Por Edgardo Zablotsky
Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un voucher que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública.
Hace algo más de 10 años, en marzo de 2013, publiqué en este mismo espacio una nota titulada, “La Mejor Alternativa: Lanzar una EduCard”. La misma proponía eliminar la estructura monopólica de la educación estatal mediante el uso de vouchers educativos, a través de una tarjeta, a la cual denominé Educard, que podría ser entregada a las familias con un único importe acreditado, a ser aplicado cada mes ya sea en una institución educativa pública o privada. De esta forma las familias, en un marco de mayor equidad, tendrían una oportunidad sin precedentes para elegir la educación que habrían de recibir sus hijos. El Estado seguiría subsidiando a la educación, pero los recursos no se asignarían a la oferta de la misma, las escuelas, sino a su demanda, los alumnos.
Veámoslo en mayor detalle. Un monopolio genera importantes costos para los consumidores, no existe mejor evidencia de ello que el virtual monopolio estatal de la educación. Al fin y cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopólico de los servicios educativos que reciben sus hijos.
Es posible, a lo largo de los tiempos, encontrar, múltiples opiniones coincidentes con esta apreciación. A modo de ejemplo, Frédéric Bastiat, 1849, sostenía en su ensayo ¿Qué es el dinero? que “la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación”.
Ciento cincuenta años más tarde, en 1995, Steve Jobs realizó un diagnóstico similar: “Al monopolista no tiene por qué importarle prestar un buen servicio. Eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad”. Más aún, agregaba Steve Jobs: “Una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en el colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada”. Es claro que ello convierte, para muchos padres, a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos. ¡Un real monopolio!
El permitir a los padres nuevas opciones no significa estar contra el fortalecimiento de la educación pública. Sencillamente consiste en permitir a los padres que, por sus valores, por las aptitudes, gustos o intereses de sus hijos, o por cualquier otra razón, prefieran otra forma de educación para sus hijos puedan optar por la misma. Simplemente consiste en habilitar esta posibilidad, aún para aquellas familias pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad.
Nadie puede estar peor por tener la posibilidad de elegir. Si le preguntamos a un padre de niños en edad escolar si prefiere el actual sistema de educación pública gratuita o recibir un voucher que le permita elegir la escuela a la que desee enviar a su hijo, ya sea pública o privada, religiosa o laica, su respuesta debería ser obvia, dado que ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a una institución pública. Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso por sus restricciones económicas, podría hacerlo; y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.
Es claro que muchos defensores de la educación pública consideran esta propuesta absolutamente inadecuada, pero sería interesante llevar a cabo una estadística, por ejemplo, entre los miembros del Congreso de la Nación respecto al tipo de colegio en el cual cursan, o han cursado, la educación obligatoria sus hijos. Probablemente descubramos que la mayoría de ellos eligen educar a sus hijos en escuelas de gestión privada mientras defienden férreamente el derecho del resto de sus compatriotas de no ser expuestos frente a tamaña decisión.
¿Por qué no evaluar un sistema educativo que privilegia la libertad, por supuesto adecuado a nuestra realidad? ¿Quiénes podrían estar más interesados que los propios padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos? ¿El Estado? Nuestro país provee clara evidencia de lo inadecuado de suponerlo.
El autor es Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación.
