Por Óscar Sumar
El Comercio, Lima
Ahora que se están conmemorando los 30 años de la Constitución de 1993 y nuestro “modelo económico”, quisiera resaltar que existe una confusión permanente con relación a lo que significa “Constitución”. Los textos constitucionales, una vez promulgados, adquieren vida propia. La Constitución de un país se construye a partir de la interpretación y aplicación de millones de agentes y se inscribe en tendencias globales. Así como la “Constitución” no depende principalmente del texto, tampoco su modificación. Por lo tanto, el énfasis en proteger o atacar el texto, como si fuese lo más relevante, no es racional. Nuestra atención debería estar puesta en la práctica del modelo y en las fuerzas exteriores que la moldean.
La Constitución Peruana –en el papel– protege la propiedad privada y la inversión extranjera; sin embargo, un proyecto minero puede ser tomado por vándalos, afectando la propiedad y desincentivando la inversión. Nuestro modelo económico ya ha sido cambiado por gobiernos que han regulado excesivamente, que han desalentado o puesto trabas a la inversión, y que no han protegido la propiedad privada. Como muestra de nuestro deterioro, de acuerdo con un reciente comunicado del Consejo Fiscal, el Perú ha incumplido su “regla fiscal” por primera vez en 22 años. Se podría decir que la estabilidad macroeconómica ha sido una excepción, pero vean el ejemplo de Colombia bajo Gustavo Petro. La “autonomía” del Banco Central no ha impedido que Colombia tenga una de las inflaciones más grandes de la región, bordeando el 10%.
Adicionalmente, los cambios de orientación suelen responder a fenómenos globales o regionales donde el Perú es solo un seguidor. El Consenso de Washington impactó a todos los países, incluso a los castrochavistas; solo que Chile o el Perú fueron los que más recogieron sus recomendaciones y los que más las implementaron. De igual forma, fenómenos como el “Estado regulatorio” –o la amenaza narcoterrorista proyectada a partir del castrochavismo– también son globales y no dependen de nuestra definición de la relación entre Estado y mercado.
En una reciente investigación titulada “The great divergence: assessing the lost decade of the Latin American miracle”, los autores explican cómo es que Chile pasó de ser un milagro económico a ser el país con mayor estancamiento en la región desde el 2014. Para los autores, este suceso no se debió al precio de los minerales o a fenómenos externos, sino a la implementación de políticas intervencionistas a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Todo esto se hizo bajo la misma Constitución que convirtió a Chile en un “milagro”. El Perú es un caso de estudio similar, desde el gobierno de Ollanta Humala y “rematado” por Pedro Castillo.
La derecha en el Perú pone demasiado énfasis en el valor y la preservación del texto de la Constitución. La izquierda, por su parte, siempre usa como bandera el cambio de Constitución, pero ¿es ese realmente su objetivo? Lo cierto es que mientras la derecha en el Perú se dedicó a recaudar millones de firmas, la izquierda se dedicó a intentar destruir el país, el modelo económico y la Constitución. Castillo, Vladimir Cerrón y compañía nunca hicieron un intento serio por derogar la Constitución, salvo el acto que los llevó justamente a dejar el poder.
Como consecuencia de lo anterior, sugiero poner énfasis en las prácticas que nos llevan a tener o no un modelo cercano al libre mercado. Por ejemplo, revisar el exceso de regulación que lleva a la paralización económica del país y tomar en serio la amenaza que representa el castrochavismo ligado a China y Rusia. Vanagloriarnos de un modelo o echarle la culpa a un supuesto texto “neoliberal” no son acciones racionales que coincidan con un verdadero entendimiento de lo que significa “Constitución”.
El autor es Decano de la Carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur (Perú) y Fellow del Public Law and Policy Program en UC Berkeley.
