Por Adam B. Summers
Noviembre es el Mes Nacional de la Concientización sobre las Personas sin Hogar. El tema es ciertamente prioritario en California, donde las personas viviendo a la intemperie figuran entre los principales problemas del estado en las encuestas de opinión y la cuestión ocupó un lugar destacado en las recientes elecciones en las que se decidía la continuidad o no del gobernador.
Los californianos constituyen el 12% de la población nacional, pero representan el 27% de las personas sin hogar del país, el 41% de las cuales padecen un desamparo crónico y el 53% de las que viven a la intemperie. De hecho, el 72% de las personas sin hogar en California carece de todo tipo de protección, la tasa más alta del país.
Teniendo en cuenta estas aleccionadoras estadísticas, los californianos se sorprenderán al saber que, mientras el número de personas sin hogar se ha incrementado en más de un 30% en el Estado Dorado durante la última década, a nivel nacional en realidad ha disminuido en casi un 9%.
Algo está fallando en el enfoque de California, pero ciertamente no es la falta de dinero. Se están gastando miles de millones de dólares (billones en inglés) en aquellos que carecen de un techo. Se gasta más que nunca, pero el número de personas sin hogar sigue aumentando.
La estrategia predominante favorecida tanto por el gobierno federal como por el de California y muchos otros gobiernos estatales y locales se denomina Housing First (Primero la Vivienda). Este enfoque hace hincapié en la ubicación inmediata de las personas carentes de hogar en una vivienda "permanente", con la idea de que el acceso a los servicios de asistencia vendrá después. También incluye una filosofía de reducción de daños, que permita a las personas seguir abusando de sustancias. En la práctica, sin embargo, a menudo los servicios no se prestan o no son utilizados por los residentes. Como resultado, los traumas y problemas subyacentes que llevaron a los residentes a quedarse sin hogar siguen sin ser abordados y muchos regresan a las calles.
Esto contrasta por completo con el enfoque de la vivienda de transición, según el cual se proporciona una vivienda temporal y se espera que los residentes se mantengan sobrios o empleados y participen en determinados servicios de apoyo hasta que estén listos para obtener una vivienda permanente.
Las personas se quedan sin hogar por muchas razones y responden a diferentes enfoques para resolver su situación. Aunque la estrategia de Housing First puede funcionar para algunos, no es una solución única aplicable a todos. Sin embargo, ese es el enfoque que ha adoptado California. En 2016, el estado adoptó la política oficial de financiar únicamente los programas de Housing First. En la actualidad, por ejemplo, un programa que requiera que los residentes permanezcan libres de drogas no es apto para recibir subvenciones estatales y se coloca en una situación de desventaja competitiva.
No obstante, estas viviendas de apoyo permanente se correlacionan solamente con una muy pequeña reducción inmediata de la población de personas sin hogar, e incluso este efecto desaparece al cabo de un año.
Incluso al precio promedio de 500.000 dólares por unidad para viviendas de bajos ingresos subvencionadas por el gobierno, el hecho de proporcionar nuevas viviendas a los 161.000 californianos que se estima están sin hogar tendría un coste de más de 80.000 millones de dólares (billones en inglés).
Desde el punto de vista de las políticas publicas, entre las soluciones relativamente fáciles debería implementarse la corrección de las políticas habitacionales que reducen la oferta y elevan los precios, haciendo que las casas sean inasequibles para muchísimas personas y llevando a muchas a una vida a la intemperie. Esto incluye la flexibilización de las restricciones de zonificación, la eliminación de los límites del crecimiento urbano y la eliminación de los requisitos de inclusión en la zonificación (vivienda asequible) y los controles de alquiler.
Además, deberían reducirse al mínimo las tasas de impacto urbanístico, cuya media es tres veces y media superior al promedio nacional; debería simplificarse o eliminarse la Ley de Calidad Medioambiental de California y otras normativas medioambientales innecesariamente gravosas (como el mandato de los techos solares, que añade entre 10.000 y 20.000 dólares al coste de una vivienda nueva); y deberían abolirse las leyes sobre los salarios predominantes (escala salarial de los sindicatos), que incrementan el costo promedio de la construcción de viviendas asequibles entre un 10 y un 25%.
Abordar la situación de las personas sin hogar con problemas de abuso de sustancias o de salud mental es mucho más difícil, sobre todo para aquellos que rechazan la ayuda. Sin embargo, la eliminación de la ordenanza de "Primero la Vivienda para Todos" sería un buen comienzo. California debería estar más abierta a estrategias alternativas para ayudar al mayor número de personas a salir de las calles y alcanzar su máximo potencial.
Utilizando este enfoque, el estado tendría que añadir al menos 12,6 camas para reducir en el largo plazo la población de personas sin hogar en un individuo. Y como las viviendas "asequibles" en California son difíciles de desarrollar y pueden costar 500.000, 700.000 o incluso cerca de un millón de dólares por unidad, el programa Housing First no puede alcanzar el nivel necesario para albergar a todos los que se encuentran sin hogar.
Traducido por Gabriel Gasave
El autor es Investigador Asociado en el Independent Institute.
