Por Gabriel Gasave
Hace exactamente dos décadas, Álvaro Vargas Llosa publicó “Rumbo a la libertad: por qué la izquierda y el ‘neoliberalismo’ fracasan en América Latina” (Liberty for Latin America en su versión en inglés). Este trabajo nos invitó a reflexionar sobre las razones por las cuales los intentos de generar prosperidad en esta región del mundo, ya sea a través del socialismo, el populismo y el nacionalismo, así como del incipiente capitalismo de los años 90, naufragaron reiteradamente.
El manojo de obstáculos que, según el autor, ha impedido que América Latina supere el subdesarrollo desde la era precolombina puede resumirse en lo que él denomina los "cinco principios de la opresión": corporativismo, mercantilismo de Estado, privilegio, transferencia de riqueza de abajo hacia arriba y ley política. Lamentablemente, a lo largo de más de quinientos años, los latinoamericanos no hemos logrado liberarnos de la influencia de estos cinco principios, los cuales han transformado al Estado en una entidad omnipotente y sofocante. Obviamente, Argentina no ha sido una excepción a esta dinámica.
El corporativismo surge cuando las autoridades visualizan a la sociedad no como individuos soberanos o titulares de derechos individuales, sino como corporaciones que poseen derechos colectivos. En contraste, el mercantilismo de Estado se refiere a la situación en la que el gobierno elige quiénes son los perdedores y ganadores en una sociedad, resultando en que aquellos más cercanos al poder político disfrutan de un estatus social más elevado. El principio del privilegio está estrechamente vinculado con lo anterior, indicando cómo, a través de las leyes, el gobierno impone sus intereses y discrimina a ciertos grupos sociales. En cuanto al cuarto principio, la redistribución de la riqueza, hace referencia a un sistema en el cual la mayoría de los individuos generan riqueza de la cual se benefician unos pocos: aquellos que están en el poder o cercanos a él.
Finalmente, este quinteto infernal de principios culmina con el último, la politización del derecho, que actúa como la clave que posibilita todo lo mencionado anteriormente. El Estado promulga numerosas leyes, a menudo absurdas y en ocasiones contradictorias entre sí, generando divisiones en la sociedad y fomentando una desconexión entre las normas y la realidad. De esta manera, la ausencia de reglas imparciales para proteger los derechos individuales y garantizar el cumplimiento de los contratos convierte la creación de riqueza en poco más que un espejismo.
Con la asunción de Javier Milei a la presidencia de Argentina, una nación donde la perniciosa devastación ocasionada por la aplicación de estas variables opresivas es claramente evidente, el país parece contar con una oportunidad dorada para al menos iniciar el proceso de cortar algunos de los cinco cables de esa maquinaria explosiva. En las últimas décadas, dicha maquinaria solo ha logrado generar más pobreza, frustración, niveles insostenibles de gasto público en relación con el PBI y un sistema de precios relativos deliberadamente destruido para ocultar las consecuencias de una emisión monetaria espuria, causante de una de las tasas de inflación más elevadas del planeta. Esto, sin mencionar el preocupante deterioro del sistema educativo que sume en el estancamiento a amplios sectores de la población.
El nuevo gobierno parece tener la intención de impulsar un cambio de régimen, una reforma radical que involucre la transferencia de poder a los ciudadanos en todos los ámbitos y les restituya mayores niveles de autonomía. Esto ha quedado evidenciado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y un proyecto de ley presentados durante el primer mes de su mandato. El extenso DNU, compuesto por 83 páginas y 366 artículos, declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y propone más de 300 medidas para desregular la economía dentro de un marco de "un sistema económico basado en decisiones libres".
El denominado "plan motosierra" de Milei se complementa con el "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", conocido como Ley Ómnibus. Este proyecto, con sus 351 páginas y más de 664 artículos, está destinado a ser discutido en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. Las áreas contempladas abarcan desde las jubilaciones y el mercado laboral hasta la transformación de las empresas del Estado en "Sociedades Anónimas". También incluye la liberalización de precios, modificaciones en el sistema electoral, flexibilización de las normas ambientales y una reforma educativa.
Lamentablemente, por el momento parece haberse archivado uno de los principales lemas de campaña del actual mandatario: la dolarización. Esta medida, al reconocer la incapacidad del Banco Central local para proporcionar una moneda de calidad y eliminar el peso, habría conferido a los argentinos soberanía sobre el fruto de su trabajo.
No es necesario decir que, tras el anuncio de todas estas medidas reformistas, cada sector involucrado ha salido con uñas y dientes en defensa de sus privilegios y supuestos derechos adquiridos que disfrutaron durante décadas. Buscan afanosamente mantener un status quo que les permita seguir viviendo a expensas de los demás mediante la expoliación legal. De este modo, los "cinco principios de la opresión" se aferran desesperadamente a la cubierta resbaladiza de una nave que, si no cambia de rumbo y se deshace de ellos, no tiene otra alternativa que terminar hundiéndose por completo.
La capacidad de Javier Milei para desactivar los principios de la opresión dependerá de diversos factores, incluyendo el apoyo político que pueda obtener, las estrategias implementadas, y la resistencia o aceptación que encuentre en diferentes sectores de la sociedad. Cambiar estructuras arraigadas y superar obstáculos históricos es un desafío titánico. Tampoco el mero cambio en la dirección política garantiza automáticamente la desactivación de estos principios, ya que suele requerir un proceso continuo de reformas, implementación efectiva de políticas y la construcción de consensos. Desde su reforma constitucional de 1994, el país se rige por un sistema que limita las facultades del Ejecutivo. Esto ha generado diversas objeciones en cuanto a la viabilidad de las medidas que el gobierno busca implementar en la actualidad. Las restricciones formales y jurídicas, fundamentales en un sistema republicano, deben ser respetadas y aceptadas. Si se ha sostenido que la República está por encima de los caprichos de las mayorías populares eventuales; es imperativo acatar estas reglas de juego. La defensa de un principio conlleva la obligación de respetarlo incluso en situaciones en las que se preferiría eludirlo, ya que el fin nunca puede justificar los medios.
En su párrafo final de Rumbo a la libertad, Álvaro Vargas Llosa escribe: “Uno de estos días, América Latina emprenderá la revolución acertada, previniendo la enésima revolución del tipo equivocado. Entonces, a contrapelo de los enemigos de la libertad, que nunca cesarán de estar activos, empezará lo que promete ser una apasionante revolución permanente para hacer girar la rueda del individuo hacia su justo lugar”.
Nadie niega que esta será una misión ardua, que demandará un gran coraje por parte de las nuevas autoridades, así como honestidad y empatía por parte de la clase dirigente. Además, la población deberá mostrar paciencia y estar dispuesta a realizar sacrificios. ¡Ojalá esta vez lo logres Argentina!
Gabriel Gasave es Investigador Asociado y Director del Centro Para la Prosperidad Global en el Independent Institute y Editor de ElIndependent.org.
