Por Joan Escales Ruf
Durante los períodos 2017 y 2018, el gobierno de Finlandia llevó a cabo un nuevo experimento social. Consistió en otorgar a 2000 personas desempleadas comprendidas entre los 25 y 58 años con una renta mensual de 560 euros al mes, conocida como una renta básica universal. Si durante el transcurso del tiempo un participante se incorporaba en un puesto de trabajo, se le permitía percibir la prestación y por ello, continuar con el experimento. Simultáneamente, se añadió un grupo de control formado por desempleados, con la sutil diferencia que se vieron beneficiados de los subsidios habituales. La finalidad de esta selección recae en la comparación en el comportamiento y los resultados en ambos grupos. El coste del experimento ascendió a 20 millones de euros financiado por el Gobierno de Finlandia.
Los analistas concluyen que la renta básica universal ha favorecido la disminución del estrés, menor dificultad para concentrarse y menor problemas de salud, traduciéndose en un factor positivo desde el punto de vista de la salud mental en comparación al grupo de control. En referencia al mercado laboral, asegura que no tuvieron ni mejores ni peores oportunidades en la búsqueda de empleo. En esta ocasión, procederé a argumentar los motivos por los cuales me parece que el experimento ha sido un fracaso.
Primeramente, el estudio no debería centrarse en los resultados psicológicos de los participantes. No obstante, cualquier ciudadano estaría favor de percibir una prestación social con la única condición de pertenencia a una sociedad, todos los candidatos tendrían o sentirían los mismos efectos ya que, al recibir un ingreso adicional conllevaría a una mejora del bienestar económico y personal indudablemente. A mi juicio, la financiación de la renta básica universal y su viabilidad a largo plazo es el verdadero problema que impide el consenso entre sus detractores y partidarios. Así pues, si pudiéramos afirmar empíricamente que la renta básica es viable y factible, sin repercutir negativamente en el conjunto de la economía, me sorprendería que alguien se opusiese contrariamente a su inmediata implementación.
En segundo lugar, la muestra de 2.000 personas empleadas para el análisis es no significativa es decir, los resultados obtenidos no deben considerarse como válidos debido a su ínfima influencia para ocasionar consecuencias económicas evidentes. En base al Banco Mundial, la población total de Finlandia en el 2017 fue de cinco millones y medio por consiguiente, el porcentaje total de la población observada únicamente asciende a 0’36%. En mi opinión, la muestra empleada debería situarse entorno al 10%, equivalente a medio millón de beneficiarios para extraer resultados más sólidos y fundamentados.
Seguidamente, los beneficiarios de la medida no deberían saber el tiempo por el cual se les concederá la prestación. Esta información afecta en el comportamiento de los candidatos. Al inicio, los recursos no son empleados del mismo modo en comparación a la etapa final del estudio. Durante la primera mitad, generalmente, se tenderá a gastar el ingreso adicional en necesidades secundarias e incluso en bienes y servicios completamente prescindibles. Mientras que, a lo largo de la segunda mitad, se tenderá a gestionar con mayor raciocinio la prestación debido a su próxima finalización. Sucede el mismo efecto en la prestación por desempleo cuando el sujeto se beneficia por el período máximo de 2 años. La mayoría de las personas no se focalizan en el largo plazo, tienen en mente el corto plazo y por este motivo, se toma más a la ligera los primeros meses gracias a la percepción de los ingresos otorgados por el Estado.
Asimismo, es importante clasificar el conjunto de la población en función de si pertenece a la población activa o pasiva. La primera hace referencia al conjunto de personas situadas entre los 16 y 65 años por el cual se encuentran dentro de la franja de edad legal para trabajar. En cambio, la población pasiva se refiere a todos aquellos ciudadanos inferiores a los 15 años y superiores a los 65 años. Siguiendo con el argumento, se debería tener en cuenta el porcentaje de población activa respecto a la población total. No es lo mismo afirmar que la población activa se sitúa en el 10% que al 60% respecto a la población total. El primer colectivo serán los verdaderos protagonistas a través del pago de los impuestos para la financiación de dicha medida.
Por los motivos anteriormente mencionados, no me parece adecuado catalogar el experimento finlandés de éxito y factible. Sin embargo, en ningún momento, me opongo a su implementación siempre y cuando, se realicen más experimentos de mayor magnitud para extraer conclusiones más sólidas y consolidadas.
El autor es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y del Máster de Economía por la Universidad Francisco Marroquín y OMMA Business School.
