Por Julio Mejía
La República, Bogotá
La eficiencia en la provisión de justicia está íntimamente relacionada con el desarrollo económico y con la Libertad, así, con mayúscula. En primer lugar, porque el futuro es incierto, las leyes pueden ser violadas y los contratos incumplidos. En el azar del mañana, una justicia eficiente provee a las empresas- sin importar su tamaño- de una certidumbre mínima y necesaria para que se embarquen en proyectos e inversiones que incrementen su productividad, generen innovación y nuevos empleos.
En este caso, una justicia ágil y firme actúa como la garante que disuade a las partes involucradas en un negocio de faltar a la palabra y crea el incentivo para que las personas trabajen, ahorren e inviertan con tranquilidad. De hecho, estudios del Banco Mundial han encontrado que aquellas regiones del mundo con cortes judiciales eficientes tienden a tener mejores ingresos y más empresas con mejor acceso al crédito, más sólidas y mayor disposición a invertir.
En segundo lugar, los individuos y las organizaciones pueden comprometer con sus acciones la propiedad y la vida de otros. La expectativa de una justicia eficiente, sin embargo, disuade el crimen y a su vez incrementa la probabilidad de restituir, reparar, restaurar y - en derecho penal- castigar. Al mismo tiempo, una rama judicial robusta e imparcial se convierte en un dique de contención del poder político. Ver al poder del Estado con suspicacia es una de las tradiciones que los colombianos debemos al liberalismo que inspiró nuestra república. En ese sentido, la justicia es también el contrapeso ante las pretensiones políticas de expandir su poderío y concentrar mayores cuotas de autoridad en detrimento de la Libertad de todos nosotros.
De acuerdo con nuestra Constitución, Colombia debería tener una justicia independiente y efectiva. Pero el papel, reza el viejo adagio, aguanta todo. En la práctica, el país carga el peso de cortes ineficientes que tardan más de 1.288 días para hacer cumplir un contrato, casi el doble del tiempo que el promedio latinoamericano. Pero la incertidumbre no acaba ahí. De acuerdo con el último reporte del World Justice Project, Colombia ocupa la posición 19 entre 30 países en América Latina y el Caribe por su capacidad de extender el imperio de la ley sobre su territorio. La efectividad de la justicia penal, por su parte, lleva deteriorándose desde el año 2016, perdiendo independencia y efectividad ante los intereses políticos y partidistas.
Cuando la justicia es otro elemento del azar, el resultado es una amalgama de consecuencias políticas, sociales y económicas. La oportunidad para salir de la pobreza se escapa o se detiene ante la vacilación de las empresas. ¿Vender mi mercancía o no hacerlo ante el miedo del incumplimiento? ¿Contratar trabajadores e invertir o no hacerlo, si acaso un gobierno despótico y sin frenos decide expropiarme hasta lo que llevo en el monedero? Sin estas certezas no hay inversión, tampoco desarrollo. Sin independencia judicial no hay Libertad. No habrá destino próspero si la justicia no mejora para reducir la incertidumbre, mucho menos si ante el avance del poder político no existe un contrapeso imparcial que impida que nuestra Libertad sea cada vez más minúscula.
