Editorial -
El Comercio, Lima
Esta mañana Pedro Castillo decidió dar un Golpe de Estado. Ni más ni menos. Se ha convertido, en consecuencia, en un dictador y así deberá pasar a la Historia, en cuyas páginas de la infamia hoy comparte sitio con todos los rufianes que en el pasado intentaron subvertir el orden constitucional en nuestro país. Lo hizo, además, para salvar el pellejo (el suyo y el de sus familiares) ante la posibilidad de una vacancia que lo deja a merced de las investigaciones por corrupción del Ministerio Público que, cada vez más, iban retratándolo poco a poco como el líder de una organización criminal.
La Historia se encargará de juzgar al tirano y a todos aquellos que lo acompañaron en su etapa final hacia la concreción del autogolpe de esta mañana. Porque, vamos a ser honestos, las señales de que Pedro Castillo estaba dispuesto a quebrar el orden constitucional estaban ahí para los que quisieran verlas. ¿No era acaso antidemocrático tratar de interferir sin pudor en el trabajo de la Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional? ¿No dejó entrever sus ínfulas autoritarias en sus ataques constantes a la prensa y a todos aquellos que lo criticaban? ¿No fue acaso el aviso de un Golpe de Estado en marcha la decisión del Ejecutivo del pasado 24 de noviembre de tomar como denegada una cuestión de confianza que había sido presentada al margen de la legislación vigente? El golpe de Castillo, como todos los demás, no se construyó de la noche a la mañana y de ello también son corresponsables quienes a pesar de ver la deriva autoritaria que tomaba su administración se negaron a condenarla por los motivos que fuesen.
En estos momentos convulsos, corresponde al Congreso, a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas y a las instituciones estar del lado de la ley. El primero de ellos tiene, además, la responsabilidad de proceder con la destitución de Pedro Castillo y juramentar lo más rápido posible a la vicepresidenta Dina Boluarte para llenar el vacío presidencial que se ha gestado. Todos aquellos legisladores que, por afinidad o por prebendas, sean renuentes a seguir este camino en esta hora crucial para el Perú deben saber que quedarán retratados como cómplices de la ignominia. Y ese es un lugar del que no se vuelve. La señora Boluarte, a su vez, debería de convocar pronto a elecciones generales pues solo la ciudadanía a través de su voto debe enmendar este quiebre de la democracia.
Han hecho bien, asimismo, instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, los organismos electorales y la Defensoría del Pueblo en condenar este autogolpe enérgicamente. De igual manera, diferentes instituciones de la sociedad civil y varios de los partidos políticos presentes en el hemiciclo. Y debiera hacer lo mismo la comunidad internacional, especialmente la OEA que, en las últimas semanas, ha venido cumpliendo un triste papel al reproducir los alegatos falaces y maniqueos de Pedro Castillo y sus secuaces.
Finalmente, le corresponde a las Fuerzas Armadas cumplir con el rol que la Constitución le ha reservado: el de deberse a la ley y no a quienes intenten pervertirla.
En esta fluctuante y muchas veces aciaga relación que este país ha tenido con la democracia en sus 200 años de vida republicana no han faltado fantoches que han intentado avasallar las instituciones y las leyes para tomar el poder y asaltar el Estado. Una y mil veces, sin embargo, el Perú ha logrado pasar de ellos y reconstruirse a pesar del enorme daño causado. Pedro Castillo Terrones no pasará esta vez, como no pasaron antes quienes intentaron hacer lo que hoy él ha concretado. Y su futuro inmediato deberá ser dictaminado por las mismas leyes que hoy, con total desparpajo, él ha pisoteado.
