Esta semana, la organización de lucha contra la corrupción a nivel global, Transparencia Internacional, dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual en el cual se muestra el impacto de esta problemática en el sector público de más de 180 países y territorios en una escala que va de cero (muy corruptos) a cien (muy “limpios”).
De acuerdo con este índice, la mayoría de los países lograron avances mínimos o nulos en el intento de combatir la corrupción en el sector público. De los países latinoamericanos, Chile y Uruguay se posicionaron entre los países mejores ubicados con 73 y 66 puntos respectivamente, es decir, que fueron percibidos como naciones con poco nivel de corrupción.
Mientras que en el extremo opuesto se encuentran Nicaragua y Haití con 17 puntos y Venezuela con apenas 13 puntos, por lo que fueron percibidos como muy corruptos. En una entrevista con el medio DW, la consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, Luciana Torchiaro, informó que “este año la región obtiene otra vez, por quinto año consecutivo, un promedio de 43 sobre 100 puntos posibles -en donde 100 es considerado lo más limpio y cero, lo más corrupto-.”
“La corrupción está carcomiendo a la región”, aseguró Torchiaro quien agregó que la falta de independencia del poder judicial es un “motivo fundamental” para que esta problemática continué, ya que “no solo no controla a los otros poderes del Estado, sino que se empieza a transformar en una maquinaria que responde a intereses particulares y no a los del común de la sociedad”.
La vulneración de los derechos fundamentales, otro factor que facilita la corrupción
La consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional mencionó que otro factor, que también explica el avance de la corrupción, “es la vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, de asociación y de expresión”, tal como sucede en países como Honduras, Guatemala y El Salvador.
Torchiaro cerró explicando que la impunidad que se crea a raíz de un poder judicial débil y las voces de denuncias silenciadas generan que "la gente confíe cada vez menos en las instituciones públicas, estas son percibidas cada vez como más corruptas, ya su vez, esta situación de desesperanza da lugar al crecimiento de los populismos”.
