltiples evidencias presentes que incriminan a decenas de actuales funcionarios de distinta jerarquía en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Nada es casual en la dictadura en Venezuela que no deja cabos sueltos, ni da puntada sin hilo.
